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La huella de los abusos en Ituango
01 de febrero de 2015
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El Registro Único de Víctimas confirma que en Ituango las personas afectadas por los actores del conflicto armado ascienden a 15.000 (unas 4 mil familias), de las cuales 14.500 sufrieron desplazamiento forzado entre 1990 y 2012.
Jerarquizados de los más a los menos numerosos, allí los delitos propios de la confrontación son el desplazamiento, el homicidio, la desaparición forzada, las minas antipersonal, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, los atentados terroristas y el secuestro.
En diálogo con varios defensores de derechos humanos oficiales y no gubernamentales de la zona, se advierte que aún la oferta institucional para la atención, la rehabilitación y la reparación de las víctimas es insuficiente.
A esto se suma lo problemático que es adelantar los procesos con los afectados cuando el conflicto armado persiste. “Es un riesgo en todo momento: de seguridad para sus vidas y de perder lo invertido en tiempo, en atención sicosocial y por supuesto en los beneficios materiales y económicos recibidos”.
Por ejemplo en el caso de Ituango, se suman las grandes distancias geográficas y limitaciones de acceso (por vías destapadas y a lomo de mula) que deben cubrirse, con los riesgos que trae la presencia de actores armados ilegales en varias zonas.
A veces, los grupos envían mensajes de intimidación y obligan a frenar obras y procesos, como ocurrió en el corregimiento La Granja el año pasado, con mejoras que se estaban haciendo en su institución educativa. Se afecta a la comunidad y a los profesores.
En medio de ese ambiente, aún muy tenso, deben moverse los funcionarios municipales, departamentales y nacionales en los procesos para organizar y hacer visibles a las víctimas y que apenas emprenden el camino de las reparaciones, muchas de ellas por vía administrativa, y para las cuales se requieren orientación y acompañamiento.
En muchos casos se trata de población campesina analfabeta o que habita a kilómetros del casco urbano y ello hace que las gestiones sean lentas. Es el caso de El Aro, donde la gente busca ser reparada por la incursión paramilitar de octubre de 1997.
En medio de las dificultades, hay un trabajo interinstitucional que promete mejorar la atención a las víctimas del conflicto armado en Ituango.
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