Los 43 estudiantes mexicanos no fueron incinerados en el basurero: Cidh

  • La macabra desaparición de los 43 estudiantes mexicanos reveló la connivencia entre las mafias y la fuerza pública en varias regiones de México. FOTO ARCHIVO
    La macabra desaparición de los 43 estudiantes mexicanos reveló la connivencia entre las mafias y la fuerza pública en varias regiones de México. FOTO ARCHIVO
EFE | Publicado el 06 de septiembre de 2015

Los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el sur de México “no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”, reveló este domingo el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudió el caso.

En el informe del caso elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y presentado en la capital mexicana, se explica que se llega a esa conclusión a partir del resultado de un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios.

Nadie los protegió

Ni policías del sureño estado de Guerrero, ni agentes federales, ni miembros del Ejército actuaron para protegerlos, a pesar de que tenían conocimiento de los ataques a los jóvenes e incluso estuvieron en algunos escenarios cuando se producían, afirmaron.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) destacó en el documento que la Policía estatal, federal y el Ejército vigilaron durante dos horas los movimientos de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa antes de que llegaran a Iguala, donde fueron atacados.

En una conferencia de prensa en la capital mexicana, Claudia Paz, miembro del GIEI, dijo además que los ataques contra los jóvenes fueron un “operativo” que estuvo “dirigido por un hombre de forma coordinada y había una persona que impartía todas las órdenes”.

Entre el primer y el segundo ataque armado perpetrado por policías de Iguala y Cocula pasaron tres horas “sin que en ningún momento se presentara la Fiscalía, ni servicios periciales para atender a las víctimas, investigar los hechos o levantar la escena del crimen”, señala el informe sobre el caso.

Los expertos indicaron que en la información que recibieron del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando de las fuerzas de seguridad (C-4) hay dos periodos en los que no aparecen comunicaciones, los cuales coinciden con el tiempo posterior al primer y segundo ataque.

“En un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo (capital de Guerrero) se señala que no tienen acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena (Secretaría de la Defensa)”, según el informe.

Esa noche, aseguran los expertos, “se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes”.

Así, varias corporaciones fueron “testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos” y no actuaron “en protección de los normalistas”, concluyó el Giei en su informe.

La noche del 26 septiembre murieron seis personas, incluidos tres estudiantes de la Normal, y otros 43 jóvenes desaparecieron tras ser detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos. Este resultado controvierte la versión oficial sobre el polémico caso que provocó masivas protestas y puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.

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