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General Motors Venezolana (GMV) anunció ayer el cese inmediato de sus operaciones en Venezuela, tras la confiscación de su planta de montaje en la ciudad de Valencia este miércoles.
Además de impedir el normal desarrollo de las actividades, la ensambladora más antigua en el vecino país comunicó que las autoridades públicas sustrajeron activos de la empresa, como vehículos.
“La confiscación fue otorgada y aplicada con total desprecio del derecho de GMV al proceso debido, causando un daño irreparable a la compañía, a sus 2.678 empleados, sus 79 concesionarios (la red de servicio mayor del país con más de 3.900 trabajadores) y sus proveedores”, manifestó la empresa.
Asegura, “en la medida que las autoridades lo permitan”, cumplirá con las obligaciones legales relacionadas con la finalización de la relación laboral con sus trabajadores.
Esta también señaló que ejercerá todas las acciones legales dentro y fuera de Venezuela. Mientras tanto, continuará brindando a través de sus concesionarios servicios de posventa y repuestos para todos sus clientes.
Sin embargo, según EFE, las probabilidades de éxito de la compañía si recurre a los tribunales parecen escasas.
El mes pasado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, decidió que Venezuela no tenía que indemnizar a la compañía petrolífera Exxon Mobil con 1.400 millones de dólares, como solicitaba, por la confiscación de sus activos .