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Opositores venezolanos y familiares de los presos políticos pidieron por novena vez este martes que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, visite su país.
“No vamos a dejar de venir a la ONU –en Caracas– hasta que nos digan en qué fecha entra la alta comisionada a Venezuela y no solamente saber que viene sino conocer su agenda, saber a quién va a atender y exigir que nos atienda a nosotros”, dijo la opositora Lilian Tintori, esposa del político preso Leopoldo López.
En declaraciones a los periodistas, indicó que ha entregado a la oficina de la ONU en la capital venezolana documentos con información de todas las ONG defensoras de derechos humanos para que la alta comisionada conozca la situación.
Los opositores que acuden desde hace nueve semanas a la sede de la ONU realizaron en esta oportunidad un mural con los nombres de las personas que murieron en las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
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Tintori también aprovechó la oportunidad para agradecer a los diputados del Congreso de México que rechazaron la presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado.
“Agradecemos a México, a un país que grita desde su Parlamento Nicolás Maduro es un dictador. ¿Y por qué es un dictador? Porque no solamente persigue a la oposición y encarcela a los líderes que hoy están presos y en el exilio sino que además hace genocidio de Estado”, dijo.
La opositora acusó así a Maduro de cometer “terrorismo de Estado matando a los que protestaron en las calles” para pedir “vivir en una Venezuela libre y democrática y también matando a los ciudadanos porque no hay medicinas ni comida”.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 230 presos políticos, pero la oposición los cifra en cerca de 400.
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una severa crisis económica que se expresa en escasez de alimentos y medicinas así como en hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional estima cierre en 10.000.000 % en 2019.
Además, la prestación de los servicios públicos atraviesa su propia crisis, y en el país son frecuentes los cortes no anunciados de la electricidad y el agua, mientras que los hospitales confrontan severos problemas por escasez de materiales médicos y falta de personal.