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Entre la polarización que ha marcado a Venezuela en las últimas décadas, y que se ha enconado en los últimos meses, las versiones de los distintos sectores políticos en el país vecino frente a lo ocurrido el martes en Caracas son contradictorias.
Mientras que el régimen de Nicolás Maduro califica el ataque aéreo sobre las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior como una prueba de la escalada golpista en su contra, la oposición ha sido cautelosa y en lo poco que ha expresado se puede leer que no descarta un pantallazo maquinado por el mismo mandatario para justificar políticas represivas.
Cuando el país se debate en esa incertidumbre, el mismo TSJ se encargó de quitarle las funciones al Ministerio Público que lideraba la disidente Luisa Ortega Díaz, y dejarlas en manos de una Defensoría del Pueblo que el régimen tiene en su bolsillo.
“Investida de autoridad y con fundamento en el artículo 333, pido el restablecimiento de esta Constitución y que estas sentencias sean anuladas”, dijo la fiscal. “Le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes los violan”, advirtió.
Justamente, enarbolando una bandera en defensa de la Constitución, pero mencionando ya el artículo 350, el policía Óscar Pérez, piloto de helicóptero —conocido en el país por su faceta de actor en una película estilo Rambo—, sobrevoló el martes a baja altura el centro de Caracas y, enseguida, junto a compañeros de los que todavía se desconoce su identidad, lanzaron granadas contra el TSJ y dispararon algunas ráfagas contra el edificio del Ministerio del Interior.
El inspector subió un video a redes sociales, en el que expresa los motivos de su insurrección: “estamos realizando un despliegue aéreo-terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático, y así hacer cumplir las leyes, para restablecer el orden constitucional. Es por esto que nos adherimos a los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Desarticulemos a los paramilitares y devolvamos la paz al pueblo de Bolívar”, afirmó Pérez acompañado de otros agentes.
“Te exigimos que de manera inmediata, presidente Nicolás Maduro Moros, renuncies y sean convocadas elecciones”, agregó.
Han pasado dos días desde los sucesos que dejaron a Venezuela en un estado de incertidumbre. Maduro afirma que se trata de “un ataque terrorista y golpista que pudo haber causado decenas de muertos”, el diputado opositor Freddy Guevara se limita a decir en Twitter que “no hay aún suficiente información sobre el helicóptero”.
¿Qué interpretan expertos de este hecho? En diálogo con EL COLOMBIANO, Manuel Andara, general (R) de la Fuerza Aérea Venezolana, consideró que resta saber muchos detalles de lo ocurrido y por ese motivo todas las posibilidades están abiertas.
“Con un suceso así, generalmente a las horas ya se sabe cuáles son los agentes involucrados. Mientras no se sabe mucho de lo ocurrido, la Asamblea Nacional es atacada por la Guardia Nacional. Parece que pudiera haber sido un montaje para tomar medidas que eviten la salida de la gente a la calle y que justifiquen las amenazas del presidente Maduro. Apenas se están desarrollando los eventos, pero todo apunta en esa vía”, dijo.
Jesús Castillo Molleda, politólogo y docente de la Universidad del Zulia, coincidió: “sería muy inocente pensar que una vez producida una acción tan aislada, pero tan pública, la Fuerza Armada no haya respondido de inmediato. Lo único que demuestra el Ejecutivo es que todo lo hace bien menos gobernar. Es un órgano distractor, mientras que ahora le quita las competencias a la fiscal Ortega Díaz”.
Maduro ha llegado a extremos insospechados para mantenerse en el poder. El martes, horas antes del ataque contra el TSJ, afirmó que “si fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate (...) y a las armas”. ¿Responde esa radicalización a las crecientes fisuras que se señalan en los militares y el chavismo? ¿En ese caso, qué pasará en julio, mes en el que su régimen prevé realizar la impopular Constituyente?
Andara considera que “ante la crisis, y en una situación de guerra asimétrica contra los manifestantes, serán cada vez más los sectores en el régimen que presionarán por una salida”.
Castillo cree que “la crisis será peor, conflictiva y radicalizada, pero no habrá ningún cambio. Mientras todo eso ocurre, aquí nadie habla de la grave situación en la que está viviendo el ciudadano venezolano”.