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Si se pone en marcha la decisión de Donald Trump de poner fin a la protección de la que gozaban 800.000 indocumentados que llegaron a ese país siendo niños (DACA, como se conoce el programa instaurado por Barack Obama), a Estados Unidos le esperan efectos desastrosos.
Aunque el Gobierno le dio seis meses al Congreso para encontrar una alternativa (se teme que no haya acuerdo entre demócratas y republicanos), a los afectados les preocupa ser deportados, pero también perder el seguro médico, el permiso de trabajo, la licencia de conducción, la posibilidad de tener una cuenta bancaria, todos esos beneficios que a la final estaban aportando a la economía americana.
El Centro para el Progreso Americano, un centro de análisis de los demócratas en Washington, calculó que con la derogación del DACA 11.000 personas pueden ser despedidas cada semana en 2018, eso equivale a una persona desempleada cada 13 segundos en EE. UU.
El hecho de que casi el 91% de los beneficiarios tengan en la actualidad un empleo agrava las secuelas. Por eso, insiste el Centro, su eliminación le costaría al país 460.300 millones de dólares en pérdidas de PIB durante una década y recortaría las contribuciones al Seguro Social en 24.600 millones de dólares por el mismo lapso.
Sebastián Bitar, internacionalista y director del pregrado en Gobierno de la Universidad de Los Andes, cree que para muchos los “dreamers”, como son conocidos esos jóvenes, volver a Colombia sería una tragedia: “muchos no aprendieron español y no saben vivir en otro país”.
En eso coincide Fernando Neira, experto en migraciones del Centro de Investigación en América Latina de la Universidad Autónoma de México (Unam). Según dice, la decisión de Trump, que parte de lo ideológico y que califica como “racista”, sería desastroso para los que tengan que retornar a la región. “A diferencia de otros migrantes, los dreamers llegaron a Estados Unidos a edades muy tempranas y a esta altura ya han incorporado el estilo de vida americana, en lo laboral, lo social y lo político”, apunta.
Si se les saca, tanto México (de donde son el 78 %) como Colombia no estarían en capacidad de asumir el retorno de esos flujos. “Nuestros países no tienen la estructura de carácter académico y laboral que les permita adaptarse, o al menos no con las condiciones que ya tienen”, sugiere Neira, y añade que todavía más delicada sería la situación de niños y jóvenes, porque carecen del idioma y del contexto local para insertarlos en el ámbito escolar colombiano.
Para el experto de la Unam, el hecho de que en Colombia estemos en vísperas de años electorales, complica todo. “Muchas decisiones que van a tomar los líderes pasaron por el populismo, más que por dar soluciones reales”, concluye.
Esas personas han sido importantes impulsores del crecimiento económico en sus comunidades. Casi el 6% tienen empresa e incluso emplean a ciudadanos estadounidenses. Además, el 55% tienen al menos un vehículo y uno de cada diez han comprado su primera casa, según revela el Centro para el Progreso Americano.
Bitar resalta que esos jóvenes han gozado además de buena preparación en EE. UU. desde su infancia, y Colombia debería aprovecharlos para ubicarlos en procesos productivos que permitan incluso explotar positivamente la relación con Washington más adelante. “Su perfil socio económico y su capital humano y social se puede aprovechar”, añade.
María Alejandra González, profesora de Administración de empresas en la Universidad Eafit, cree en cambio que en Colombia tendría que haber un programa de integración para esos profesionales, porque de lo contrario habría caos.
“Ahora nos encontramos con que la posibilidad de inserción en el mercado laboral dentro de las instituciones de centros de educación e investigación es muy poca”, resalta González, y añade que Colciencias ha limitado los recursos para la investigación, mientras no son claros los incentivos desde el Estado y las empresas para hacer proyectos de desarrollo en conjunto.
A eso se suma que cuando los profesionales tienen altos niveles de preparación, la mayoría no necesariamente tienen competencias de emprendimiento que les permita generar sus propias iniciativas de negocio, y en cambio han trabajado con un nivel de supervisión muy alto y son muy dependientes de estar dentro de una organización, por lo que limitan sus posibilidades en el país.
Distinto sería la situación para los dreamers menos calificados que lleguen a Colombia. González explica que puede haber sectores interesados en esa población retornada. Por ejemplo, en el campo y la construcción hay dificultad para hallar mano de obra.
Sobre el tema del nivel educativo de los dreamers, el investigador de la Universidad de Harvard Roberto G. González afirma que hay menor preparación entre estos beneficiarios de lo que especulan los políticos para defender el programa.
El experto entrevistó a más de 2.000 beneficiarios del DACA, y encontró que solo el 22 % ha estudiado una carrera, cuando el promedio de EE. UU. es 32 %. Además, el 21 % dejó la escuela, muy por encima de la tasa de deserción nacional de 5.9 %.
Aunque no necesariamente sean altamente capacitados y aunque les cueste adaptarse al contexto laboral nacional, los dreamers nacidos Colombia deberían tener chance de volver a su país.