Presos en Venezuela son sindicados por terrorismo

  • Los colombianos completaron presos en Venezuela dos años y cuatro meses en condiciones de vida bastante limitadas. Su defensa tiene 20 días para apelar la acusación de terrorismo. FOTO cortesía
    Los colombianos completaron presos en Venezuela dos años y cuatro meses en condiciones de vida bastante limitadas. Su defensa tiene 20 días para apelar la acusación de terrorismo. FOTO cortesía
Por juliana gil gutiérrez | Publicado el 16 de enero de 2019

Un día previo a que se cumplieran los 45 días que tenía de plazo la justicia de Venezuela para presentar pruebas en contra de los 59 colombianos presos en la comisaría de La Yaguara, en Caracas -quienes llevan cerca de dos años y cuatro meses privados de su libertad- su situación penal en el vecino país empeoró.

“La Fiscalía presentó pruebas totalmente falsas. Dicen que somos paramilitares y terroristas. Queremos decirlo para que nuestro gobierno y Naciones Unidas tomen cartas en el asunto y hagan la presión necesaria”, así lo aseguró uno de los hombres que está detenido en esta sede de la Policía y quien pidió la reserva de su nombre por seguridad.

El 13 de enero se vencía el plazo que tenía el Ministerio Público para investigarlos. Entonces, cuando sus abogados llegaron al tribunal para recoger el material, se encontraron con una acusación del Ministerio Público por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir. Según la justicia venezolana, tienen vínculos con grupos delictivos del estado Táchira, una afirmación que para estos nacionales ha sido un complot en su contra.

Con la entrega de las presuntas pruebas el Ministerio ratificó la acusación previa de terrorismo.

Ahora el Tribunal número tres en Funciones de Control con Competencia especial en materia de terrorismo de Caracas tendrá que fijar una audiencia preliminar que se debe realizar en un plazo máximo de 20 días, en la que podrían ser condenados.

Sin embargo, los colombianos esperan que sus defensores, encabezados por la organización Foro Penal, consigan la nulidad del proceso del que son víctimas. Esto, debido a que estuvieron privados de su libertad durante más de dos años sin que fueran presentados a un tribunal.

¿Paramilitares?

Este grupo de colombianos, entre los que está una mujer, fueron detenidos entre agosto y septiembre de 2016 en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), por estar indocumentados.

El presidente Nicolás Maduro aseguró en ese entonces que las autoridades venezolanas encontraron a un grupo de “paramilitares” en un campamento cerca del Palacio de Miraflores, quienes pensaban ejecutar un atentado en su contra. Fue entonces cuando los colombianos descubrieron que estaban señalados de cometer actos terroristas.

“No somos paramilitares, somos padres de familia”, aseguró otro de los presos, quien es padre de tres hijos y migró al país años atrás para trabajar. Los colombianos hicieron un llamado a la Cancillería para que atienda este nuevo capítulo de su situación.

Semanas atrás, dos familiares de estas personas le aseguraron a EL COLOMBIANO que la Cancillería, tanto durante el gobierno de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque, ha prestado atención a su caso.

En diciembre de 2018 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que se trata de una detención arbitraria y pidió su liberación. La Cancillería colombiana también se sumó a este llamado, pero el gobierno de Maduro no se ha pronunciado.

“Estamos en momentos de tensión, no se sabe qué puede pasar con nosotros”, concluyó uno de los presos, quienes esperan resolver su situación para regresar con sus familias.

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? condiciones de vida lamentables

De este grupo de 59 nacionales que están recluidos en la Comisaría de Policía de La Yaguara, 58 hombres permanecen en un espacio que servía como habitación para los uniformados y que fue convertido en una celda. Además, hay una mujer de 24 años que está detenida en una habitación aparte. Estas personas no tienen servicios sanitarios ni agua potable, por lo que se ven obligados a ir al baño en recipientes. La luz natural solo entra por una claraboya y por la puerta de acceso a la celda. Reciben raciones de comida limitadas.

Juliana Gil Gutiérrez

Periodista internacional, amante de los perros y orgullosa egresada de la facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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