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El 13 de mayo de 1963, hace 52 años, 22 profesionales de diferentes ramas se unieron en un proyecto asociativo que pretendía brindar menores precios en los productos de la canasta familiar y que por presiones inflacionarias de la época, impactaban el costo de vida de los medellinenses.
La idea cuajó al contar con el apoyo del Idema (Instituto de Mercadeo Agropecuario), Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario), INA (Instituto Nacional de Abastecimiento), Bancoquia (Banco Comercial Antioqueño) y el propio municipio de Medellín.
Inspirados en la filosofía del trabajo asociado para brindarle a la gente una canasta familiar desligada de acaparamientos, especulaciones y altos precios, fue que nació la Cooperativa Consumo. Abrió su primer local en junio de 1964, en el barrio San Benito y con 13 empleados arrancó este viaje hacia el abastecimiento solidario.
La característica de esta cooperativa es que no exige grandes aportes sociales a los asociados, sino el compromiso de ir a mercar frecuentemente con fidelidad.
Esta incitativa se consolidó poco a poco, incluso se fue extendiendo con la apertura de tiendas en el barrio Pedregal (año 1967), La América (1968) y se extendió a Rionegro (1974), Niquía (1985). Posteriormente abrió en Buenos Aires (1993), Castilla (1994), Itagüí (1995), Caldas (1995), Belén (1996), Envigado (1998), Poblado (2007), Bello (2008), Floresta (2010), San Joaquín (2010), Los Colores (2012), Terracina (Envigado-2013) y el último fue Laureles (2013) uno de los que más dolores de cabeza ha causado.
Si se analiza su plan de expansión, los años 70’s y 80’s no tuvieron un furor de aperturas, fue en la década de los 90 cuando se abrieron 6 almacenes bajo la gerencia de Luis Echeverri Mejía y ya en la primera y segunda década del 2000 cuando se abren 7 almacenes, estos últimos bajo la gerencia de Gustavo León Castillo.
Pero este rápido crecimiento de la cooperativa en puntos de venta que se mezcló con equivocaciones administrativas, falta de gobernanza y problemas de liquidez, a la postre ocasionaron la crisis de la cooperativa que se fundó con buenos propósitos y que hoy suma deudas por 18.000 millones de pesos, entre proveedores y bancos, tal como lo explicó a EL COLOMBIANO el agente interventor Enrique Valencia Montoya, quien asumió las riendas de la cooperativa por designación de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Pero qué fue lo que pasó para que la tradicional cooperativa se viniera a pique y esté hoy sumida en esta situación que obligó el mes pasado a la intervención de la Superintendencia Solidaria para tratar de salvarla a pesar de la falta de buen manejo.
Mediante Resolución 7985 del 3 de septiembre de 2015, el ente regulador ejecutó la medida de intervención forzosa administrativa por conflictos de gobernanza, falta de liquidez, reducción de inventarios, cesación parcial de pagos a proveedores, carencia de productos para atender la demanda, riesgo tecnológico, deficiente control interno y disminución progresiva de ventas brutas.
Pero mientras avanzan las investigaciones respectivas y se encuentran responsabilidades por la crisis, algunos empleados y exmiembros del Consejo de Administración, que tras la intervención administrativa forzosa ya no tienen ninguna injerencia en las decisiones, se refirieron a la crisis financiera de la cooperativa.
No obstante, pese a la situación que enfrenta la cooperativa sí quedó algo claro y es coherente con los orígenes de la entidad: la fidelidad y la gratitud prevalecen frente a la incertidumbre y el miedo.
Se constató optimismo entre los empleados de que la cooperativa superará la crisis.
Claudia María Pineda Jiménez, directora de Gestión Humana desde hace 3 años, manifestó que “somos 540 trabajadores que vivimos de la cooperativa. Apoyamos la intervención de la Supersolidaria, además recibimos constantes mensajes de esperanza de la interventoría y todo a punta a que la cooperativa no se va a liquidar sino que se va a salvar, tenemos fuerza para seguir laborando”.
Los trabajadores tenían temor frente a su futuro, pero el grupo profesional interventor realiza visitas a cada uno de los 15 puntos de venta para contarles la situación que se vive, del reto que se tiene para devolverle la liquidez necesaria para seguir operando.
“Nosotros como empleados somos los actores principales para salvar a la cooperativa”, dijo por su parte Leopoldo Valencia, supervisor de cajas en la sede de Laureles y quien lleva 11 años vinculado a la cooperativa.
Reconoce que los momentos más duros vividos se refieren a la incertidumbre laboral, a los rumores de que la van a liquidar, o que la van a comprar, del malestar de los proveedores por el no pago de las obligaciones y el de los clientes porque no encuentran los productos. “El no poderles explicar a los clientes el porqué hay agotados, entender el malestar de no encontrar la mitad de las cosas que viene a mercar la gente. Dar argumentos de lo que pasa con la cooperativa no es fácil, pero ya con la intervención tenemos un discurso unificado. Ya vemos otro futuro”, destacó Valencia.
No solo los empleados de Laureles se muestran optimistas, también los demás puntos de venta reconocen que a pesar de la crisis no ha pasado un solo día en que se atrasen con los pagos de sus salarios.
Tampoco se han hecho despidos masivos, simplemente algunos han tomado la decisión de retirarse por temor a una liquidación y a los que se les vence el contrato no se les renueva.
La nómina mensual de la cooperativa es de más de 1.000 millones de pesos. A principios de año ingresó personal nuevo pero actualmente está congelada la contratación de personal.
De hecho Claudia Lorena Beltrán, cajera de Laureles, ingresó hace 7 meses y también se siente tranquila frente al futuro de la cooperativa, por lo menos cuando le preguntan a ella los clientes de qué pasará con Consumo, ya tiene cómo responder: “que está en proceso de reorganización para obtener liquidez, además es necesaria la intervención para darle fuerza de nuevo”.
Incluso Sinaltracoop, el sindicato de la Cooperativa Consumo, respalda la intervención de la Superintendencia para darle fortaleza a la entidad que es tradición en Antioquia. De hecho su presidente, Aldo Medina, indicó que son 100 afiliados y “todos confiamos en la recuperación de la cooperativa. Soy el encargado de hacer las compras en el almacén del Poblado, uno de los afectados por las obras del intercambio vial de la Inferior con los Balsos. Es difícil que además tengamos que explicarles a los clientes el problema de los agotados, que algunos proveedores no volvieron a despachar por la falta de pagos. “Las ventas en el almacén del Poblado se han reducido un 50 por ciento”, dijo Medina quien espera que tras la intervención se recupere la dinámica de la cooperativa.
Según los empleados consultados, las multinacionales de productos son las que más exigen a la hora de los despachos, porque cuando se tiene esta toma de posesión simplemente dejan de surtir si no es una venta de contado y la cooperativa en este momento no tiene con qué pagar ese dinero de manera anticipada.
Por eso el mismo agente interventor confirmó que están tramitando un crédito con la banca tradicional por 7.000 millones de pesos para inyectar recursos y pagarles a los proveedores. “Esperamos que en este mismo mes se solucione el problema de efectivo para ir desatrasando los pagos”, afirmó el agente interventor de la Supersolidaria.
No obstante, John Jairo Buitrago Gómez, exmiembro del Consejo de Administración de la cooperativa, tras haber sido removido del cargo por la intervención, manifestó que “el problema de Consumo refleja la crisis del cooperativismo colombiano, donde los gerentes se eternizan, tienen juntas que manipulan, untan de mermelada a personas claves y el gerente termina siendo amo y señor”.
Por eso son las autoridades las que están levantando la información respectiva para tomar acciones legales si es del caso tomarlas.
El Consumo suma 15 establecimientos comerciales en el área metropolitana de Medellín y en Rionegro, Oriente de Antioquia. Cuenta con activos que suman 117.282 millones de pesos, (ver recuadro) tiene un flujo de caja actual de unos 600 millones de pesos, pero requiere 12.000 millones para operar adecuadamente.
La intervención fue programada para que dure dos meses y por eso se entregará en noviembre un informe detallado a la Superintendencia.
Aclarando que la cooperativa tiene una debilidad patrimonial grande por los aportes sociales, porque con 52 años de historia estos apenas suman 982 millones de pesos, además no tiene un patrimonio propio porque se construyen vía excedentes.
A lo largo de la historia los excedentes se han distribuido entre los 103.000 asociados, calculándose de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor para llevar esos dineros a la cuenta de aportes, que solo se entregan si el asociado se retira de la cooperativa.
La falta de renovación de dirigentes en este sector es evidente porque siempre son los mismos, todos ellos mayores de 50 años. “Es un problema que se ve no solo en el cooperativismo de Medellín sino en el resto del país, además no tiene presencia de la mujer en cargos gerenciales, reconoce el agente interventor como exsuperintendente Solidario.
Se habla que a lo largo de la historia de Consumo, no se preparó el talento humano para el cargo de gerente.
Por eso en el caso de Luis Echeverri Mejía, fueron 27 años en el cargo, a quien reemplazó Gustavo León Castillo hasta que salió de la cooperativa tras la crisis.
El reto es grande porque las pérdidas son altas, solo el almacén del Poblado ocasionó pérdidas por 1.200 millones de pesos el mes pasado; el almacén de Buenos Aires, perjudicado con la construcción del Tranvía, tuvo más de 200 millones en pérdidas mensuales y el de Laureles, deja unos 250 millones de pesos en pérdidas al mes, además de haber sido el causante de la iliquidez porque no se contó con el apalancamiento financiero.
Ahora hay optimismo y se espera que en noviembre, una vez se conozca el diagnóstico detallado de lo que pasa en la cooperativa y la hoja de ruta a seguir, será el comienzo de una nueva época para esta tradicional cooperativa paisa.