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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió por mayoría reabrir el proceso de investigación electoral por supuestas irregularidades en la campaña electoral de la presidenta, Dilma Rousseff. La acción fue interpuesta por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileño (Psdb), que pide la nulidad del mandato de la presidenta y de su vicepresidente Michel Temer.
No obstante, según apuntó la estatal Agencia Brasil, los magistrados no cuestionaron el mérito de la acción para analizar si hubo irregularidades o no y solo evaluaron este martes si era procedente continuar con ese proceso.
Después del análisis de las alegaciones de acusación y defensa, el caso será juzgado por el plenario de la corte. En total, cinco magistrados votaron a favor de dar continuidad al proceso y dos en contra.
En febrero, la magistrada María Thereza de Assis Moura archivó el proceso, al argumentar que no se tenían pruebas suficientes para proseguir con la acción, pero el TSE volvió a debatir la reapertura del caso por una acción interpuesta por el Psdb, del candidato opositor derrotado Aécio Neves.
Dicho partido alegó que existen indicios de irregularidades en la campaña de Rousseff por la donación de recursos de las constructoras vinculadas en la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobrás.
La justicia electoral había iniciado el último 25 de agosto la votación para dar continuidad o no al proceso, pero fue interrumpida y retomada este martes.
En el proceso, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, sustenta que todas las donaciones fueron legales y registradas ante la justicia electoral y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas en diciembre pasado por unanimidad en la misma corte.
Además del proceso que se reabrió en el TSE, otro golpe sufrió la presidenta Rousseff por la no aprobación de la contabilidad de la gestión de 2014 por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que consideró que existen irregularidades que indican un “maquillaje fiscal” del informe del gobierno.
El pleno del Tribunal acompañó de forma unánime el voto del juez instructor del caso, Augusto Nardes, quien halló indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014.
Nardes afirmó que el Ejecutivo cometió “graves ofensas” contra la ley de responsabilidad fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma “sistemática” las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.
Esta es la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas reprueba el balance de las cuentas públicas de un gobierno, aunque la aprobación o rechazo de las mismas es una atribución exclusiva del Legislativo.
El juez instructor calculó que se omitieron del balance deudas por 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares), lo que llevó al Ejecutivo a justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.
Entre las irregularidades halladas por el Tribunal figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.
Las maniobras consistieron en retrasar pagos destinados a los programas sociales con los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en 7.000 millones de reales el déficit fiscal, que fue en todo caso récord el año pasado.