Economía

Datos y tecnología para saber trazabilidad del oro

Varias plataformas permitirán determinar que el oro comercializado es producido legalmente. Así se cerraría una vena rota para la Nación.

La trazabilidad del oro permitirá a las autoridades determinar quién está explotando minas o ríos y si este tiene autorización, de lo contrario no podría comercializar, lo que a su vez desincentivaría la ilegalidad en el sector. FOTO Juan Antonio Sánchez

Olga Patricia Rendón Marulanda

04 de octubre de 2022

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Conocer con certeza de dónde sale el oro que Colombia le vende al mundo es una misión que hasta ahora parecía imposible. La Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas, la Dian y la Fiscalía llevan casi una década enfrascados en darle solución a un problema estructural del mercado de minerales preciosos en el país.

Este ha sido un negocio tan turbio como el contrabando o el mismo narcotráfico, financiado por máquinas de guerra como las guerrillas y el Clan del Golfo, que explotan las entrañas de la tierra sin consideración con los impactos ambientales que generan.

Y la inmensa mayoría de ese oro que fue sacado ilegalmente (sin títulos, ni permisos y sin pagar IVA ni retención en la fuente), termina exportado legalmente a Estados Unidos y Suiza, principalmente. Se cree que al año más de 10 toneladas de oro son exportadas sin haber sido sacadas por mineros autorizados con títulos o reconocidos como mineros de subsistencia.

Este diario explicó hace tres años, en la investigación “Tras el oro turbio”, cómo algunos comercializadores locales e internacionales se las ingeniaban para falsificar documentos, comprar cupos de oro a los mineros de subsistencia y suplantar personas para darle apariencia de legalidad a sus transacciones.

Muchos procesos, al menos contra cuatro grandes comercializadoras internacionales de oro están en los estrados judiciales, sin que haya hasta hoy ninguna condena.

Pero no basta con llorar sobre la leche derramada. Las autoridades saben que esta es una vena rota por la que se está yendo gran parte de los recursos de los que podría gozar la Nación. Por eso, la Agencia Nacional de Minería (ANM) buscó ayuda en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para realizar una plataforma que permita la trazabilidad de toda la cadena, de modo que el Estado y el consumidor final conozcan el historial completo del mineral y su trayectoria en cada una de las etapas de la cadena de suministro.

Un sandbox regulatorio

Para implementar una tecnología de avanzada, que permitiera la trazabilidad del oro en el país se requería aunar esfuerzos desde lo público, la cooperación internacional y los privados con conocimiento.

Por eso en 2020 surgió una idea de la que pocas personas del sector se enteraron, se realizó una versión beta de un software para conectar a los comercializadores en la región. Hasta entonces estos actores no tenían interacción entre ellos, solo debían estar en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) para operar, y era justamente en ese eslabón de la cadena donde mayores problemas se presentaban.

“Cuando llegamos en 2021 sabíamos que ya existía la tecnología, que era posible realizar una plataforma de un nivel más avanzado que nos permitiera la completa trazabilidad, pero el problema era que el Estado no tenía la capilaridad, por eso busca a la OEI”, cuenta José Alveiro Goyeneche, encargado de liderar este proyecto.

Fue así como en marzo de 2021 comienza a andar lo que llamaron Sandbox regulatorio, un arenero de prueba en la que invitaron a participar a más de 7.000 personas entre mineros, comercializadores, sector financiero, academia, empresas de tecnología y a las instituciones del Estado.

Con las ideas de todo el público objetivo 35 empresas tecnológicas, agrupadas en 10 Operadores Tecnológicos de Trazabilidad de Minerales (OTTM), que se conforman en una especie de consorcio o de unión temporal, desarrollaron 10 plataformas para lograr la captura de datos transaccionales entre los productores y los comercializadores. Entre dichas empresas están Trazoro, Olimpia, BCFort, Khauta, Maria Trazabilidad, Netgold, Baqueo y Orange.

Cada OTTM debe cumplir unos requerimientos mínimos para que el dato sea aprobado por el gobierno, entre esos que se valide la identidad de las personas (mineros) contra la base de datos de la Registraduría a través de biometría, de modo que se supriman las posibilidades de suplantación o de utilización de datos de personas muertas para las operaciones.

Además, deben sellar los documentos electrónicamente e integrarlos a los sistemas de facturación electrónica de la Dian, para que el Gobierno cuente con información en tiempo real y se garanticen los pagos de los impuestos a los que haya lugar. Y, por último, consultar a las personas en listados de bases restrictivas como centrales de riesgo y la lista Clinton. Esto hace que el gobierno sepa en tiempo real quien vende y quien compra con un mayor grado de certeza.

El futuro

Luego de realizar siete pruebas de registro: compra a mineros de subsistencia, compra a títulos mineros, compra a comercializadores, transformaciones, front end y exportaciones, las OTTM están casi listas para entrar a operar como agentes del mercado, que competirán por clientes para entregarle datos confiables al Estado.

Muy pronto hacer las transacciones a través de alguno de estos operadores será obligatorio para todo el sector, y se espera que esta experiencia se pueda replicar en otros minerales como las esmeraldas.

Como los OTTM entrarán a competir, cada uno está esforzándose por dar valores agregados, ya hay quienes están empezando a implementar analítica de datos para determinar cuando una operación es sospechosa e informarlo de inmediato a la Unidad de Análisis de Información Financiera (UIAF), blockchain para hacerse más seguras y hasta geolocalización.

De momento, aún está pendiente la implementación en el origen de la explotación que no puede adelantarse mediante GPS por la ley de habeas data y la protección a la intimidad de las personas. Así mismo está pendiente la implementación de la inclusión financiera del sector minero, que ya tiene piso legal pero que ha sido difícil de ejecutar por la banca porque saltan las alertas de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft).

empresas participaron en la formulación de las plataformas de trazabilidad.