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El Ejecutivo español comprobará semanalmente que los gobernantes de la región autónoma de Cataluña (noreste) no financian con dinero público el referéndum sobre la independencia de ese territorio anunciado por las autoridades catalanas para el 1 de octubre, so pena de ver congeladas las ayudas que reciben del Fondo de Liquidez Autonómica, tal y como explicó el ministro portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
En reunión, el gabinete de Mariano Rajoy, que considera “ilegal” esa consulta —al igual que el Tribunal Constitucional (TC)—, acordó ayer suspender las entregas a Cataluña de dicho fondo si corrobora que las autoridades locales lo desvían para organizar la consulta.
La administración central española empezó en 2012 a efectuar préstamos del FLA a las regiones con dificultades financieras, como es el caso de Cataluña, que ha recibido más de 63.000 millones de euros (unos 73.000 millones de dólares) desde entonces.
El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, informó ayer que la decisión se tomó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con el fin de “impedir” que las autoridades de Cataluña puedan “tramitar expedientes de gasto” para el referéndum y para “garantizar el buen fin de los dineros públicos”.
Mientras tanto, los contrarios en la comunidad autónoma a la independencia aumentaron este mes respecto a marzo pasado, pasando del 48,5% al 49,4%, mientras que los partidarios cayeron casi tres puntos, hasta el 41,1% (en niveles de hace cuatro años), según datos difundidos ayer en una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) del Gobierno de Cataluña.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, el portavoz Méndez de Vigo también recordó que el TC declaró nula la disposición de la Ley de Presupuestos referida a la financiación del referéndum sobre la independencia de esa región.
El vocero lamentó que, pese a ello, los promotores de la consulta continúen con la voluntad de celebrarla, lo que genera “un riesgo para el interés general” e “incertidumbre económica”.
Como medida “preventiva”, aunque de entrada en vigor inmediata, el Gobierno de España exigirá al de Cataluña la remisión semanal de certificados de gasto público, de cuya verificación se encargará el Ministerio de Hacienda.