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En los próximos cinco años, el Grupo Argos espera invertir en infraestructura 3.440 millones de dólares, lo que al cambio actual son 10,32 billones de pesos.
Así lo reveló a EL COLOMBIANO el presidente del conglomerado antioqueño, Jorge Mario Velásquez, quien agregó que, con este capital, se podrán generar hasta 12 mil empleos directos en todo el país.
“Colombia hace un esfuerzo enorme por salir del letargo logístico. Está claro que el proyecto de infraestructura que se plantea el Gobierno es el más ambicioso de la historia y creemos que esa ruta nos llevará a lograr mayor equidad”, agregó Velásquez.
En ese sentido, el portafolio para expansión del grupo empresarial está diversificado. En el impulso por las concesiones, su filial Odinsa invertirá 300 millones de dólares en la ampliación del aeropuerto Eldorado y 430 millones de dólares en el proyecto Malla Vial del Meta. Además inyectará 450 millones de dólares en la ampliación de la planta Sogamoso de Cementos Argos.
Mientras tanto, dos vías cruciales para la conectividad de Antioquia tendrán gran protagonismo: Pacífico II (400 millones de dólares) y Vías del Nus (400 millones de dólares).
En puertos, la terminal de Cartagena se intervendrá con 200 millones de dólares, así como la de Barranquilla, con 100 millones más.
Por último, Velásquez mencionó los trabajos en el puerto de Aguadulce, en Buenaventura, donde el grupo invierte 110 millones de dólares.
Fue el último punto que detalló el empresario, porque de ahí se desprende un gran obstáculo: la certidumbre jurídica. Cabe recordar que la Alcaldía de Buenaventura decidió sellar y suspender la construcción, desconociendo las licencias ambientales, previamente obtenidas, lo que restó garantías a esa millonaria inversión.
Para Velásquez, el país debe propender por un escenario estable, corregir vacíos y no desconocer el interés general. “Todos queremos reglas claras y la certidumbre jurídica es tan o más importante que una reforma tributaria. Así que se debe plantear una reflexión clara y urgente, que dé las garantías, tanto a comunidades de influencias de los proyectos, como a compañías que promueven el progreso”, acotó.
El empresario recordó lo sucedido hace poco con la filial Celsia, que tuvo que desistir de la línea de transmisión de energía a Buenaventura, que se proyectó desde 2011, por la llegada de comunidades que exigían indemnizaciones.
Aún así, Celsia planea inversiones en el próximo lustro por 1.220 millones de dólares: la hidroeléctrica Porvenir II en Antioquia (800 millones) y un parque de energías eólica y solar en el Caribe (220 millones).
Para que estas inversiones se lleven a cabo con el impacto esperado, Grupo Argos considera prioritario tramitar la Ley Estatutaria de Consulta Previa. “Hay que reglamentar estos mecanismos para que no sean usados por terceros con intenciones turbias. Está en juego la fortaleza de la institucionalidad del país”.
También llama a las altas cortes para que amplíen la visión en sus decisiones y, si bien protejan derechos, propendan por el bienestar general y no detengan la competitividad: “el desarrollo económico no es excluyente del cuidado del medio ambiente y de las comunidades”, concluyó el empresario.