Mintransporte anunció lluvia de demandas para frenar a Uber

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Santiago Valenzuela

29 de junio de 2016

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La última carta del Gobierno para impedir el funcionamiento de la plataforma Uber es llenar de demandas los estrados judiciales. Solo así se lograría que un juez ordene el bloqueo de la aplicación.

La manifestación nacional de taxistas que se llevó a cabo el pasado martes (en la que participaron cerca de 30.000 conductores) no fue suficiente para que los ministros de Transporte y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se pusieran de acuerdo sobre la posible regulación o eliminación de Uber.

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En medio de la manifestación, la directora de Tránsito y Transporte del Ministerio, Ayda Lucy Ospina, aseguró que se presentarán varias demandas con el fin de que un juez le ordene al Ministerio de las TIC que bloquee plataformas como Uber. Ospina ha señalado que se interpondrán desde “acciones penales o civiles” para lograr que un juez falle a favor del Estado.

La conclusión a la que llegó el ministerio de las TIC, David Luna, es que debe existir una orden judicial que ordene el bloqueo de la plataforma: “La ley colombiana señala como principio la neutralidad de red, ninguna aplicación puede ser bloqueada o interpuesta, a menos que exista la orden del legislador o una orden de un juez. Y además, no es el Ministerio TIC quien bloquea las aplicaciones, son los operadores quienes ajustados a una orden lo hacen”, dijo.

La neutralidad de red se puede comparar con principios como la libertad de expresión. Por esta razón, en lugar de atacar la plataforma, el Ministerio de Transporte ha ordenado inmovilizar los vehículos que utilizan los conductores de Uber y que generalmente no cumplen con las normas que solicita el gobierno: que los vehículos estén afiliados a una empresa, que los conductores estén certificados y que el carro tenga una franja lateral en ambos costados para identificar que es de transporte especial. Esta medida, a juicio de los taxistas, no ha sido del todo efectiva.

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Recientemente, Uber lanzó el servicio “Uber Pool”, que en teoría permite que se preste el servicio de transporte a través de de la figura de “carro compartido”. Esta idea fue calificada por el Ministerio de Transporte como “retadora”, pues insiste en que Uber no es una empresa legalmente constituida y que genera una competencia desleal frente a los taxistas.

Sobre este punto, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Ospina, ha señalado que desde que entró Uber a Colombia las ganancias se han disminuido hasta en un 60 %.