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Federación Colombiana de Fútbol, cómplice de desvío de boletería
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Las 42.221 boletas hubieran podido generar ingresos a los revendedores, por más de 21.800 millones de pesos. FOTO COLPRENSA
30 de julio de 2018
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En rueda de prensa, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dio a conocer que tras 10 meses de investigación, el ente de control pudo establecer que tanto la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), como el grupo de socios Ticket Ya, también hicieron parte de la reventa de boletas en 8 de los 9 partidos que disputó la Selección Colombia como local en las eliminatorias camino al Mundial de Rusia.
“Se ordenó vincular al proceso a su actual presidente (de la FCF) Ramón Jesús Jesurún y a su antecesor Luis Bedoya, implicado en escándalos de sobornos de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, informó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.
Además, el funcionario señaló que cada una de las partes aparentemente contribuyó en planes, diseños y estrategias para ejecutar la supuesta conducta ilegal en la venta de boletería.
“El desvío masivo de boletería y su posterior reventa solo fue posible gracias a comportamientos atribuidos a la Federación Colombiana de Fútbol (...) Hubo deliberadas acciones y deliberadas omisiones de la Federación y de sus directivos siendo cómplices de estas conductas”, dijo Robledo.
El funcionario sostuvo que la SIC ha recaudado un “valioso y abundante material probatorio” entre los que destacó computadores, contratos, cruce de cuentas y correos electrónicos en donde consta el esquema que llevaron a cabo las contrataciones de las distintas ofertas entre la FCF y los oferentes.
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En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio explicó que la primera fase está relacionada con el direccionamiento del contrato de operación de la boletería por parte de la FCF hacia Ticketshop, lo cual se materializó al momento en que el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol adoptó la decisión de adjudicarles el contrato pese a que las condiciones del pliego no se lo permitían, ya que el oferente escogido era Primera Fila de Cine Colombia.
“Nosotros pudimos establecer que la propuesta económica de Ticketshop era abiertamente irracional desde el punto de vista económico, pues solo permitiría el retorno de la inversión y los gastos en que debía incurrir el contratista en cada uno de los 9 partidos de la Selección Colombia, lo cual, a todas luces y bajo la modalidad del negocio ofertado era más que improbable vendiendo la boletería legalmente, es decir, a precio de taquilla”, argumentó Robledo y resaltó que el costo de la propuesta no es claro ya que en “unos apartes se habla de 40.124 millones de pesos y en otros de 37.124 millones, sin que la auditoría de la FCF siquiera lo notara”.
De acuerdo con la SIC, la segunda fase está relacionada con el desvío masivo de boletas con fines de reventa durante 8 partidos que la selección Colombia jugó en su condición de local en Barranquilla (salvo el noveno y último partido contra Paraguay, que fue intervenido por la Superintendencia de Industria y Comercio).
“La Superindustria pudo establecer que Ticketshop desvió más de 42.000 boletas con fines de reventa que fueron entregadas para tal propósito al autodenominado grupo ‘Socios TicketYa’, del que hacen parte Elías José Yamhure Daccarett, Medardo Alberto Romero, Rodrigo Rendón Cano, Roberto Saer Daccarett, entre otros”, indicó el Superintendente.
Como tercera fase, la SIC sostuvo que está relacionada con la reventa a precios superiores a los de taquilla respecto de la boletería desviada por parte de los integrantes de TikectYa aparentemente con el conocimiento y autorización de la FCF y sus altos directivos. “Uno de cada ocho colombianos asistió con boleta revendida y aun así hubo gente del mundo deportivo que nos criticó por intervenir en los partidos, pero cómo no lo íbamos a hacer sabiendo lo que se estaba tramando detrás de la súper venta de boletas”, afirmó Robledo.
Así las cosas, la Superintendencia manifestó que las posibles sanciones para los implicados podrían ser multas de hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV), equivalentes a más de 78.000 millones de pesos por cada infracción.
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