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Antioquia, con el 13,8 por ciento de denuncias, ocupó el segundo lugar en el ranquin de departamentos con el mayor número de denuncias ciudadanas por posible publicidad política extemporánea, mientras que Tolima con el 17,7 por ciento encabezó el escalafón.
Así lo detalla el más reciente informe sobre el proceso electoral presentado por la Misión de Observación Electoral —MOE— que, con motivo de la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, le entregó a las autoridades 283 denuncias sobre posible propaganda política fuera del tiempo establecido por la ley.
Del informe cabe destacar que como ha sucedido en otros procesos electorales, la región Caribe, con siete departamentos, es una de las que mayores riesgos en términos de irregularidades presenta, pues concentra el 28,27 por ciento de las denuncias, equivalentes a 80 reportes del total nacional.
“Esta información debe servir a los partidos para definir los avales a entregar ya que resulta paradójico que candidatos, que deben ser ejemplo de moralidad y legalidad, hayan comenzado a buscar distintas estrategias para burlar la normatividad electoral”, manifestaron desde la MOE.
La Misión también dio a conocer que las denuncias sobre irregularidades se concentran sobre todo en un grupo de 90 municipios del país, donde Ibagué, Tolima, con 37 reportes (13,1 por ciento del total de denuncias), es el caso más crítico. Por Antioquia, Segovia con 16 posibles irregularidades, e Itagüí con ocho, se ubicaron en el tercer y séptimo lugar, respectivamente.
Otra de las conclusiones que llama la atención de la publicación de la MOE es que entre los 10 municipios con mayores denuncias no estén ciudades de departamentos como Sucre o Córdoba, pero tal como lo explicó Fabián Hernández Cadena, coordinador del Observatorio de la MOE, esto se puede dar por desconocimiento.
“Es más probable que los habitantes de Itagüí, por ejemplo, tengan mayor conocimiento de la existencia de mecanismos como Pilas con el Voto o de lo que puede ser o no irregular en época preelectoral. Si en departamentos como Cesar o Sucre existieran más posibilidades de denuncia la estadística podría ser otra”, afirmó Hernández.
La MOE también advirtió que este tipo de conductas ilegales representan dos tipos de riesgos para las elecciones. El primero tiene que ver con el desequilibrio que genera en términos de competencia frente a los demás candidatos, porque la propaganda le permite mayor visibilidad y recordación a algunos candidatos.
La segunda amenaza está relacionada con la financiación, ya que por tratarse de propaganda ilegal, estos costos no se incluyen en los reportes de gastos de campaña, “por lo cual la autoridad electoral desconoce el origen y el monto de los gastos ejecutados, dificultando así el control efectivo de los topes permitidos”, finalizó Hernández.