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El dosier por el que Argos pagará millonaria multa en EE.UU.
EL COLOMBIANO revela el expediente que la compromete a girar 20 millones de dólares en Georgia. La firma advierte que ya despidió a los responsables de violar leyes antimonopolio.
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Foto Getty
07 de enero de 2021
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Dos exempleados de una pequeña oficina en Pooler, un poblado que no supera los 15.000 habitantes del estado de Georgia, terminaron forzando a Argos USA (subsidiaria de Cementos Argos) a firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que compromete a esa compañía –que tiene una de sus sedes en Medellín– a pagar una multa de 20 millones de dólares.
El Tribunal del Distrito Sur de Georgia, división de Savannah, corroboró que esas dos personas, hoy desvinculadas de la firma, participaron “en una conspiración para suprimir y eliminar la competencia fijando precios, manipulando licitaciones y asignando mercados para las ventas de concreto premezclado”.
Esto se traduce en que, aprovechando sus cargos dentro de Argos, los dos sujetos violaron las leyes estadounidenses antimonopolio y se aliaron con terceros para fijar precios por debajo de lo estipulado en el mercado, con lo cual afectaron la libre competencia en el área metropolitana de Savannah y Statesboro, en Georgia, y en Hilton Head Island, Carolina del Sur.
EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo al dosier completo que el Departamento de Justicia levantó durante los últimos nueve años de pesquisas, que incluyeron visitas de agentes del FBI a instancias judiciales y administrativas colombianas, como la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Allí consta que James Clayton Pedrick y Gregory Hall Melton, entre el primer semestre de 2010 y julio de 2016, lograron cimentar un entramado corrupto para emitir cartas de aumento de precios a los clientes de Argos, asignando concreto premezclado a obras del área costera de Georgia con un detalle particular.
La conspiración
En efecto, según el expediente federal, incluyeron de forma irregular “cobros y recargos por combustible y tarifas ambientales, y presentaron ofertas a los clientes a precios colusorios y no competitivos”. ¿Esto en qué se traduce? En una alianza irregular o cartelización, que les permitió monopolizar parte del mercado del cemento en la zona.
Para la justicia estadounidense, que aún no revela los detalles de los contratos que se lograron manipular, el entramado corrupto derivó “en una conspiración para suprimir y eliminar la competencia fijando precios, manipulando licitaciones y asignando mercados para las ventas de concreto premezclado”.
Estos ilícitos, delineados en cientos de reuniones que los exempleados de Argos realizaron para coordinar el modus operandi ya descrito, terminaron por romper los límites establecidos en la llamada ‘Ley Sherman’, una norma que data de 1890 que se emitió para limitar los monopolios y que prevé multas de hasta 100 millones de dólares.
“La compañía admite, acepta y reconoce que, según la ley federal de Estados Unidos, es responsable de los actos de sus funcionarios, directores, empleados y agentes que dan lugar a los cargos”, se lee en la documentación en poder de este diario. Pero se aclara: “Nada en este acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las entidades matrices fueron partícipes de la conducta imputada”.
Estructura empresarial
Esta última advertencia es clave, pues indica que las cabezas de Argos colaboraron con la justicia para desentrañar la red corrupta que tenía a sus dos líderes enquistados en sus oficinas de Pooler.
De hecho, en un primer comunicado del pasado martes, Argos aseguró que su administración por fuera de Pooler “no participó ni toleró la conducta que se llevó a cabo en contravención de las políticas de cumplimiento de la compañía”. Y en otro enviado a esta redacción en la noche del miércoles dijo que la casa matriz y sus subsidiarias “están comprometidas con la cultura de transparencia y respeto por las leyes de competencia y, en tal sentido, han fortalecido sus programas de ética y cumplimiento dirigidos a sus más de 9.000 colaboradores” (ver La postura de la empresa).
Argos –a la que en 2018 le ratificaron en Colombia una sanción cercana a los 1.000 millones de pesos por cartelización con precios de cementos– adquirió la oficina y la planta de Pooler en 2011, con la compra de un paquete de activos que se le hizo a Lafarge-Holcim. Para esa época, los dos enjuiciados, Pedrick y Melton, ya estaban trabajando allí.
EL COLOMBIANO estableció que Melton era el gerente de la división de ventas de Argos, en Pooler, y Pedrick un vendedor de cemento a proveedores en la misma región. Los dos fueron desvinculados de la firma en etapas diferentes, uno en 2011 y otro en 2016.
Y aunque Argos dejó su participación en esta área en 2019, dentro de un proceso que incluyó la venta de 28 plantas de cemento en Estados Unidos –negocio, según información de la empresa, cercano a los 95 millones de dólares–, terminó firmando el acuerdo de cooperación y admitiendo que está dispuesta a pagar la multa porque las conductas investigadas se dieron mientras estuvo al mando de dichas oficinas. Incluso, se comprometió a seguir con su colaboración para enjuiciar a otros tres procesados.
“No hay lugar en Georgia para las empresas que intentan inflar sus ganancias coludiendo ilegalmente con posibles competidores a expensas de los consumidores”, dijo el fiscal para el Distrito Sur de ese estado, Federal Bobby L. Christine.
Vale la pena aclarar que el acuerdo lo suscribe Argos LLC, subsidiaria de Argos USA, que a su vez es subsidiaria de Argos SA, lo cual es clave porque esta última –que tiene sede en Medellín– también tuvo que ser firmante del documento debido a esta relación.
Confidencialidad
EL COLOMBIANO también accedió a la carta que Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos SA, firmó dando su visto bueno al acuerdo.
“No se han hecho promesas o incentivos distintos a los contenidos en este acuerdo. Nadie me ha amenazado ni obligado de ninguna manera, que yo sepa, a otra persona a autorizar a Cementos Argos a quedar vinculado por las obligaciones de la sociedad dominante”, se lee en esa misiva de Calle (ver facsímiles).
Este diario buscó a Calle para obtener su postura sobre todo este tema, pero voceros autorizados de su oficina indicaron que, por cláusulas del documento suscrito, no pueden dar más declaraciones de las contenidas en el comunicado del martes y ampliado en el de la noche del miércoles.
Más allá de este proceso en instancias judiciales estadounidenses, cabe resaltar que Argos es uno de los principales jugadores en el negocio del concreto en Colombia y, según su información institucional, el segundo productor más grande en Estados Unidos.
De hecho, tiene 265 plantas ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana, con una capacidad instalada total “de 16,5 millones de metros cúbicos de concreto al año”.
Además, en el acuerdo suscrito con el Tribunal de Georgia, se advierte que las violaciones a las leyes estadounidenses antimonopolio –que derivaron en la multa de 20 millones de dólares– se cometieron en una oficina que representó el 1 por ciento de los ingresos anuales de la firma mientras la controló.
Y se ratifica en este acuerdo –rotulado con número criminal 4:21-CR-0002-RSB-CLR y fechado del 4 de enero pasado– que “la conducta ilegal se limitó a un pequeño número de empleados que se unieron a la compañía a través de una adquisición de activos de otra compañía en octubre de 2011, después de que la conspiración ya había comenzado”
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procesados más por este caso están pendientes de juicio en Estados Unidos.
Facsímiles del documento suscrito el 4 de enero con el Tribunal del Distrito Sur de Georgia, con número criminal 4:21-CR-0002-RSB-CLR. Además, la carta del presidente de Argos, Juan Esteban Calle, que está en el acuerdo.
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