“Más temprano que tarde habrá en Colombia impuesto al carbono”: Carlos Gustavo Cano

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Por nicolás abrew quimbaya | Publicado el 03 de septiembre de 2015
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“Más temprano que tarde habrá en Colombia impuesto al carbono”: Carlos Gustavo Cano

Con frases de reconocidos expertos como el economista Arthur Cecil Pigou: “Quien daña, debe pagar, y quien compensa, debe recibir”; y del ambientalista Lester Brown: “El comunismo colapsó porque no dijo la verdad económica y ahora el capitalismo podría colapsar sino dice la verdad ecológica”; el codirector del Banco de la República y exministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, hace una introducción sobre la importancia de medir el ambiente en la economía.

En diálogo con EL COLOMBIANO resaltó la importancia de crear un impuesto al carbono, no para gravar más a las empresas, sino para hacer sostenible la protección de los ecosistemas sin depender del presupuesto de la Nación.

Pero el experto en agricultura y ahora autodidacta en materia ambiental no se queda ahí, también propone fortalecer el impuesto predial rural con el fin de destinarlo a la compensación y conservación del ambiente. Igualmente, propone crear un fondo de pensiones para los campesinos despojados de sus tierras y hasta devolverle al Estado el control del manejo del agua, entre otros temas que son polémicos.

¿Cuál es la importancia de incluir el medio ambiente en las cuentas de la economía?

“Por la sostenibilidad del desarrollo. Entre otras razones porque si uno mira la curva de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el mundo y se le superpone la curva del crecimiento de la economía global, van paralelas, esto quiere decir que entre más crezco yo, más hago daño. Esos daños hoy no se cuantifican en el Producto Interno Bruto (PIB), entonces de alguna manera a la contabilidad pública y privada debe llevarse ese costo y la forma más idónea es mediante una política fiscal”.

A través de impuestos...

“Sí. Esto es como la rueda, ya está inventado a través del impuesto al carbono. Los países escandinavos fueron los pioneros en reformas tributarias verdes y más reciente Australia y Nueva Zelanda implementaron el impuesto al carbono. El sistema que a mi juicio más se asemeja a lo que podría implementar Colombia lo ha hecho México (ver gráficos). Su sistema empezó a operar a partir de julio pasado, luego de hacer una reforma tributaria que ya están implementando. Otros países más pequeños han hecho esfuerzos similares, como el caso de Costa Rica”.

¿Qué gana el país con el impuesto al carbono?

“En el momento en que le pongamos precio al carbono y surjan los certificados de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, automáticamente se creará un mercado de capitales, porque esos certificados tendrán un valor en el mercado. Entonces, qué mejor que yo como contribuyente elimine o reduzca esa tributación con inversiones que me van a rentar no solo con la reducción del impuesto, sino porque esos papeles tendrán mercado nacional e internacional”.

Pero el Gobierno no está pensando en el ambiente, sino en el déficit fiscal...

“Eso es cierto, pero más temprano que tarde nos llegará el impuesto al carbono y eso hay que empujarlo y ejercicios como el que hoy está haciendo EL COLOMBIANO ayudará a generar consciencia”.

¿Qué lo hace ser optimista?

“Hay dos factores favorables que van a ayudar a impulsar el tema. El primero es que el Gobierno quiere entrar a la Ocde (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y para lograrlo hay que cumplir con ciertas condiciones, entre ellas, la tributación ambiental, concretamente del impuesto al carbono. La otra razón es que habrá la reunión en París (COP21) y el Gobierno anunció que fijará para 2030 una meta de reducción de emisiones para Colombia del 20% —que a mí me parece poquito—. Eso suena muy bonito y demás, pero debe haber una agenda interna, no puede ser a punta de normas, ni de consejos o recomendaciones, tiene que crearse y montarse, de una vez, el sistema de tributación verde, que tiene que partir del impuesto al carbono con unas compensaciones materializadas en unas inversiones que se hagan en proyectos de objetivos de desarrollo sostenible”.

El Gobierno saca pecho y dice que ya está a la vanguardia internacional con lo plasmado en la reforma tributaria del 2012, usted está de acuerdo con esa afirmación...

“En la reforma tributaria del 2012, el equipo del Ministerio de Hacienda incorporó el artículo 184, que no dio frutos a pesar de estar bien intencionado, pues establecía que en 6 meses, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, Ambiente y Colciencias debería preparar los estudios a partir del cual surgiera una recomendación al mismo Hacienda para establecer un sistema tributario verde, se habló de los bonos verdes. Es un artículo bien enunciado, pero no pasó nada y no hubo seguimiento en el Congreso y no hubo la voluntad firme de abordar el tema. Vamos a ver qué pasa con la comisión de expertos tributarios que está sesionando. Yo le sugerí al Ministerio de Ambiente que le planteara a la comisión de expertos, que es de lujo, la inquietud de este tema porque el mundo va hacia allá”.

Mientras eso pasa, regresemos a las bases de este tema que son cómo determinar en un país como Colombia cuáles son las principales formas de contaminación ambiental...

“La mayor parte de las emisiones en la zona tropical no viene de la producción industrial sino del cambio en el uso de la tierra a través de la deforestación (entre el 15% y el 18% del impacto en el mundo es deforestación y en la zona tropical el 33%). Por ejemplo, la ganadería con la producción de metano es muy contaminante”.

¿Cómo mido el metano de cada vaca o la emisión cuando se tumba un arbusto?

“Yo he venido moviendo la propuesta de hacer del impuesto predial rural el vehículo para convertirlo en un impuesto al carbono porque en Colombia se paga muy poco impuesto predial.

Hay unas zonas en las que sí se paga, pero precisamente donde hoy hay más impacto ambiental por deforestación y demás no existe ese impuesto y hay que establecerlo.

También hay que darle a los contribuyentes del impuesto predial rural la posibilidad de reducir o eliminar su impuesto haciendo inversiones en objetivos de desarrollo sostenible que van a beneficiar la conservación de los páramos, las cuencas hídricas, la regeneración y conservación de biodiversidad, la reconversión de sistemas de ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles con una cosa ambiental mucho más sostenible, la deforestación evitada, la forestación nueva y la conservación de bosques en pie. Esas son como las grandes avenidas de proyectos a financiar ni siquiera con la contribución del presupuesto nacional, sino una transferencia directa entre contribuyentes y proyectos que las autoridades califiquen para estos proyectos”.

¿Qué más detalles nos puede contar de su propuesta de aprovechar mejor el impuesto predial rural?

“Actualmente, el Gobierno Central fija una cuota, que hoy es mínimo de 5x1.000 y máxima de 16x1.000, pero quien fija si está en el 5 o en 16, es el municipio, el Concejo Municipal y los municipios donde impera la gran propiedad improductiva suelen contar con empresarios que controlan políticamente dichos concejos.

Cuando se superpone el mapa predial sobre el mapa de la distribución de la propiedad y el mapa del uso de la tierra, ve que coinciden las zonas del país donde la tributación predial es prácticamente inexistente y donde predomina la gran propiedad improductiva. El corolario es: cuando acumular tierra no cuesta, los precios de la tierra se disparan y la tierra se vuelve no como un medio de producción sino como un activo de refugio para rentistas y especuladores.

¿Dónde no ocurre eso? donde hay uso relativamente eficiente de la tierra y de nuevo esa superposición de mapas muestra que donde hay impuesto predial hay una utilización más eficiente de la tierra y una fragmentación más equitativa.

Usted tiene claro el diagnóstico, pero cómo se puede implementar...

“Yo sé que no es fácil porque eso está en manos de los municipios y hacer una reforma constitucional para cambiar eso tiene problemas. Sin embargo, hay algunos concejales, alcaldes y gobernadores que han hecho algo, pero no es fácil.

A nivel nacional la concentración de la tierra ha provocado un conflicto entre uso y vocación. De acuerdo con los estudios juiciosos del Agustín Codazzi, y ahora el Censo Agropecuario, es que de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia se utiliza no más 5% en agricultura, pero la vocación efectiva agrícola está en el 20,22%, el 18% que hace la diferencia son tierras aptas para agricultura, pero improductivas. Usted podría hacer la más grande reforma agraria y podría multiplicar por 4 o 5 veces la producción agraria en Colombia sin tener que tumbar bosques, porque eso ya está dentro de la frontera agrícola si se pudiera poner al servicio de la producción esa tierra.

Entonces lo que yo he propuesto es que a través del impuesto predial, que realmente se combata el no pago de este impuesto, inclusive que se aumenten las tarifas y que se eliminen las exclusiones y exenciones y que se le dé a esas mismas personas la posibilidad de invertir en proyectos que obedezcan a objetivos de desarrollo sostenible para rebajar o anular esos impuestos, pero por contera, cuando a la gente le empiece a costar mantener un latifundio, van a tener que tomar la decisión de empezar a fragmentar su propiedad y a ofrecerla en el mercado a no ser que tenga la capacidad y el arrojo de convertirse de un día para otro en un gran empresario que nunca lo ha sido”.

Usted también propone crear un fondo de pensiones para los campesinos despojados de sus tierras, explíquenos en qué consiste...

“El Estado simultáneamente debe estar activando toda la munición de los esquemas de extinción de dominio para recuperar esas tierras que fueron arrebatadas a los despojados del país, pero el asunto que hay que tener en cuenta es que gran parte de esa población ya son adultos mayores retirados, que viven en las ciudades, con hijos urbanizados, que claramente recibirán la tierra que hace muchos años les quitaron pero para qué, para venderla al día siguiente.

Qué le interesa a buena parte de esos adultos mayores que antes eran campesinos, una pensión de jubilación. Entonces se puede crear un fondo de pensión para los despojados, que la puede financiar a través de recibir esas tierras, no devolvérselas a sus dueños sino reasignarlas y no por títulos de propiedad sino por sistemas de usufructo de leasing o arrendamiento o comodato a proyectos asociativos de gente joven y preparada en tecnología agropecuaria para darle un vuelco realmente a la agricultura y con los recursos que se reciban se financiará ese fondo de pensiones y es obvio que para un campesino es mejor tener una pensión, que el encarte de tener un pedazo de tierra cuando uno no tiene capacidad ni preparación ni medios ni edad para ponerla a producir”.

Alguien le ha cogido la caña...

“David Bojanini, quien no es agricultor pero hemos hablado de hacer estudios actuariales sobre el tema. Esta es mi propuesta, pero no creo que alguien lo esté discutiendo”.

Pero si no lo dice usted, quién...

“Eso es cierto”.

Ahora que hablamos de empresarios, cuál debe ser el rol de ellos en todo este cuento ambiental...

“Así como se habla de Responsabilidad Social empresarial, tenemos que empezar a hablar de Responsabilidad Ambiental Empresarial, pues ya que van a ser en el futuro contribuyentes, que ellos tengan la capacidad de compensar esas contribuciones con inversiones, que algunos como el Grupo Argos ya empezaron a trabajar. Yo inclusive tengo como sueño o ideal que convirtamos al Banco de la República en un banco neutral de carbono. Eso se logra midiendo la huella ambiental en el transporte, la fábrica de billetes, monedas y demás, para mover unos recursos que compense eso en un proyecto que ya esté funcionando, porque nosotros no somos reforestadores, pero sí apoyar uno que esté certificado y que tenga la capacidad para emitir certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Costa Rica tiene la meta a 2022 de convertirse en un país con carbono neutral y han recibido mucho apoyo en ese empeño, lo cual muestra que no es imposible”.

Usted también ha dicho que el Estado debe recuperar el control del manejo del agua. ¿cuándo lo perdió?

“La más delicada secuela del cambio climático en el mundo es el estrés hídrico, y agricultura y alimentos se escriben con agua y eso compromete no solo la estabilidad de precios sino la seguridad alimentaria. El estrés hídrico es la amenaza más grande para la supervivencia de la humanidad. Colombia se ha caracterizado como un país rico en hidrología. Más del 60% de la energía eléctrica es hidro, que es una energía relativamente limpia.

El agua en Colombia ha venido privatizándose, no en todas en las instancias, pero se ha venido privatizando. Después de la reforma agraria de 1961 y de la construcción de los grandes distritos de riego que comenzaron en los 50 con el Dr. Mariano Ospina Pérez quien hizo los distritos de Coello y Saldaña que hoy siguen siendo los más grandes, y luego durante la administración del Dr. Carlos Lleras Restrepo vino una segunda ola de distritos de riego y creó las asociaciones de usuarios campesinos para impulsar, vigilar y propiciar el proceso de reforma agraria y luego vinieron unos leves cambios y finalmente reforma agraria no ha habido en Colombia, pero dentro de ese marco se crearon las asociaciones de usuarios de riego, pero con el tiempo y como pasa con algunas de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), esas autonomías muchas veces tienden a desinstitucionalizar al Estado y el Estado se va librando de eso y se lo va delegando a particulares.

En algunas instancias, no en todas, ese tipo de entidades se han venido politizando, han venido siendo capturadas no solo por políticos, sino por sectores inclusive empresariales con intereses particulares de dominancia y en eso terminan aliados con la clase política y terminan sacrificando la equidad de un recurso eminentemente público y sagrado como el agua.

Ha habido muchos problemas en ese sentido y cada vez que se habla de agua uno percibe que el Estado ha perdido el control. En muchas zonas arroceras los canales de riego están manejados por las juntas de usuarios en las que unos son más responsables que otros, pero ahí por ejemplo no hay cuidado del agua en los orígenes y en las cuencas. El Estado debería recuperar ese control sin delegar de manera autónoma e independiente en los usuarios el uso. Es probable que se apruebe que los usuarios sigan interviniendo estas zonas, pero bajo el control estricto del Estado.

Además, hay que revisar las tarifas del agua porque la impresión que yo tengo es que las actuales no cubren los verdaderos costos, como decíamos ahora, ni generan las suficientes provisiones y recursos para que los usuarios terminen devolviéndole a la naturaleza lo que les ha dado o por lo menos impulsar su conservación o tener una mayor consciencia y uso responsable de la misma”.

Finalmente, ¿cómo ve el “crecimiento verde” que prometió el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado el semestre pasado?

“Yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene un buen enunciado, es bonito y demás, pero no tiene unas metas concretas ni habla de recursos”.

Contexto de la Noticia

OPINIóN medir ayuda a crear consciencia

carlos gustavo cano
Codirector del Banco de la República
“Los costos de la contaminación se deben incorporar en los precios, que son señales del mercado a los inversionistas y los consumidores para decir la verdad ecológica y para que se tomen las decisiones económicamente correctas”.
Nicolás Abrew Quimbaya

Comunicador Social-Periodista, especialista en Economía de la U. Javeriana. Editor de Economía.

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