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En una resolución de 275 páginas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que durante 13 años operó en Colombia un cartel empresarial para la fijación de precios de los cuadernos y sancionó a las compañías implicadas, incluyendo a varios directivos.
El documento firmado el pasado jueves por el superintendente, Pablo Felipe Robledo, señala que las empresas Carvajal, Kimberly y Scribe mantuvieron entre 2001 y 2014 un acuerdo anticompetitivo, soportado en una compleja y sofisticada estructura ilegal, que tuvo como finalidad violar la libre competencia económica en detrimento del bienestar de los consumidores colombianos.
Ante las infracciones al régimen de protección de la competencia, la parte resolutiva del texto estableció un par de multas que suman 14.823 millones de pesos contra Carvajal, mientras Kimberly y Scribe fueron exoneradas de sus sanciones por 29.646 millones y 11.720 millones de pesos, respectivamente, por haber colaborado como delatoras y aportar la información para adelantar la investigación.
El proceso también involucró a empleados de esas compañías, contra quienes igualmente se ordenaron sanciones monetarias que suman 1.519 millones de pesos. Al igual que en la decisión de las empresas, las únicas multas que dejó en firme la SIC fueron las impuestas a los colaboradores de Carvajal, que oscilan entre 1,37 millones y 302,2 millones de pesos.
En el artículo 19 de la Resolución, la SIC otorga el recurso de reposición, en un término de 10 días hábiles, a las empresas y personas afectadas.
Según los cálculos de la SIC, durante los 13 años que estuvo activo el cartel de los cuadernos, el precio de estos artículos pudo observar un aumento del 10 % en el escenario más bajo, y de un 30 % en el escenario más alto.
“Para el caso en el que se supone que el cartel empresarial ha provocado un aumento del 10 % en los precios, el sobrecosto que enfrentaron los consumidores correspondería a 217.285 millones de pesos”, se lee en la página 149 del fallo.
Igualmente, se explica que con un aumento de precios del 30 %, el sobrecosto asumido por los clientes durante el periodo de actividades del cartel sumó 551.570 millones de pesos.
La Superintendencia también aseguró que el efecto de esta mala práctica empresarial recayó sobre los hogares colombianos con menores ingresos (estratos 0, 1 y 2).
Para la entidad, tomando cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2014 existieron 7,83 millones de hogares con al menos uno de sus miembros estudiando, de los cuales el 72 % (unos 5,7 millones de hogares) era de estratos bajos.
Igualmente, se comenta que la cifra estimada de sobrecosto asociado al cartel de precios de los cuadernos equivaldría entre 4.800 y 12.200 casas VIS (a razón de 45,2 millones de pesos cada una) a las que hubieran podido acceder los colombianos de no haberse dada la conducta ilegal.
Tras conocerse la Resolución 54403, Carvajal emitió un comunicado en el que anunció que recurrirá a todas las instancias legales para demostrar que no ha incurrió en prácticas contrarias a la competencia y que no causó perjuicio a los consumidores colombianos.
Además señaló que “contrariando los derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia, la SIC ignoró más de 20 documentos, 31 testimonios e interrogatorios, 2 dictámenes periciales de reputados economistas y decenas de horas de contra preguntas a los delatores que demostraban las debilidades e inconsistencias del caso”.
En el texto la empresa sostuvo que la Superintendencia tampoco tomó en cuenta los estudios económicos independientes que “indican claramente que las conductas de las cuales se nos acusa no pudieron haberse llevado a cabo y, sobre todo, que los consumidores no pueden haber sido afectados por nuestras prácticas comerciales”.
Por su parte, Emilio Archila, abogado de Carvajal, le dijo EL COLOMBIANO que tal y como está el fallo, esta empresa sería la única que pagará la multa, dado que las otras dos se acogieron al programa de delación y tuvieron beneficios.
También comentó que Carvajal agotará el recurso de reposición frente a la misma SIC, y que de ser necesario interpondría una demanda de nulidad ante la justicia contencioso administrativa.
Consultado sobre la suerte de los empleados de Carvajal sancionados, Archila reconoció que no todas siguen laborando en la compañía .