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El pulso por Cataluña va hacia su fase más crónica

En los dos meses previos a una consulta resistida, aumentarán las tensiones y el riesgo de ruptura institucional en España.

  • Los independentistas marchan con asiduidad para apoyar a Junts pel Sí, en especial todos los 11 de septiembre (la Diada). FOTO afp
    Los independentistas marchan con asiduidad para apoyar a Junts pel Sí, en especial todos los 11 de septiembre (la Diada). FOTO afp
03 de agosto de 2017
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El tema reiterado de la corrupción de los partidos políticos tradicionales empieza a quedar en segundo plano entre los españoles, que se centran en el debate por una nueva consulta independentista en Cataluña para el 1 de octubre. Mientras que el gobierno central de Mariano Rajoy busca por todos los medios legales impedir la realización del referendo, el catalán, encabezado por Carles Puigdemont, se mantiene en su postura del derecho fundamental y democrático al voto.

Así las cosas, por un lado, desde la capital española, tal como ocurrió todas las veces anteriores, el Tribunal Constitucional suspendió, el lunes, una reforma adoptada recientemente por el Parlamento de Cataluña para facilitar la convocatoria del referéndum secesionista. Según una portavoz de la corte, “los magistrados admitieron a trámite el recurso presentado por el gobierno. Por consiguiente, se suspende lo que se ha recurrido de la reforma del Reglamento del Parlamento catalán”.

La reforma permitía que el Parlamento pudiera adoptar la ley que convoca al referendo mediante un trámite agilizado, con una lectura única, debates acortados y sin enmiendas.

Del otro lado, Puigdemont, presidente de la Generalitat de Catalunya, afirmó en entrevista con el diario francés Le Figaro que “ninguna suspensión podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de forma democrática. No existe un poder lo suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre”.

A solo dos meses de la votación ¿qué implicaciones se pueden prever de la eventual realización de la consulta soberanista en Cataluña? EL COLOMBIANO dialogó con expertos en Madrid y Barcelona.

La estrategia se acentúa

Desde la capital catalana, la diputada regional Marta Rovira i Vergés, secretaria general del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y portavoz del grupo parlamentario Junts pel Sí —promotor de esta y anteriores consultas soberanistas—, expuso los argumentos a favor de la realización del referendo.

“Como cualquier convocatoria electoral, esta tiene todos los mecanismos legales y democráticos necesarios para ser realizada. Por ese motivo no sería extraño que se llevara a cabo. La incógnita es qué hará el gobierno español para impedirlo, pero si emprende medidas antidemocráticas traería una crisis profunda en el sistema político de España”, aseguró.

Según la independentista, la estrategia del grupo Junts pel Sí será mantener el pulso y seguir adelante con esta nueva consulta, sabiendo que, en su opinión, de cualquier forma habrá avances hacia el máximo objetivo.

“Si se lleva a cabo, la consulta tendrá claras consecuencias políticas, sobre todo sabiendo que del otro lado solo impera la falta de voluntad para dialogar del gobierno español”, vaticinó.

Un tema crucial para toda estrategia independentista pasa por el reconocimiento internacional que pudiera tener toda incipiente república. Recientemente se publicó la misiva Let Catalans Vote (Dejen votar a los catalanes) firmada por seis laureados con el Nobel, entre 50 personalidades como Yoko Ono, Hristo Stoichkov, Silvio Rodríguez, Rigoberta Menchú, Viggo Mortensen, entre otros.

Para Rovira, esta arista “podría generar mucho impacto, puesto que en este momento España está en una posición bastante antidemocrática frente al referendo, hecho que ya han condenado distintos parlamentarios y políticos alrededor de Europa. Lo que podría pasar es que, en esta crisis institucional que se puede generar, ya habría gobiernos que apoyarían la realización de la consulta”.

Los independentistas, tal como explicó, no están a la espera de “una avalancha de reconocimientos internacionales”, dado que son conscientes que “el ritmo de la diplomacia mundial es muy prudente. Pero habrá apoyos que alentarán al gobierno catalán en su pulso”.

La puerta al caos

Desde Madrid, Humberto Montero, periodista del diario La Razón y columnista político, consideró que el gobierno está abocado a utilizar todos los recursos legales disponibles para frenar la consulta, a pesar de que por el momento nadie en la capital ha planteado la posibilidad de suspender la condición de comunidad autónoma para Cataluña.

“Es una opción legal, es la última opción que tendría disponible el gobierno central, está contemplada por la ley. Pero de momento nadie la plantea. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Cataluña? La previsión es que llegará hasta el final, pero tendrá que asumir las consecuencias”, explicó.

Paradójicamente hay una duda en la que coinciden españoles e independentistas, y es qué harían las autoridades policiales catalanas (Mossos d’Esquadra, ME) en caso que desde Madrid les llegue la orden de impedir la consulta del 1 de octubre, sabiendo que ya el Tribunal Constitucional la suspendió.

“Ellos son los encargados de velar por la legalidad, pero vamos a ver qué pasa porque al máximo responsable de los ME, Albert Batlle, acaban de cesarle por no ser afín a lo que los independentistas llaman ‘el proceso’. Lo cierto es que los funcionarios en Cataluña están en una encrucijada. Por un lado, si incumplen las ordenes del gobierno catalán quedan marcados como contrarios, como si fuera Venezuela. Y por otro lado si obedecen al gobierno catalán, corren el riesgo de ser condenados”.

Rovira afirma que “hay dudas sobre a quién van a obedecer. El gobierno español está presionando, pero según el estatuto de autonomía y la misma ley española deben obedecer a Cataluña. En ese caso Madrid tendría que suspender nuestra autonomía de forma fáctica”.

¿Donde puede acabar esto? Ninguno de los consultados lo sabe, pero les parece previsible que las tensiones se acentúen, en un contexto de intransigencia, conflicto institucional y exacerbado nacionalismo.

2,3
millones de catalanes (37 %) participaron en la consulta de 2014. 80,7 % votó por el Sí.

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