Siete empresas de seguridad se cartelizaron

  • Ilustración Esteban París
    Ilustración Esteban París
Por Natalia Cubillos Murcia | Publicado el 31 de enero de 2018

Guardianes, Starcoop, Cbasec, Expertos, Centinel, Inseving Ltda. y Security Management Group, y 14 personas naturales vinculadas a la operación de Jorge Arturo Moreno Ojeda, el llamado Zar de la Seguridad, (ver Dicen de) tendrán que pagar al menos 14.035 millones de pesos por cartelización empresarial en licitaciones públicas.

Aunque la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), no quiso dar declaraciones por temas de seguridad, sostuvo en el comunicado de prensa que las “empresas sancionadas, conformaron de facto o de hecho un Grupo empresarial denominado Grupo SMG (...) por medio del cual manipularon, a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal”. Además que el grupo era liderado ocultamente por Moreno Ojeda.

“El problema de la cartelización es que se toman decisiones que afectan a los consumidores o al estado, por el precio distorsionado, y a los competidores, por desigualdad de circunstancias”, dijo Édgar Iván León, docente de derecho comercial de la Universidad del Rosario.

Varios municipios se vieron afectados por este capo, en materia de competencia económica, así como entidades: la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).

La denuncia data de 2011 y el Icbf y entre 2012 y 2013, la SIC realizó visitas de inspección en las que “encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos allí mencionados”, data en el reporte de la SIC.

La primera sanción llegó por la Resolución 19890 del 24 de abril de 2017 y, tras imponer un recurso de reposición ante la misma entidad, con la a Resolución 4604 del 29 de enero de 2018, se reiteró en la decisión aunque salieron exoneradas tres personas naturales por caducidad.

Ante la SIC las instancias ya se agotaron, pero a aquellas empresas les queda la salida “contencioso administrativa”, sostuvo León.

No obstante, explicó el docente, cabe recordar que como las infracciones se dieron en el marco de las licitaciones públicas, paralelo a esto sigue el proceso por las infracciones en contratación estatal y las sanciones pueden implicar “cierres de empresas, extinción de dominio y cárcel, entre otros”.

Para Hugo Acero, experto en temas de seguridad ciudadana, como en todos los sectores este es “uno bastante heterogéneo, con profesionales buenos, pero hay otros que aún ligados a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ofrecen calidad”.

Incluso, sigue existiendo “una vigilancia privada informal, que se presta en los barrios o por debajo de los costos que deberían prestarse, o vinculados a organizaciones criminales”, agregó Acero.

Finalmente, uno de los problemas importantes que señala el experto es que en el país es usual que las empresas de este sector sean lideradas por exintegrantes de las fuerzas armadas y esto afecta la vigilancia, de la superintendencia encargada de este tema: “casi que responden a punta de demanda, pero hace falta mayor control para que haya un proceso de profesionalización más adecuado y no una multiplicación que no son empresas de alta calidad”.

Pese a que se intentó recibir respuesta de la Supervigilancia al cierre de la edición no hubo respuesta .

Contexto de la Noticia

DICEN DE... Jorge arturo ojeda, en la mira

El 24 de mayo del año pasado Jorge Arturo Moreno Ojeda fue capturado por las autoridades de Estados Unidos, pero por haber pagado la fianza, quedó en libertad. Desde 2016 las autoridades colombianas han estado bajo su pista y el 23 de agosto de 2016, la Fiscalía General de la Nación expidió una circular roja por cargos de acuerdos restrictivos de la competencia y fraude procesal. Moreno Ojeda sigue detenido. En octubre de 2017 un juez prorrogó la medida de aseguramiento.

Tras la acusación presentada por la Fiscalía, el próximo 7 de febrero inician las audiencias preparatorias, previas al juicio oral, ante el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá.

Natalia Cubillos Murcia

Editora de Economía de El Colombiano. Amante de las buenas y nutridas conversaciones, la música y los viajes.

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