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A dos meses del cierre de este año, una de las discusiones que está pendiente es la del incremento del salario mínimo. Las iniciativas para fijar esa remuneración a partir de enero de 2018 ya empiezan a escucharse y la cifra que se menciona es 4 %.
Con ese número, el actual sueldo mínimo de 737.717 pesos se aumentaría en 29.508 pesos, en 767.225 pesos para 1,7 millones de trabajadores que se estima devengan esa suma en el país.
El próximo anuncio de los indicadores de productividad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) será uno de los insumos claves para esa negociación, que estará a cargo de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), en la que confluyen el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.
El otro factor determinante será la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que según las estimaciones del equipo técnico del Banco de la República será de 3,9 %, cifra que está en el rango meta del Emisor (2 % y 4 %), pero inferior al 5,75 % acumulado en todo el 2016.
La convocatoria de la CPCPSL le corresponde al Ministerio del Trabajo, mientras que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) divulgará en noviembre el indicador de productividad (ver Paréntesis).
Por parte de los empresarios, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, comentó que aún es temprano para pensar en una propuesta sobre el ajuste del salario mínimo para 2018. “La primera reunión se hará a comienzos de diciembre, con los datos de inflación disponibles de octubre y noviembre”.
No obstante, el dirigente admitió que el escenario está dado para que la inflación se mantenga a la baja, en línea con los pronósticos del Emisor. “En cuanto al incremento de la productividad, no veo que haya un aumento, pero eso es algo que miraremos y evaluaremos con calma”.
El secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, señaló que esta organización está discutiendo la información disponible para estructurar una propuesta. “Cada central obrera está haciendo sus propias cuentas y lo más probable es que de aquí al jueves de la próxima semana nos juntemos para hacer un anuncio”.
Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), sostuvo que la discusión será muy compleja, particularmente, en un entorno duro dado el aumento del desempleo que se ha observado en las grandes ciudades.
Según el dirigente, mientras en septiembre de 2016 el desempleo en las ciudades fue 9,8 % en el mismo mes de este año subió a 10,6 %. “El peor favor que le podría hacer la administración de Juan Manual Santos al país, saliendo, es, nuevamente, que en aras del posconflicto se vuelva generoso reajustando el salario mínimo al 7 % como lo ha hecho en años anteriores, porque eso solo compra mayor desempleo”.
En las cuentas de Anif, el ajuste del salario mínimo para el año que viene no debe desbordar el 4,5 %, cifra que sale de una inflación que terminaría en 4,2 % y unas ganancias en productividad que se estiman en 0,3 %. “Al ajustar el salario mínimo en 4,5 % estamos resarciendo la pérdida adquisitiva de 2017 y premiando la productividad laboral que fue pobre”, añadió Clavijo.
Insistió en que si el Gobierno se empeña, como en años anteriores, en dar uno o dos puntos por encima del 4,5 % lo que se va a conseguir es un desempleo que podría llegar a tasas de 11,5 % en las principales ciudades.
Para Camila Pérez, directora de Análisis Macroeconómico del centro de pensamiento Fedesarrollo, con una inflación al cierre de 2017 del 4 %, el aumento del salario mínimo para 2018 debe estar cercano a ese índice.
“Ojalá no ocurra lo del año anterior, pues el incremento del 7 % fue muy costoso para las empresas. Esa será una discusión difícil y desde ya hay muchas propuestas, pero en la coyuntura actual no debería aumentar más del 4 %”, dijo.
El director de Investigaciones de Credicorp Capital, Daniel Velandia, planteó que el ajuste podría ser del 5 %, al sumar una inflación del 4 %, un 0,5 % de productividad y otro 0,5 % por el año electoral que se avecina. “Un aumento mayor sería perjudicial, pues evitaría que el Emisor baje su tasa de interés y podría causar más desempleo” .