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Un jugoso negocio inmobiliario, que en el solo valor de la tierra movería 600.000 millones de pesos, es lo que podría resultar de hacerse realidad la propuesta del gobernador Luis Pérez Gutiérrez: sacar la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) de su actual sede en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.
La encargada de darle soporte técnico, económico y jurídico a la iniciativa del mandatario departamental fue la unión temporal CIP Viveka, cuyo criterio experto es que sí es viable trasladar la FLA a otra región de Antioquia.
La FLA está domiciliada en la carrera 50 N° 12 Sur 149 de Itagüí. En un lote de 138.799 metros cuadrados tiene construidos 61.798 metros cuadrados, en usos que incluyen edificios administrativos, tanques de almacenamiento de mieles y alcoholes, planta de fermentación y destilación, planta de envasado y preparación y cuatro bodegas.
De acuerdo con el informe de CIP Viveka, el lote actual, que por normas de planeación tiene un uso industrial, vale 455.503 millones de pesos.
Sin embargo, esa cifra se podría multiplicar, gracias a una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Itagüí. Con un solo artículo se modificaría el uso permitido en el polígono en que está hoy la FLA, pasándolo de industrial a mixto, de manera que permita edificar vivienda y comercio.
Con ese cambio, el precio del lote de la FLA se valorizaría en 143.733 millones de pesos y pasaría a ser de 599.236 millones de pesos. Eso es un dineral. Como referencia de lo que significa podría pensarse en los 980.000 millones de pesos que cuesta el Túnel de Oriente, llamado a reducir el tiempo de recorrido entre los valles de Aburrá y San Nicolás.
Los consultores analizaron diversos escenarios para el desarrollo inmobiliario del lote de la FLA y afirmaron que la mejor opción es un proyecto en el que el 80 % sea vivienda y el 20 % restante para establecimientos comerciales.
Textualmente, los consultores le recomendaron a la FLA y al Gobernador de Antioquia que se discuta “cómo el comprador del lote puede realizar un primer pago y monto restante adeudado, correspondiente al valor total del traslado y la nueva planta de la FLA y el monto adeudado en un período de ocho años, respectivamente”.
Luego de esa confusa redacción, CIP Viveka precisó que “el comprador del predio de Itagüí debe pagar el monto totalizado del traslado de la FLA una vez se haga el cambio de norma del terreno”.
A Jorge Alberto Gómez Gallego, exdiputado del Polo Democrático, no le suena muy bien el modelo de negocio con los particulares que establece el estudio de prefactibilidad de la salida de la FLA de Itagüí.
Según recordó, en una sesión de la Asamblea Departamental, el gerente de la FLA, Iván Correa Calderón, afirmó que no hay en el país un empresario capaz de pagar de contado 600.000 millones de pesos por un lote.
Rubén Darío Callejas Gómez, diputado del Partido Liberal, también escuchó esa afirmación de Correa Calderón y no dejó de expresar sus reservas frente a esas condiciones de pago por el lote de la FLA: un 20 % de contado y el resto a crédito, en un horizonte que sería de ocho años.
Para Callejas, las cuentas del estudio de prefactibilidad son muy sugestivas en cuanto al buen negocio que podría hacer la Gobernación de Antioquia con el lote de la FLA. Sin embargo, se cuestiona la utilidad de trasladar la planta de la licorera a Bello, otro municipio del Valle de Aburrá.
El criterio del diputado es que la instalación de la empresa en Barbosa, por ejemplo, podría generar más beneficios, pues daría una señal importante para la localización de otras industrias. A Callejas le gusta más esa alternativa, así implique el pago de 31.000 millones de pesos por el lote en ese municipio del norte del Valle de Aburrá.
Luis Eduardo Peláez Jaramillo, diputado del Polo Democrático, dijo que “el traslado de la FLA no es una necesidad real, sino una necesidad creada, a fin de liberar un gran lote en Itagüí, para alguien que aún no se sabe quién es”.
EL COLOMBIANO intentó contactarse con el Gobernador, pero al cierre de la edición no había contestado .