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Brasilia tenía ayer 1.500 militares vigilando los edificios ministeriales, luego de que las agitadas protestas dejaran ventanas rotas, muebles quemados, 49 heridos por enfrentamientos con la policía y el eco de lo que piden los manifestantes: la renuncia del presidente Michel Temer.
Su pedido no es descabellado. La semana pasada se dio a conocer una grabación en la que el mandatario aparece consintiendo el pago de dineros para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Luego, la Corte Suprema de ese país divulgó las pruebas de que Temer y sus predecesores, Luiz Inácio Lula da Silva (con cinco procesos por corrupción en su contra) y Dilma Rousseff (sometida a juicio político el año pasado), recibieron millones de dólares en sobornos.
Los testimonios corresponden a ejecutivos de JBS, una compañía de productos cárnicos que creció con préstamos del banco estatal de desarrollo brasileño, y en ellos se indica que al actual mandatario le dieron 15 millones de reales (4,6 millones de dólares), al expresidente Lula, 50 millones de dólares en cuentas en el extranjero, y a Rousseff, otros 30 millones de dólares.
Aunque Temer ha sido enfático en que no renunciará, argumentando la necesidad de sacar a Brasil de su más profunda crisis inflacionaria, ya hay 16 solicitudes de impeachmente (proceso de destitución) en Congreso y la Orden de Abogados de Brasil, que asocia a los juristas de ese país y que influyó en la destitución de Rousseff el año pasado, sumó otra.
Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center para la investigación, dice que no se necesita ser profesor de derecho constitucional para saber que Temer cometió un acto irregular y que su salida del Gobierno no debería descartarse.
Si bien el experto no cree que la destitución sea la forma de proceder, “porque requiere acciones en el Congreso y es un trámite muy largo”, hay dos opciones: o que Temer reconsidere la posibilidad de su renuncia, “evitando así un desgaste para él y para el país”, o que aplique un antiguo proceso que ya está en curso en el Tribunal Supremo Electoral.
Este último se abrió por denuncias de fraude en la campaña electoral de 2014 (para la que Temer era la fórmula vicepresidencial de Rousseff), pero ahora se le suman las últimas acusaciones de corrupción. Con ese cúmulo de pruebas, los siete jueces de ese Tribunal decidirán el próximo 6 de junio si aplica o no la destitución.
Queda otro escenario. Según describe en su blog Matthew M. Taylor, investigador sobre asuntos de América Latina en el Consejo para Relaciones Exteriores (CFR), un centro de análisis en Estados Unidos, si continúa la investigación por el consentimiento de Temer para pagar el silencio de Cunha, con cargos formales presentados por la Fiscalía, el Tribunal Supremo Federal podría decidir que el presidente sea destituido de su cargo por obstrucción a la justicia. No obstante, aclara Taylor, ese estrado ha sido tímido involucrándose en asuntos políticos y suele moverse lento en estos asuntos.