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Con tres fallos proferidos en los dos últimos meses, el Consejo de Estado ratificó las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en diciembre de 2008 contra Cementos Argos, Holcim y Cemex.
Según la SIC, en sentencia del pasado jueves, el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, confirmó la sanción impuesta a Cementos Argos y a su representante legal para la época de los hechos, José Alberto Vélez, por haber conformado, junto con Cemex y Holcim un cartel empresarial, entre junio y diciembre de 2005.
El fallo de última instancia ratificó que en ese periodo las compañías actuaron coordinadamente para fijar precios y repartirse el mercado de este material, violando así “la eficiencia económica, el buen funcionamiento del mercado y el bienestar general de los consumidores”.
Con esta determinación quedaron confirmadas las multas impuestas por la SIC, hace diez años, de 923 millones de pesos para el caso de Cementos Argos y 138 millones de pesos para Vélez.
Mediante información divulgada en la web de la Superintendencia Financiera, la cementera paisa explicó que la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había sido favorable a la compañía y a su expresidente.
“Cementos Argos reitera, tal y como lo argumentó en el proceso, que sus actuaciones y la de su expresidente José Alberto Vélez, se ajustaron en todo momento a la ley”, se lee en el reporte (ver Para saber más).
Dentro de este mismo proceso, el pasado 14 de junio el Consejo de Estado confirmó las sanciones contra Cemex y a su representante legal, César Constain Van Reck.
El día 21 de junio, el tribunal también dejó en firme las sanciones impuestas a Holcim y a su representante legal, Bernard Gerard Terver.
Para el exsuperintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio, el pronunciamiento del Consejo de Estado prueba que las empresas tuvieron un acuerdo de precios. “Las sanciones que se impusieron en ese momento eran las máximas que se podían aplicar con la normatividad vigente, que era dos mil salarios mínimos legales mensuales”.
Destacó que con las modificaciones a las normas hoy se puedan aplicar multas mayores. “Hace diez años el superintendente estaba amarrado, porque no podía establecer sanciones superiores. La Ley 1340 de 2009 subió los castigos que puede poner la autoridad de competencia de dos mil a cien mil salarios mínimos legales mensuales”.
Aunque la providencia de 92 páginas, firmada por la consejera ponente Rocío Araújo cierra un proceso de trece años, contra la industria cementera en Colombia hay otras causas en trámite.
En diciembre de 2017 la SIC sancionó con 202.805 millones de pesos a estas empresas y a seis de sus directivos.
En este caso las multas contra las cementeras que representan el 96 % del mercado colombiano de cemento, también obedecieron a la existencia de un acuerdo para la fijación de precios, entre enero de 2010 y diciembre de 2012, es decir durante tres años.
Contra la Resolución 81.391 expedida por la SIC, las compañías han precisado en lo corrido de este año que han adelantado los recursos legales para que las sanciones sean revocadas.
En otra sentencia proferida el pasado jueves, el Consejo de Estado determinó que Holcim deberá hacer efectiva la póliza de seguros de 763 millones de pesos que adquirió como garantía de cumplimiento de un acuerdo que celebró con la SIC en el 2006 para no ser investigada.
Aunque EL COLOMBIANO intentó obtener una respuesta de Holcim sobre este último pronunciamiento, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
A su turno la SIC insistió en que desde 1997 ha adelantado cinco investigaciones contra empresas del sector cementero por cartelización.
Las tres primeras investigaciones terminaron con la aceptación de ciertos compromisos de comportamiento que dichas empresas propusieron a la SIC.