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Tras meses de un exilio relativamente silencioso, volvió ayer a la luz pública la exfiscal general de Venezuela y disidente chavista Luisa Ortega Díaz. Acudió ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, para denunciar al régimen de Nicolás Maduro por presuntamente haber cometido 8.000 asesinatos contra ciudadanos venezolanos, en el marco de lo que describió como un “plan sistemático de limpieza social”.
La cifra llevada por Ortega Díaz a la máxima corte mundial es la supuestamente recabada entre enero de 2015 y junio de 2017 por la entidad que dirigía (Ministerio Público).
“Han cometido asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad”, dijo Ortega en rueda de prensa, tras su comparecencia ante juristas de la CPI.
La exfiscal general chavista aseguró que entregó a los investigadores más de 1.000 elementos probatorios de su denuncia, entre los que se cuentan “reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas”.
Además de implicar a Maduro, Ortega Díaz presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López (Defensa) y Néstor Reverol (Interior), así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González, y el mandatario del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.
¿Qué implicaciones puede dejar está acción de la disidente chavista? En diálogo con EL COLOMBIANO, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, consideró que si bien no habrá un caso diligente en la CPI, sus datos podrían dejar otro tipo de consecuencias.
“La lógica de estos organismos tiene procedimientos bastante distendidos en el tiempo. Muchos de esos procesos incluso tardan a veces décadas. Habrá otros instrumentos ante los cuales se puede llevar la situación, pero la mayoría dependen de la ONU y ahí se podría chocar con Rusia y China. En todo caso el hecho podría significar medidas unilaterales de distintos países respecto a Venezuela, más allá de las sanciones que ya se han visto, y que pueden tener efectos para acelerar la transición venezolana”, explicó.