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La firma de la ley estatutaria de salud por parte del presidente Juan Manuel Santos, tiene tantas reacciones como involucrados hay en el sistema de la seguridad social.
En palabras del mandatario con la norma, que busca garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección, “se acaban varias cosas: se acaba el paseo de la muerte, se acaban las excusas para interrumpir tratamientos a los pacientes y se acaban los abusos en los precios de medicamentos”.
Según Santos, antes de esta ley la salud estaba concebida como un servicio obligatorio con limitaciones. “Seguiremos ampliando el plan de beneficios. Esta ley protege los recursos públicos para la salud de todos y no de unos pocos, no más barreras de acceso a urgencias. La regulación de precios la convertimos en política de Estado”.
El presidente añadió que la nueva ley se suma a la serie esfuerzos adelantados por su administración “para sacar al sector de cuidados intensivos como estaba hace más de cuatro años”, aunque las cifras de la Superintendencia de Salud, a septiembre del año pasado, muestran que cinco de las 17 EPS del régimen contributivo y 16 de las 33 del régimen subsidiado incumplen los indicadores de suficiencia patrimonial y de patrimonio mínimo (ver gráfico).
De parte de los usuarios hay un aire de optimismo, pues consideran que deben generarse un cambio en las condiciones de atención, aunque reconocen que se necesitará tiempo para lograr los ajustes y ver las modificaciones.
Gustavo Adolfo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), comenta que una de las bondades radica en que todo estará en el Plan Obligatorio de Salud (POS), aunque advirtió que para eso habrá un periodo de transición de dos años.
Igualmente Campillo resalta que se abre la posibilidad de que el usuario defina dónde quiere que le presten los servicios de salud. “Dependerá del ciudadano y la autoridad hacer cumplir la ley, pero la nueva norma es supremamente garantista”.
Para Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), la puesta en marcha de la ley estatutaria entrará en fricción con el estado actual de cosas del sistema de salud. “Esto va a obligar a que muchos de sus componentes tengan que ser cambiados”.
El dirigente aclara que el paciente que vaya hoy a solicitar un servicio en los hospitales, al amparo de la nueva norma, no notará un cambio real, primero porque la ley tiene aspectos que tendrán una transición y otros necesitarán una reglamentación.
“Me da temor que empiecen a hacerse interpretaciones, porque hay contenidos que sin una ley ordinaria van a quedar a la libre interpretación de los agentes de siempre”, anota Giraldo.
Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio de las EPS), sostiene que la eliminación del POS puede ser positivo o negativo, dependiendo desde el punto de vista que se mire. “La clave de eso está en si se puede financiar o no, si ocurre lo último esta ley puede terminar siendo una nueva frustración y podría derivar, en un plazo de cinco años, arrastrar financieramente al sistema”.
En las cuentas del dirigente el costo adicional de la ley estatutaria será enorme. “Nuestras cifras coincidían con las de Fedesarrollo y Anif y hablábamos de un mínimo de cinco billones de pesos al año, sin contar el hueco de la deuda. Si la Nación garantiza eso es una maravilla, pero sin recursos tendremos la base de insostenibilidad del sistema”.
Otra consideración de Arias es que en los próximos dos años no va a pasar mucho, porque la norma fijó dos años para que se constituya la instancia técnico-científica que deberá definir las exclusiones.
Desde Aesa (asociación de hospitales públicos de Antioquia), su director, Luis Alberto Martínez, dice que la normativa le servirá al paciente para exigir una atención oportuna, integral y sin dilaciones.
Además, confía en que ese marco sirva de herramienta jurídica para organizar el sistema de salud. “En el caso de los establecimientos estatales, la ley señala que la extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social”.