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Los 45 días que pidió Elite International Américas para reordenar el flujo de pagos a sus inversionistas no sirvieron. La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) decretó ayer la apertura del proceso de reorganización de esta firma, una de las más grandes no financieras en el mercado de libranzas que, aparentemente, intentó eludir las obligaciones adquiridas con los inversionistas.
Así lo expresó el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, quien recordó que Elite ya había sido sometida a control por parte de la Supersociedades desde el pasado 7 de julio, debido a situaciones críticas de orden contable, administrativo y jurídico.
Aunque el funcionario no precisó el número de inversores afectados ni el monto de las cuentas por saldar, fuentes consultadas por este diario precisaron que podría tratarse de 7 mil personas que habrían colocado unos 800 mil millones de pesos.
Al parecer, en este caso se abusó de la figura de las libranzas, al ofrecer inversiones con alta rentabilidad, pero que no están soportadas en el pago oportuno de esas libranzas por parte de los originadores, según los abonos a la deuda que hagan los trabajadores que tomaron los préstamos.
Frente a este aspecto, Reyes precisó que quienes suscriben un título valor como endosantes, se obligan solidariamente a su cancelación total y, en caso de falta de pago o de pago parcial, el tenedor del título puede ejercer la acción contra todos los obligados.
Además trascendió que Elite “habría gestionado la contratación de un tercero para que efectuara el cobro y recaudo de los flujos de forma directa, por cuenta de sus acreedores, en desconocimiento de su obligación de pago que le corresponde a la sociedad frente a los acreedores”.
Aunque Elite aseguró que trasladaría los flujos (recursos) a sus clientes a prorrata (una porción proporcional sobre lo recuperado), la Supersociedades advirtió que dicha decisión podría atentar contra los derechos de los acreedores, pues el traslado debe ser individualizado (monto total).
El Auto 430-007229 de septiembre de 2016, también ordenó que Elite debe abstenerse de realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, sin autorización previa y expresa de esta entidad.
También se decretó el embargo de bienes sujetos a registro de propiedad de Elite, y como promotora de la reorganización empresarial se designó a María Mercedes Perry, quien adelantó procesos como la liquidación de DMG.
Aunque este diario intentó contactar sin éxito a José Alejandro Navas, presidente de Elite, la compañía expidió un comunicado en que señaló: “Elite acata con respeto la decisión de la Supersociedades, al nombrar a la doctora Perry como auxiliar de la justicia, quien manejará a nombre del ente de control los trámites de recuperación y pago de obligaciones”.
En el texto se agregó que los abogados de la compañía, en lo penal y en lo civil, no recibirán poder alguno de los clientes, “por cuanto como consecuencia de la medida adoptada por la Supersociedades, todo trámite o acción de cobro deberá estar avalado por la propia Superintendencia de Sociedades”.
Por último, Elite reiteró que su intención “fue y ha sido la protección, recuperación y conservación de la cartera, para garantizar el pago de las acreencias a los clientes, por parte de unos operadores que controlan los recursos”.
Con lo anterior, la administración de la empresa, en reorganización, se ratificó en los señalamientos sobre que hay varios operadores que están incumpliendo los compromisos (Coopsuba, Inversiones Alejandro Jiménez, Invercor DYM, Credimed, Corposer, Cooinercor, Coovenal, Coomuncol, Redescoop y Servicoop de la Costa).
No obstante, hace una semana la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise, que representa a los operadores incumplidos, le escribió a Navas ofreciéndole un “acuerdo de transacción” que permitiera solucionar las diferencias contractuales.
Mientras la promotora de la reorganización de Elite encara el nuevo reto y pone en claro las cifras de la sociedad, los inversionistas empiezan a consultar abogados y a buscar asesoría para intentar recuperar el dinero colocado en un negocio que se presentó como seguro y rentable.