viernes
7 y 9
7 y 9
Supersociedades agiliza demandas y procesos empresariales
Esta instancia, diseñada por la Superintendencia de Sociedades, recibe 400 demandas cada año. La entidad sigue en lucha contra captación ilegal.
-
Francisco Reyes, superintendente de Sociedades, impulsa la creación de la ventanilla única empresarial, que centralice los trámites de constitución de una compañía. FOTO Edwin Bustamante
04 de junio de 2018
bookmark
La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de las empresas para la presentación de sus balances y resultados, la creación del Juzgado de Derecho de Sociedades y la lucha contra la captación ilegal de recursos hacen parte de los avances de la Superintendencia de Sociedades en los últimos cinco años.
En 2018, por ejemplo, fue la primera vez que se pudo hacer una comparación de los resultados empresariales (2016-2017) bajo los mismos parámetros y por lo que todas las cuentas (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y ganancias) se ajustaron a esas disposiciones.
Así lo destacó, en diálogo con EL COLOMBIANO, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, quien también llamó la atención sobre el cumplimiento de unas 20 mil compañías que se ajustaron a las NIIF.
Después de este ejercicio, ¿quiénes no hicieron la tarea?
“No tenemos todavía el dato, estamos haciendo el requerimiento a las compañías que no reportaron oportunamente, pero lo que sí hemos notado es que cada vez hay más acatamiento de la obligación de reporte. Este año redujimos el universo de la muestra para reducir también costos de transacción y concentrarnos solamente en las compañías más importantes, pero el reporte debe consolidar unas 20 mil compañías”.
¿Qué tan precisas son las empresas a la hora de aplicar las NIIF?
“Las NIIF son una clasificación de las distintas cuentas del balance y una forma de registrar los distintos hechos económicos. Por ejemplo, los intangibles, las provisiones, las depreciaciones, las amortizaciones; es decir que es una técnica que no garantiza necesariamente que todo lo reportado sea exacto o correcto. Es posible que haya personas que no reportan exactamente lo que corresponde, pero el sistema es mucho más preciso y mucho más acercado a la realidad económica de las compañías. En los chequeos selectivos que se han hecho se ve que hay un alto cumplimiento y un alto acatamiento de estas normas”.
Luego de 44 meses al frente de la entidad, y a casi dos meses de terminar su gestión, ¿qué otros hitos destaca?
“El tránsito de todas estas compañías al régimen de las NIIF fue exitoso. Muchos decían que esto no sería posible y hubo una gran oposición. Además, pusimos en marcha el Juzgado de Derecho de Sociedades, en el que en los últimos años ha ido aumentando el número de demandas. Se están tramitando más de 400 demandas de sociedades por año; el término de esas demandas, entre el momento en que se presenta y se notifica, y el momento en que se expide la sentencia es aproximadamente de 6 a 8 meses, es un juzgado muy rápido”.
¿Qué clase de demandas se resuelven?
“Demandas entre los accionistas, demandas a los administradores, demandas de desestimación de la personalidad jurídica, demandas de impugnación de decisiones de asamblea, de junta directiva, nombramiento de peritos, disolución de la compañía o liquidación, conflictos intrasocietarios. Es una cosa maravillosa, porque funciona bajo un sistema de expediente electrónico y todo se puede hacer en línea. El trámite se puede hacer virtualmente, los testimonios se pueden tomar por videoconferencia, en fin, es bastante útil” (ver Paréntesis).
¿El mecanismo descongestiona el sistema judicial?
“Pues no, porque prácticamente no había demandas de este tipo. Lo que se hizo fue desarrollar toda una aplicación del derecho de sociedades que no existía, porque los trámites eran muy lentos y era difícil lograr una sentencia. Es decir, había una falta de especialidad en las decisiones que la gente prefería hacer arreglos directos, incluso acudir a arbitraje, pero no había fallos judiciales tan detallados y tan prolijos como los que tenemos ahora”.
¿Qué balance se hace de los fallos proferidos?
“Hay un porcentaje importante que termina en conciliaciones, porque el juez nuestro tiene la facultad de imponer medidas cautelares; o sea, cuando encuentra que la demanda tiene hechos que podrían dar lugar a una condena, finalmente puede imponer una serie de medidas cautelares que normalmente indican que hay una posibilidad de que se pierda el proceso, lo cual hace que las partes lleguen a conciliaciones. También una parte que se resuelve con sentencias. Hemos logrado desarrollar prácticamente todas las parcelas del derecho de sociedades”.
Una sentencia, ¿ante qué instancia se apela?
“Se puede apelar ante el Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá”.
Pese a lo actuado contra la captación ilegal de recursos, el fenómeno
sigue vigente...
“En ese ámbito yo creo que hemos trabajado en varios frentes. Uno es el administrativo, que es intervenir a todo el que capta ilegalmente. El año pasado fue récord en intervenciones a 120 entidades, entre personas naturales y jurídicas. Además, con los liquidadores e interventores estamos tratando de consolidar patrimonios, actuando en Colombia y por fuera del país, para recuperar bienes que deben servir para reparar a las víctimas. En un segundo componente hemos logrado un decreto para que se establezcan unas pautas específicas para los que comercializan libranzas y en tercer lugar hemos trabajado con el Congreso en un proyecto de ley para establecer que cualquier comercialización en estas actividades tiene que ser realizada y solo puede ser tramitada por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que puede ser una cartera colectiva o una entidad fiduciaria”.
Pero, ¿ha servido la Ley 1116 de 2006 o Ley de Insolvencia?
“La Ley realmente ha funcionado muy bien, el Banco Mundial en el índice Doing Business clasifica el sistema de insolvencia en Colombia como el primero en toda América Latina y la estamos promoviendo. Esto es muy importante porque es una noticia nueva, hay un decreto reglamentario que esperamos sea suscrito por el presidente en los próximos días, el cual reglamenta muchos aspecto de la Ley 1116, con miras a simplificar trámites y a hacer más rápido y más eficiente la labor del juez de insolvencia”.
Las empresas que acogen la figura, ¿en qué porcentaje han podido salir adelante?
“Más de la mitad de las compañías que entran en trámites de insolvencia salen adelante, esta es una estadística que tenemos sobre eso y menos de la mitad entran en trámites de liquidación judicial bien porque no logran un acuerdo con los acreedores o porque habiendo logrado un acuerdo lo incumplen, no pueden continuar operando porque no cumplen los calendarios de pago que se fijan en el acuerdo”.
Y, en cuanto a constitución de nuevas empresas, ¿cómo estamos?
“Creo que a partir de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), el número de compañías que se crean en el país aumentó de manera exponencial. Según las estadísticas de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), en los últimos diez años se han creado cerca de 500.000 sociedades por acciones simplificadas, podemos estar hablando fácilmente de un promedio de creación de sociedades que supera las 50.000 por año. Esa es una cifra importante para un país del tamaño de Colombia. Pero por supuesto dentro del ciclo de los negocios muchas compañías fracasan y se cierran, entonces es absolutamente normal que se creen y salgan compañías. Insisto, yo creo que las SAS, como es un instrumento tan flexible y tan amigable para los empresarios ha permitido un incremento de la formalización empresarial, todavía faltan algunos pasos por dar, pero en todo caso de ha avanzado muy significativamente”.
Con esas facilidades que da la creación de empresas SAS, ¿hay una abuso de la figura?
“Normalmente no. La gran mayoría de estas compañías funcionan para propósitos legítimos y para aquellas que actúan al margen de la ley hay una cantidad de mecanismos que están dentro de la misma ley para prevenir esas clase de situaciones. Es decir, para descorrer el velo, para imponer sanciones a los administradores, para castigar a los accionistas que abusan del derecho, a las mayorías abusivas, las SAS tienen mecanismos muy modernos, muy actuales para ese propósito. Los grandes fraudes que han ocurrido en el país, el caso DMG, el caso de InterBolsa, entre otros, no se dieron por Sociedades por Acciones Simplificada, se dieron por Sociedades Anónimas”.
En 44 meses de gestión en la superintendencia, ha enfrentado coyunturas complejas, mencionó a InterBolsa pero también tuvo a Estraval, Élite...
“La Supersociedades trata de recuperar lo que se pueda. Normalmente, estas son operaciones de mucho riesgo en las que un captador ilegal ofrece rendimientos que están muy por encima de las condiciones normales del mercado. Una de las causas de intervención es que no existe una justificación financiera razonable para la contabilidad que ofrece, entonces la superintendencia puede ver que hay hechos objetivos o notorios de captación ilegal y con eso procede a la intervención de la sociedad, de sus administradores, de sus accionistas, de sus revisores fiscales y de todos aquellos que se hayan beneficiado con la operación. Hay casos muy exitosos, el caso del Fondo Premium por ejemplo, es un caso en el que se logra devolver casi el 100 por ciento del capital de las personas y sobran unos recursos para pagar unos impuestos. Yo diría que las tasas de recuperación nuestras están por encima de los niveles internacionales. También hay casos en los que es mucho más difícil recuperar, por ejemplo, en el caso de Estraval ya se hizo un reparto de 52 mil millones de pesos en efectivo, y se está tratando de recaudar más dinero. Es muy posible que en los próximos meses hagamos nuevos repartos. El caso de Élite también tiene unos recursos ya retenidos, y hay que depurar unas cuentas, pero eso es de una gran complejidad y dura bastante tiempo. Y es necesario que duren, porque es la única forma en que la superintendencia y los liquidadores pueden recuperar activos, pues no tiene mucho sentido hacerlos muy rápidamente porque se corre el riesgo de que aparezcan cosas después o personas que tienen que ver y esas personas se queden indemnes y no haya absolutamente ninguna acción del Estado. Lo que hemos visto es que hay una proliferación de captaciones ilegales bajo todos los ropajes, los más insólitos, van desde estos casos bursátiles como el de InterBolsa, Premium, pasando por compañías como Factor Group, que eso era una compañía de factoring supuestamente, pero donde los productos que se venden no son legítimos en muchos casos. En el caso de las libranzas, pues las libranzas eran falsificadas, gemeliadas, había realmente un delito que se estaba cometiendo con esta cosa. Ha habido multiniveles también falsos y subsisten todavía increíblemente las pirámides de esquina”.
Además de avivatos, en el tema de captación ¿hace falta educación?
“Hay un tema de educación financiera por un lado y es que pues no hay suficiente conciencia de que una rentabilidad muy alta apareja un riesgo igualmente alto. La regla básica de las finanzas es esa: si uno está asumiendo un riesgo pequeño pues va a tener una rentabilidad menor. Y hay una cultura de dinero que hace que una persona que ve que va a ganar en un mes el 300 por ciento de su inversión se vea motivada a entregar recursos, pero además las personas que promueven estos esquemas no son tontas, son muy hábiles en persuadir, tienen estructuras de mercadeo muy sofisticadas, utilizan redes de corredores que logran persuadir a gran cantidad de personas, de todos los estratos, esto penetra todas las clases de la sociedad. Y lo otro, es que es supremamente difícil detectar estas situaciones, muchas pasan inadvertidas. Hemos observado un fenómeno que es muy frecuente, y es que la información sobre estas situaciones se da solamente luego de que ha habido un colapso, normalmente a nosotros no nos llegan reportes antes de que la cosa colapse”.
¿En qué el proceso Estraval?
“Estraval viene avanzando progresivamente, se han ido cumpliendo las distintas estancias del proceso. Se hizo un primer reparto de 52 mil millones de pesos entre los afectados, el liquidador ha recaudado activos adicionales, estamos esperando a tener una cifra significativa para hacer un segundo reparto, y la idea es seguir interviniendo personas que tienen bienes y que participaron en la defraudación y tratar, en la medida de lo posible, de ampliar ese acervo de bienes para tener una posibilidad de resarcimiento mayor”.
¿En ese caso la Supersociedades sigue actuando?
“Claro, esa compañía está intervenida, están intervenidos sus accionistas, hay como cuatro o cinco sociedades relacionadas e intervenidas, sus accionistas, sus representantes legales y revisores fiscales”.
El caso Elite...
“También viene avanzando, es un proceso muy complejo, estas compañías operaban simultáneamente con unas cooperativas que eran las originadoras de los pagarés de libranzas. También hay recursos que estamos recaudándolos y se trata también, tan pronto exista un acervo suficiente de dinero efectivo, hacer un primer reparto en el caso Élite. Normalmente estas personas operaban con cooperativas o con otras sociedades, y esas sociedades originaban los pagarés y luego se los vendían a la comercializadora, que es Élite o Estraval o Suma Activos o cualquiera de estas, y estas a su vez los colocan a los inversionistas”.
¿Qué pasa en lo penal cuando acaban los procesos de intevención?
“Nosotros trabajamos con la Fiscalía, tenemos un convenio muy activo de colaboración con ellos, les suministramos pruebas. El proceso penal tiene unas grandes complejidades también, es mucho más alto el umbral probatorio requerido en el proceso penal, en el proceso administrativo y pues obviamente, nosotros no interferimos en eso pero muchos de los procesos avanzan con pena privativa de la libertad o con sentencias anticipadas, con condenas, obviamente hay imputaciones en la gran mayoría de estos casos y el juez penal tiene que resolver autónomamente si hay lugar a la condena o no”.
Te puede interesar
El empleo que busca está a un clic
