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En el ugandés Dominic Ongwen se funden dos caras horrorosas que tiene una guerra: cuando apenas era un niño fue reclutado, contra su voluntad, por los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA). Y, siendo mayor de edad, se convirtió en esa guerrilla en un sanguinario comandante al que se le imputan hoy 70 presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra, incluyendo la orden a sus subordinados para que mataran, cocinaran vivos o muertos a sus enemigos y se los comieran.
Según información de la Corte Penal Internacional (CPI), Ongwen nació en 1975 en el distrito de Amuru, norte de Uganda. Después de ser reclutado forzosamente por los rebeldes del LRA no conoció vida distinta que la guerra. En 30 años de conflicto, a esa agrupación se le imputa la muerte de 100.000 personas y el secuestro de hasta 30.000 niños para volverlos soldados y para esclavizarlos sexualmente.
La carrera de Ongwen le permitió llegar al rango de comandante del LRA, al lado de Vincent Otti, Odong Latek, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo y Joseph Kony. Los primeros tres están muertos y los dos últimos se encuentran prófugos de la justicia. De suerte que Ongwen podría ser el único que pague por una amplia gama de crímenes cometidos como alzado en armas contra el gobierno de Uganda.
La lista es tenebrosa:
Asesinato, trato cruel, saqueos de poblaciones, tortura, destrucción de la propiedad, persecución, matrimonio forzado, violaciones, esclavitud, esclavitud sexual, uso de niños menores de 15 años para participar activamente en la Brigada en Sinia, que él comandaba durante los años 2002-2005, mutilación, quema masiva de casas, entre otros presuntos delitos.
En crónica escrita para la agencia Efe, Charles Mpagi recuerda que uno de los cargos más terribles que la Corte Penal Internacional le imputa a Ongwen es la orden que les habría impartido a sus tropas para que reiteradamente despedazaran, hirvieran y se comieran los cadáveres de los enemigos en distintos poblados.
Según Mpagi, “uno de los casos más famosos es la masacre del mercado de Barlonyo, en el centro-norte del país, donde en 2004 unas 200 personas fueron asesinadas, cocinadas vivas o ejecutadas en una de las atrocidades más brutales de la rebelión. Ongwen es el principal sospechoso de haber ordenado el ataque”.
Lo uno no quita lo otro
Al comentar el ambiente que se vive en Uganda frente al proceso que la CPI le sigue a Ongwen, el periodista de Efe resalta el debate que ha suscitado el hecho de que, por un lado, el comandante debe ser tratado como un criminal de guerra, pero, por el otro, está la consideración que también merece como víctima.
De hecho, el investigador Angelo Izama le dijo a la agencia noticiosa que “hay cierta presión para tratar a Ongwen con cierta indulgencia, teniendo en cuenta que el conflicto acabó hace años”.
Y es que, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, el caso de Ongwen es más común de lo que se cree, sobre todo en países que han estado sometidos a cruentos conflictos internos.
Javier Ciurlizza, director para América Latina de International Crisis Group, considera que así en una persona se presenten en simultánea la condición de victimario y víctima, el tratamiento de cada una de esas facetas es diferente. Al victimario se le debe probar su responsabilidad frente a un delito e imponerle una pena, de acuerdo con el modelo de justicia transicional que se esté aplicando. Y eventualmente podría tener algún atenuante si se prueba una relación entre los crímenes que cometió y su carácter de víctima.
El experto enfatiza en que en la mayoría de los casos son dos escenarios distintos. La persona, dijo, fue víctima cuando niño o hace muchos años, y posteriormente fue victimario cuando tuvo posición de dominio sobre el grupo armado.
Ciurlizza advierte que, aunque suene contradictorio, “lo que ha pasado muchas veces es que la misma persona puede ser responsabilizada penalmente por sus crímenes y a la vez reparada por su condición de víctima, porque quienes lo victimizaron a él también deben responderle a la justicia”.
Y eso no es mera teoría. El analista mencionó que en Guatemala la guerrilla desmovilizada pasó por un proceso de justicia transicional, en el que se identificaron sus responsabilidades y se impusieron penas alternativas. Y, a la vez, se hizo reparación a los guerrilleros que padecieron infracciones a sus derechos humanos por parte del Ejército. En Perú, en cambio, la ley prohibió, explícitamente, que los miembros de grupos armados ilegales pudieran ser considerados como víctimas. En Colombia sí cabe esa posibilidad, pero solo si la violación ocurrió fuera de un combate o enfrentamiento legítimo.
“Una cosa no quita la otra”, afirma María Camila Moreno, directora del programa del Instituto de Justicia Transicional para Colombia. “Es decir, la persona puede ser responsable de atrocidades, cometidas durante el conflicto, como en este caso de Ongwen -crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad-, y al mismo tiempo puede ser víctima porque pudo haber sido una persona que fue reclutada ilícitamente”.
En su opinión, ese debate es muy fuerte en países como Uganda y el Congo, en donde hubo una vinculación masiva de niños a la guerra, un fenómeno que, en otra escala, también se da en Colombia.
Su pronóstico, para el caso de Ongwen, es que la Corte Penal Internacional no pondrá a competir las dos facetas del excomandante. En la decisión se establecerá y sancionará su responsabilidad como criminal de guerra, y no le rebajarán nada por el hecho de haber entrado niño a la guerrilla. Al fin y al cabo, presuntas atrocidades, como el canibalismo, las cometió siendo un adulto, plenamente responsable .