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Queda poco más de un mes para que las empresas grandes, medianas y pequeñas del país tengan definido su plan contra el fraude y la corrupción, eso sí, que involucre a todos los niveles de la organización.
Así lo recordó la Superintendencia de Sociedades, al basarse en la Ley 1778 de 2016, la cual aclara que la responsabilidad por alguno de estos delitos recae en la persona jurídica (empresa) y no solo en la natural (representante legal).
Según estudios de la firma Deloitte, de las personas que laboran en una empresa, un 10 % nunca cometerá una indelicadeza, otro tanto siempre tiene esta tendencia y el 80 % restante es vulnerable a caer. Por eso se deben tomar precauciones.
La medida de control hace parte de la aspiración de Colombia para ingresar al grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Las empresas de los sectores farmacéutico, infraestructura, ingeniería, construcción, manufactura, mineroenergético y TIC, principalmente, estarán en la lupa de la Supersociedades, por ser catalogadas como las más vulnerables.
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, aseguró en un comunicado reciente, que la entidad cuenta con equipos de cómputo de alta tecnología y software especializado para fortalecer el laboratorio forense y la cadena de custodia con esta información de las empresas.
Para entender los puntos que debe incluir dicho plan anticorrupción, EL COLOMBIANO habló con Jorge Alfredo Hernández, socio líder de Asesoría de Riesgo de Deloitte, quien brindó elementos para el diseño de este esquema.
El primer aspecto es que la alta gerencia deberá definir el tono ético de la empresa. “Comunicarlo a toda la organización para que haya una cultura responsable en todos los niveles. Así se crea una cultura ética, que promueve valores y actitudes”, dijo Hernández.
Este ambiente se puede fomentar con el envío constante de mensajes a los colaboradores. Otro aspecto es identificar el área o las áreas con más riesgos de corrupción: por ejemplo, compras, al relacionarse con entidades del Gobierno o licitaciones, al contratar obras públicas.
A esto se suma el monitoreo, por lo que exige que haya una persona o un equipo encargado de la vigilancia y control de estas prácticas en cada empresa (ver Cómo funciona).
Tenga cuidado. Las pequeñas y medianas empresas también está obligadas a esta implementación. Desde el propietario hasta el último empleado, deberán tener un plan con principios éticos, que minimicen las malas prácticas.
Es una de las herramientas para hacer competitiva a una empresa en el mercado actual.