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A guerrilleros de las Farc condenados por diversos delitos, los jueces de la República les impusieron el pago de 827.299 millones de pesos en multas. Si el Estado hiciera un cobro efectivo, con ese dinero se podría reconstruir 24 veces la población chocoana de Bojayá, en donde esa agrupación guerrillera mató a 119 personas el 2 de mayo de 2002.
La cifra es oficial y en el listado que la sustenta, en poder de la Unidad de Víctimas, aparecen personajes históricos de las Farc, como alias "Tirofijo", con deudas pendientes por 17.709 millones de pesos, y Noel Mata Mata, uno de los fundadores de esa agrupación al margen de la ley, con 12.338 millones de pesos.
En calidad de morosos también hay tres miembros del Secretariado que hoy ofician como voceros en las negociaciones de paz que se adelantan con el gobierno colombiano en La Habana, Cuba. En efecto, alias "Timochenko", "Iván Márquez" y "Pablo Catatumbo", adeudan 37.956 millones de pesos.
La cuantía es robusta, pues alcanza para construir un poblado de 948 viviendas. Sin embargo, solo equivale al 24 por ciento de la sanción pecuniaria de 157.198 millones de pesos que tienen los dos guerrilleros que lideran el ranquin de los "enculebrados".
Se trata de Jesús Plutarco Díaz Rubio y William Alexánder Rodríguez Sarmiento, colgados en el pago, cada uno, de 78.599 millones de pesos. Información oficial del Comando Aéreo de Combate N° 4, indica que los guerrilleros Díaz Rubio, conocido con el alias de "Chichico", y Rodríguez, alias "Chocolate", fueron capturados el 7 de febrero de 2012 en el departamento de Cundinamarca. Ambos, dice la misma fuente, pertenecían al frente 51 de las Farc. Por las multas podría pensarse que eran "capos". No. Desde hacía más de ocho años "se desempeñaban como coordinadores logísticos".
Parapolíticos, a pagar
La facultad y obligación legal de cobrar estas millonarias multas a las Farc es de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Al Fondo que tiene para reparar a más de 6 millones de víctimas, debe ingresar el producto de las multas impuestas a personas o grupos armados al margen de la ley en el marco de procesos judiciales y administrativos, así como el monto de la condena económica de quienes han sido condenados por concierto para delinquir.
Por eso, un segundo grupo al que la Unidad de Víctimas debe perseguir desde 2011, cuando recibió esa potestad, está formado por 31 personas condenadas por los jueces dentro de los procesos de la parapolítica. Además de pagar la pena principal, que los tiene en la cárcel, estos personajes de la vida política adeudan, en conjunto, 106.533 millones de pesos. Pensando en las víctimas que se deben reparar, dicha suma alcanza para construir más de 2.663 viviendas para desplazados por la violencia.
El líder de los parapolíticos que está en mora con la Unidad de Víctimas es el excongresista antioqueño Óscar de Jesús Suárez Mira, a quien la Corte Suprema de Justicia condenó a 108 meses de prisión y a una multa de 12.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la comisión del hecho, por el delito de concierto para delinquir agravado.
Ese delito tiene una pena de prisión entre 72 y 144 meses y una multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales. Los jueces se mueven en ese rango, de acuerdo con circunstancias agravantes o atenuantes. En el caso de Súarez Mira, obró en su contra el hecho de ser congresista. Los jueces optaron por el punto medio de las penas, en atención a que por su distinguida posición "se le impone un juicio de exigibilidad mayor que al común de los ciudadanos".
Hazmerreír de la Justicia
La cartera que la Unidad de Víctimas debe cobrar es del orden de 1,3 billones de pesos. Esta es apenas una fracción de los más de 6 billones de pesos en multas con que los jueces han castigado a los condenados por diversos delitos. La diferencia, equivalente a más de 4,7 billones de pesos, debe ser cobrada por el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Oficina de Jurisdicción Coactiva.
Una muestra de la efectividad del cobro por parte de la Judicatura la dio, con reserva de su nombre, un juez que, en razón de su oficio, se convirtió en una suerte de verdugo de narcotraficantes de alto nivel.
"A un narco le metí una multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales (18.480 millones de pesos de hoy) y lo que hizo fue reírse en mi cara. "Doctor, dígame el número de la cuenta para consignarle ese billete", me dijo el sentenciado. La verdad es que las multas son exhorbitantes y no conozco el primero de los narcotraficantes que las haya pagado".
Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura, que pidieron reserva del nombre, justificaron el pobre cobro de esas obligaciones en varios hechos. De un lado, está lo que califican como falta de "dientes", o sea la carencia de adecuadas herramientas legales: "la ley nos dijo cobren, pero no cómo". También, añaden, hay escasez de personal para investigar si los multados tienen bienes para honrar las obligaciones. Y, un motivo adicional, que no se declara en voz alta, es que la Judicatura tampoco tiene mayor incentivo para el cobro, dado que esa plata la debe pasar, tal cual, para el Tesoro Nacional.
"En el caso de los políticos sancionados -anota la misma fuente- lo primero que hacen es declararse insolventes. Lo único que muchos dicen tener es una pensión, pero la misma es inembargable". Le apuestan, y eso lo saben los abogados que los asesoran, a que la debilidad de la Judicatura les asegura una altísima probabilidad de impunidad. "En Colombia no hay cadena perpetua, y tampoco deudas perpetuas. Cuando la persona cumple el tiempo de prisión, la multa expira, si no ha sido pagada", precisó la fuente.
A las multas impuestas por delitos comunes, el abogado Edwin Franco también las tilda de incobrables, dado que, afirma, el 95 por ciento de los clientes en los procesos penales son de bajos recursos. "Esas sentencias quedan para enmarcar, porque las multas no las paga nadie. Son totalmente inocuas, porque el Estado no creó un aparato serio para cobrar esas deudas".
Lo dicho aplica para penalizaciones de baja cuantía. Pero también para las más onerosas, como las derivadas del narcotráfico, el lavado de activos, el peculado, la parapolítica, entre otros. En casos como estos es usual que los condenados tengan los bienes a nombre de tesfaferros.
Un magistrado del Tribunal Superior de Medellín, que también pidió la reserva de su nombre, indicó que el Código Penal de la década de los 80 contemplaba multas irrisorias, fijas y sin factores de actualización. El Código del año 2000 se fue al otro extremo, pero aunque esas sanciones pecuniarias suenen fantásticas o excesivas, las cobija el principio de legalidad. Por lo tanto, deben hacerse las diligencias de cobro, así los mecanismos de recaudo no sean propiamente los más ágiles.
Nació con "dientes"
La Unidad de Víctimas no parece estar dispuesta a transitar por el mismo camino de la Judicatura en el deficiente cobro de las multas que imponen los jueces, al menos en lo que es de su competencia.
Según Juan Camilo Morales Salazar, coordinador del Fondo para la Reparación de las Víctimas, ese cobro se realiza a través de la Oficina Asesora Jurídica. Aquí ya hay dientes y voluntad para salir a cobrar 1 billón 320.895 millones de pesos que han recibido para cobro persuasivo y/o coactivo de 1.429 sentencias condenatorias de diversos despachos judiciales y que involucran a integrantes de bandas criminales, autodefensas, guerrilleros y parapolíticos.
La Unidad de Víctimas tiene un aliciente moral para cobrar esa cartera, pues los dineros ayudarían a la reparación de las víctimas. Más allá está su imperativo legal, pues debe responder, fiscal, penal y disciplinariamente por el recaudo de ese dinero, según lo confirma Morales Salazar. Dicho de otra manera, o cumple o la sancionan por no hacerlo. Una vez recibidas las sentencias condenatorias, corren 60 días para que los implicados paguen voluntariamente las multas. Vencido ese término, arranca el cobro coactivo, para el cual se combinan varias herramientas, como la persecución de los bienes de los deudores, que ya viene realizando con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.
Por ahora el balance de la Unidad de Víctimas es muy bajo: de 1 billón 327.517 millones 832.256 pesos que se han impuesto en multas por concierto para delinquir, la Unidad de Víctimas apenas ha recaudado 3 millones 580.140 pesos.
Se espera que el panorama mejore con los cobros coactivos que se inician este mes. La noticia es buena para las víctimas y mala para este comandante paramilitar que, desde la cárcel y vía teléfono celular, respondió así a la pregunta: ¿Usted recuerda cuánto dinero tiene qué pagar por las condenas que le han impuesto?
El autor declarado de más de 1.400 asesinatos, manifestó: "¿vos creés que yo le paro bolas a eso? Para qué, si uno no tiene con qué pagar. Además, yo no voy a dejar de darle de comer a mis hijos, para ponerme a reparar a las víctimas".