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En el último mes, Colombia y Venezuela han acordado dos días para abrir la frontera en Norte de Santander, Arauca y La Guajira. El resultado de estas jornadas humanitarias fue sorpresivo para las autoridades migratorias: 175.000 venezolanos cruzaron el paso fronterizo para abastecerse con comida y medicamentos. Las ventas se incrementaron en un 195 %, con un valor para el segundo día de 5.000 millones de pesos.
Dos días fueron suficientes para que las autoridades venezolanas comprendieran la situación y aceleraran la reapertura de la frontera, cerrada el 19 de agosto de 2015 por el presidente Nicolás Maduro. El próximo 4 de agosto se reunirá la canciller María Ángela Holguín con su homóloga Delcy Rodríguez para definir las condiciones de la reapertura.
En momentos en que Venezuela presenta altos niveles de desabastecimiento (en ciudades como Caracas alcanza el 80 %, de acuerdo con Datanálisis) surge la pregunta de cómo se va a comportar la migración venezolana en Colombia y si las autoridades tienen un plan para regular estos flujos migratorios.
En una rueda de prensa, el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, respondió a uno de estos interrogantes. La periodista le preguntó qué iba a suceder con los 4.000 venezolanos que ingresaron a territorio colombiano y no regresaron: “Nosotros no podemos ir en contra de los lazos de consanguinidad que tienen los tachirenses con las personas de Norte de Santander. Vimos muchos casos de personas que fueron a ver a sus familiares y se deben tener en cuenta estos casos”, dijo.
Hasta abril de este año, Migración Colombia había deportado a 37 venezolanos que se encontraban indocumentados en la frontera. Frente a estos casos la entidad le ha solicitado a los residentes del país vecino alguna de estas alternativas: presentarse como turista (con pasaporte, reserva de alojamiento o carta de invitación y mínimo 40 dólares); obtener una visa de trabajo o de educación a través de la Cancillería o aplicar por la cédula de extranjería.
La decisión final está en manos de la Cancillería, pues es la entidad que establece el tiempo de duración de la visa y estudia cada caso. Al ser consultada sobre el tema, la canciller María Ángela Holguín señaló que “habrá operativos para que las personas que no tengan los papeles en regla sean expulsados”.
Migración Colombia todavía no tiene un plan definido para atender una eventual masiva llegada de venezolanos. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, ha señalado que por el momento garantizarán el abastecimiento y reforzarán los operativos con la Dian para frenar el contrabando, anuncios que también se hicieron hace un año.
De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en el último año han migrado 329.478 venezolanos hacia Colombia. “La dinámica migratoria de ciudadanos venezolanos hacia Colombia durante el periodo 2011-2015 muestra un comportamiento creciente en promedio anual del 9,5 %”.
Pese a que han aumentado las migraciones desde Venezuela, la cifra de residentes que han presentado ambos países sigue siendo muy distante. Mientras que el Gobierno de Venezuela ha reportado 5,6 millones de colombianos que residen en ese país, en Colombia, de acuerdo con Migración Colombia, hay 20.990 venezolanos con visas de residente y temporales.
Para Walter Márquez, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, “la frontera siempre ha sido una zona de integración, con una movilidad permanente de personas entre Táchira y Norte de Santander. Hay gente que vive en San Antonio y en Ureña y trabaja en Cúcuta y viceversa”.
Por esta razón, agrega el diputado, “las deportaciones han sido aisladas porque los pueblos son muy cercanos. El año pasado, cuando el Gobierno venezolano deportó a 1.500 colombianos, violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso no se puede volver a repetir”.
María Teresa Palacios, especialista en Derechos Humanos y docente de la Universidad del Rosario, considera que el Gobierno colombiano no se ha preparado para recibir estas migraciones. Es más, no ha tomado medidas adecuadas ante una falta de previsión: “los venezolanos que inicialmente migraron hacia Colombia eran industriales, profesionales de empresas multinacionales y no se pensó que podían migrar flujos de trabajadores de otro perfil. En el plano legal Colombia tiene una normatividad fragmentaria y a mi juicio insuficiente, la ley 1465 de 2011 es bastante precaria y su alcance es muy limitado”.
Palacios destaca dos vacíos que existen en la política migratoria colombiana. Por un lado, “no se ha profundizado en lo que respecta al acceso a los derechos de los extranjeros”. Por otro, el cierre de frontera corresponde a una política que se limita a la seguridad y la soberanía, lo que “resulta favoreciendo la migración irregular y la trata de personas. Nuestra política migratoria debe ser integral”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el portavoz de la Organización Internacional de Migración (OIM), Joel Millman, comentó que ambos países son miembros de la OIM y, por ende, deben cumplir “con preservar un frontera segura, donde las personas puedan transitar. Cuando la migración no es legal se crean escenarios donde la población se puede unir a organizaciones criminales, que ganan dinero al crear canales ilícitos que ponen en riesgo a los migrantes. Lo hemos visto en África y Europa en los últimos 3 años”.
Frente a las posibles deportaciones, Millman es contundente: “hay convenios que se han firmado desde 1951 que señalan como última opción las deportaciones. Antes existen otras serie de opciones, como la salida voluntaria”.