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Con el éxito inicial de la convocatoria opositora para firmar a favor de la realización de un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, el chavismo más radical empieza a mostrar signos de desesperación. Ayer un grupo de violentos atacó con piedras y en gavilla al secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba.
Casi simultáneamente, José Trujillo, diputado a la Asamblea Nacional, fue atacado en un Hospital de Maracay presuntamente por escoltas del secretario para la Salud de Aragua, el chavista Luis López.
Ninguno de los incidentes dejó situaciones de mayor gravedad, pero sin duda evidenciaron esa exasperación.
Entretanto, el recuento de firmas opositor pasó 1.200.000 rúbricas, superando con creces las expectativas. ¿Qué resta para que la ciudadanía vea la realización de un referendo revocatorio?
Para Ronal Rodríguez, docente de la Universidad del Rosario e investigador del Observatorio de Venezuela, “el proceso está movilizando a tanta gente que está trascendiendo los sectores políticos y por eso se trata fundamentalmente de un asunto de malestar ciudadano generalizado. La crisis afecta a todos, y cabe decir que está ahora golpeando con fuerza a los militares. Estos no habían tenido que hacer filas para comprar sus cosas, pero la escasez es tal que se están viendo obligados a la misma precaria cotidianidad de los civiles en busca de los productos”.
“También se ha visto a muchos chavistas firmando, numerosos líderes comunales y hasta funcionarios. El malestar es generalizado”, afirmó.
Será ese factor ciudadano y unido el que tendrá que permanecer en los próximos meses para que, según expertos, el proceso del referendo revocatorio salga adelante incluso en un Consejo Nacional Electoral señalado de chavista.
Y es que para Jesús Castillo Molleda, politólogo y docente de la Universidad del Zulia, el asunto no está cocinado a pesar del apoyo popular. “Con la normativa que sacó el gobierno para reducir los días laborales a solo dos para funcionarios —bajo el pretexto de la crisis energética—, es claro que busca que el proceso no culmine sino hasta después de que Maduro inicie el cuarto año de mandato (10 de enero de 2017). Por ley, pasado ese tiempo, solo podrían revocarlo a él, pero no al actual gobierno. Quedaría a cargo el vicepresidente”, dijo.
“Por lo tanto, el chavismo se aferra a esta posibilidad de atrasar el proceso de convocatoria. Es claro que, en caso contrario, el detrimento de la vida en Venezuela hará que cualquier evento electoral sea absolutamente adverso para el oficialismo”, agregó.
No obstante, y tal como recalca Ronal Rodríguez, “el acompañamiento internacional será clave para que el CNE no oscurezca el proceso, en ese caso le sería muy difícil”.