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La propuesta de gravar más productos básicos de la canasta familiar se cae del articulado de la reforma tributaria. La decisión la tomó el Ministerio de Hacienda luego de conocer la preocupación que habían manifestado ciudadanos, gremios y partidos políticos.
Esto quiere decir que el porcentaje de productos gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la canasta familiar, por ahora, se mantendría en 53 % y no en 80 %, como lo había propuesto el ministro Alberto Carrasquilla.
Richard Aguilar, miembro de Cambio Radical y ponente de la reforma, le aseguró a EL COLOMBIANO que “hoy habrá una subcomisión para revisar hasta dónde podemos recaudar, y lo que no alcancemos sobre los 14 billones debe aplazarse y recortarse el próximo año”.
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“Confirmamos la receptividad del Gobierno frente a los reparos que se habían hecho. Era una decisión improcedente para variables como la inflación”, afirmó Sergio Soto, director de Fenalco Antioquia.
En el marco de esa discusión los gremios del país tuvieron la oportunidad de plantearle al ministro de Hacienda, los reparos que tienen al plan para recaudar el faltante del presupuesto nacional para el próximo año.
Los peros gremiales
La posición de la mayoría de los gremios por la inconformidad de gravar bienes y servicios asociados a sectores del entretenimiento, tecnología y canasta familiar ha sido un palo en la rueda para en la iniciativa.
Uno de los llamados de atención más fuertes lo hizo Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), quien en medio de la audiencia pública de la reforma tributaria (o Ley de Financiamiento) aseguró que “eliminar o disminuir fuertemente el ahorro pensional para cerrar una brecha fiscal es una irresponsabilidad monumental”, esto porque uno de los planes era el de gravar aquellas pensiones superiores a los 4,8 millones de pesos; plan que ahora cobijaría a las de 9,7 millones de pesos; esto quiere decir que los afectados serían sólo 2 % de los pensionados que hay en el país (unas 45 mil personas).
Otro de los descontentos más importantes lo hizo sentir Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), quien advirtió que la economía naranja, caballo de batalla de la política económica del presidente Iván Duque, también se vería afectada en la medida en que la demanda de bienes y servicios tecnológicos podría caer por culpa de la reforma. (ver Paréntesis).
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“Nuestros cálculos indican que el país verá reducido su PIB en más de 9 billones de pesos, en los próximos cinco años, por la desaceleración del mercado de las TIC que traerá un IVA en productos y servicios tecnológicos que hoy no lo tienen”, manifestó.
De otro lado, Aguilar confirmó que esperan tener una propuesta consolidada, durante la próxima semana, con lo expuesto por lo gremios.
Sobre los impuestos que iban al sector agro, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), había advertido que “si excluimos los alimentos y tenemos una tarifa del 19 % en insumos como fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, distritos de riego, entre otros, se traduce en mayor costo al productor y al consumidor”; sin embargo, ni los insumos, ni la cadena de producción estarían gravados.
Finalmente se conoció que un primer estimativo de ese Plan B propuesto al Gobierno estaría generando cerca de 6 billones de pesos. En caso de no conseguirse el dinero faltante para 2019, habría que redistribuir los recursos para los programa sociales
Gobierno y Congreso hemos llegado a un acuerdo para no gravar con IVA la canasta básica esencial. Seguimos trabajando para encontrar alternativas que nos permitan financiar los programas sociales.
— Iván Duque (@IvanDuque) 22 de noviembre de 2018