Dilma no renunciará y luchará hasta el final

  • La presidenta Dilma Rousseff ha negado las acusaciones, al tiempo que su defensa las ha calificado de meras “faltas” administrativas que no bastarían para una destitución. FOTO Reuters
    La presidenta Dilma Rousseff ha negado las acusaciones, al tiempo que su defensa las ha calificado de meras “faltas” administrativas que no bastarían para una destitución. FOTO Reuters
Por efe | Publicado el 19 de abril de 2016

La presidenta brasileña Dilma Rousseff volvió a negar las acusaciones en su contra y dijo que es “víctima de una gran injusticia”, al comentar la decisión de la Cámara de Diputados que la pone más cerca de un proceso de destitución.

Admitió estar triste pero no abatida, y en una rueda de prensa afirmó que está frente a una “situación que solo puede provocar una inmensa sensación de injusticia y de que hay en Brasil una violencia contra la verdad, la democracia y el Estado de Derecho”.

El domingo pasado, la oposición de Brasil reunió en la Cámara de Diputados los 342 votos necesarios para que siga el proceso contra la Jefe de Estado, con lo que el Senado decidirá si inicia un juicio con miras a su destitución.

La mandataria confía en que en esa etapa tendrá la oportunidad de defenderse y demostrar que, en su caso, “se usa la apariencia de un proceso democrático para practicar un abominable crimen, como es condenar a un inocente”.

Insistió en que las maniobras contables que sustentan la acusación no suponen una ilegalidad y menos un “delito de responsabilidad”, como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

“Practiqué esos actos, que son practicados por todo presidente en el ejercicio de su cargo y cuando un presidente practica actos administrativos lo hace basado en toda una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos”, precisó, refiriéndose a la acusación, que se fundamenta en unas supuestas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Por momentos emocionada, apuntó que con otros mandatarios esas maniobras “fueron consideradas legales” y que siente que a ella le “reservan un tratamiento que no se le dio a nadie”.

Consideró “interesante” que no hay en su contra “ninguna acusación de desvíos de dinero, enriquecimiento ilícito o de ocultar cuentas en el exterior”, que sí pesan contra quienes la juzgan, en alusión al presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, imputado por esos delitos.

Rousseff recordó que en su juventud enfrentó por “convicción” a una dictadura y afirmó que ahora, en su madurez, enfrentará de la misma forma “un golpe de Estado, que no es de los tradicionales, pero es un golpe”.

Lo que viene

Tras esa votación en la Cámara baja, el presidente del Senado, Renán Calheiros, recibió ayer la documentación del proceso y hoy deberá convocar al pleno para designar a los 21 miembros de una comisión especial que analizará el caso. Este grupo elaborará un informe que, en un plazo de 15 o 20 días, llegará al pleno, que decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff.

En ese caso, la mandataria deberá separarse del cargo los 180 días que durará el proceso y la reemplazará el vicepresidente Michel Temer, con quien Rousseff rompió relaciones después de que divulgó un audio en el que daba como un hecho su destitución.

Rousseff consideró “que es extraño, pero sobre todo espantoso, que un vicepresidente conspire abiertamente contra la presidenta”.

Contexto de la Noticia

OPINIóN faltó un debate de fondo: unasur

ernesto samper pizano
Secretario General de Unasur.
“La decisión de la Cámara de Diputados de Brasil, de continuar el proceso de destitución de la presidenta Rousseff, sin que haya existido discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos, constituye un motivo de seria preocupación para la región. La elección democrática y mayoritaria de Rousseff como Presidenta, no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria, a menos que exista una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con un delito, hecho que no ha sucedido. Confiamos en que el Senado, después de evaluar las pruebas aportadas, detenga este proceso que puede afectar la democracia regional”.

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