Concejo de Jericó aprobaría acuerdo antiminero

  • Felipe Márquez Robledo es el presidente para Colombia de la minera AngloGold Ashanti. FOTO Donaldo Zuluaga
    Felipe Márquez Robledo es el presidente para Colombia de la minera AngloGold Ashanti.
    FOTO Donaldo Zuluaga
Por Juan Fernando Rojas T. | Publicado el 07 de junio de 2017
En definitiva

Mientras AngloGold Ashanti trata de dar viabilidad a su proyecto de extracción de cobre, en la vereda Quebradona de Jericó, crece la oposición en este municipio del Suroeste antioqueño.

La minera surafricana AngloGold Ashanti pide a la comunidad y autoridades locales de Jericó que no se anticipe el debate público que se debe dar al proyecto para extracción de cobre Quebradona, aún en una etapa de prefactibilidad.

Así lo señaló el presidente para Colombia, Felipe Márquez Robledo, quien considera oportuno que la discusión con la comunidad, previa al trámite de licencia ambiental, se dé a partir de diciembre de 2018, con la información sobre los alcances del proyecto en temas de operación, ambientales, sociales, entre otros.

Mientras tanto, el concejo de ese municipio del Suroeste antioqueño, como ya lo hizo el del vecino Támesis, se alista para aprobar este miércoles 7 de junio un acuerdo que prohíba la minería metálica, alimentado por temores que van desde la pérdida de fuentes de agua hasta la prostitución.

El proyecto de acuerdo fue radicado por seis de los 11 concejales y el alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez, está dispuesto a respaldarlo al considerar que la minería no debe estar en el horizonte económico de este pueblo turístico y de vocación agrícola.

En todo caso, el proyecto en que ya ha invertido 60 millones de dólares AngloGold Ashanti divide opiniones: en Quebradona se muestran a favor, pero en otras veredas vecinas crece la oposición (ver recuadros de opiniones).

En lo que concuerdan empresa y opositores es en cuestionar al Gobierno, que volvió a advertir esta semana que los municipios no pueden frenar la minería. Los jericoanos cuestionan que no les consultaron si querían minería en su territorio.

Por su parte, AngloGold considera que falta seguridad jurídica, mientras espera que el proyecto cuprífero de Jericó siga los pasos de otro de oro en Gramalote, más avanzado en el municipio de San Roque (Nordeste).

No en vano, decidió suspender el megaproyecto aurífero La Colosa, en Cajamarca (Tolima), luego de que una consulta popular dejó por el suelo la llamada licencia social y tras haber invertido un total de 360 millones de dólares sin sacar una onza de oro. Así respondió su presidente a EL COLOMBIANO:

¿En Jericó sí se tendrá licencia social para no repetir lo que pasó con La Colosa?

“La licencia social se va obteniendo con el paso del tiempo y se debe validar en un momento específico: la audiencia pública en que se somete a consideración de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el estudio de impacto ambiental. Pero esa discusión se ha anticipado y se presenta a destiempo: pasó en Cajamarca con una consulta popular, y más se adelantó en Támesis con un acuerdo municipal que prohíbe la minería, cuando ni siquiera hay actividad exploratoria. Deberíamos alcanzar la licencia social en Jericó con las métricas y metodologías que aplicamos, pero si nos toman el examen antes, es imposible tenerla”.

¿Cuándo debería darse esa discusión?

“Este año esperamos terminar una fase A de prefactibilidad, que es trabajo de escritorio, sin más perforaciones y con la exploración que tenemos podemos avanzar para presentar a nuestra junta directiva en diciembre de este año y que nos autorice la fase B: plantear alternativas y elegir la más adecuada para extraer el depósito de minerales y definir aspectos en lo técnico, ambiental, social y jurídico. Eso esperamos terminarlo en diciembre de 2018”.

Así las cosas, ¿qué piden a la comunidad y las autoridades?

“Que nos dejen llegar a diciembre de 2018, cuando podremos sentarnos con algo ya definido y antes de buscar una licencia ambiental”.

¿Cómo sortearán que sí puedan llegar a ese momento de discusión pública?

“Mire: hoy las comunidades tienen el poder de que un proyecto minero no exista, lo pueden bloquear. Y eso lo entendemos, pero planteamos al Concejo que se pueda dar la discusión en el momento correcto, tanto en su forma, como en su fondo”.

¿Cuál es la forma?

“La forma no es mediante consultas populares o acuerdos municipales, sino concertando y, para eso, lo primero es que nos dejen hablar. Sorprende la renuencia para que nos permitan ser parte del debate y dar nuestra versión, pues se privilegia el discurso de los grupos antimineros y un Concejo debe tener las dos caras de la moneda”.

¿Y el fondo del debate?

“Pedimos al Concejo que no minimice esa discusión: agua o mina, agua u oro. Si les preocupa el agua, abramos el espectro con información de varias partes. Y luego de aclarado ese punto, podemos abrir el debate uno a uno de ruido, polvo, migración e impacto paisajístico. Claro que ese debate se debe dar”.

¿Cuáles son las lecciones de Cajamarca para no repetir errores en Jericó?

“Hay que comunicar más rápido y de forma constante, pero es difícil hablarle a quien no nos quiere oír. También la información se consigue trabajando. Entonces, que nos permitan hacer exploración en Jericó, sin eso, no podremos dar el debate correcto y con datos ciertos, en cambio, se abre paso a la desinformación deliberada de organizaciones civiles ambientales, por ejemplo, al decir que el proyecto es de oro y no de cobre o que nos comparen con la minería ilegal”.

¿Cómo evalúa el rol del Gobierno en estos conflictos?

“Sin duda hace falta más acompañamiento y que los debates que se deben dar físicamente en Jericó sea con el concurso de todas las entidades pertinentes. Hay una gran voluntad del alto Gobierno para arreglar el problema, pero hay dos incapacidades: una regulatoria, pues tenemos unas reglas del año 2001, muy viejas, que no sirven para la realidad actual, debido a lo que han tumbado las altas cortes con sus fallos; y otra es institucional, pues las entidades no tienen el músculo suficiente para atender la situación. No se puede olvidar que el mineral es del Estado, de todos los colombianos, no es de AngloGold Ashanti ni de Jericó”.

PROYECTOS GRAMALOTE Y LA COLOSA

¿Por qué es viable que en San Roque desarrollen el proyecto Gramalote y en Jericó no pase lo mismo con Quebradona?

“San Roque conoce ancestralmente la minería y por eso no tienen una prevención, mientras que Jericó nunca ha tenido esta actividad en su territorio. Si a eso suma la campaña de desprestigio, la comparación equivocada con minería ilegal y discusiones a destiempo, pues complica más las cosas”.

¿Qué viene en el caso de Gramalote?

“Estamos en planeación. Vamos a cerrar en noviembre la etapa de prefactibilidad de un nuevo modelo para el proyecto y solicitar a la Anla unos cambios en la licencia ambiental, que trae mejoras para la huella ambiental, la compañía y la comunidad. Luego se pasaría a una etapa final de evaluación financiera para decidir si es el momento de construir o esperar mejores condiciones”.

¿Cuándo esperan comenzar ese montaje?

“En el mejor de los mundos, deberíamos comenzar construcción en el año 2019 para estar produciendo en la mina en el año 2022”.

De otro lado, ¿cuáles son los errores que reconoce AngloGold que tuvo en la gestión de La Colosa?

“Por la forma en que empezó el proyecto, terminó siendo muy transaccional con las comunidades. Segundo, cuando la discusión llega al extremo de mina o vida, pues ya no importa el hospital y otras inversiones sociales. Creo que se hizo más de lo que nos correspondía: en Cajamarca remodelamos el estadio, el hospital, la plaza de mercado, pero con una oposición que inculcaba miedo y desinformación, resulta muy difícil”.

El Gobierno confía que ustedes reactiven ese proyecto, ¿lo ve viable?

“Si ahora se reactiva, tenemos miedo de que los trabajadores sean agredidos, y tenemos claro que ningún proyecto vale ese sacrificio. Segundo, no somos nosotros los llamados a desautorizar lo que votaron 6 mil personas en una consulta popular en contra de la minería. Y tercero, nos faltarían seis años más para llegar a la etapa de licenciamiento, entonces sin saber a ciencia cierta el efecto jurídico de las consultas populares, pues no hace sentido continuar invirtiendo”.

RIESGO PAÍS PARA MINERÍA LEGAL

Con todos los inconvenientes, ¿cambió el horizonte de inversión de AngloGold en Colombia?

“La plata destinada para acelerar y profundizar la exploración se fue para Guinea y Ghana, donde ha sido más favorable la seguridad jurídica”.

¿Sus jefes en Suráfrica ven el país como un dolor de cabeza?

“Ven al país como una jurisdicción donde se han invertido 1.000 millones de dólares y no se ha podido extraer una onza de oro, que no es lo deseable, pues en menor tiempo y con una más baja inversión se construyó una mina en Australia y se ampliaron cuatro proyectos en África. Ya es difícil justificar la permanencia, y hay un gran dolor de cabeza: la inseguridad jurídica, si las reglas siguen cambiando, no auguro la posibilidad de invertir más en Colombia”.

Así las cosas, ¿por qué insistir en Colombia?

“Los tres proyectos que tenemos en Colombia (Quebradona, Gramalote y La Colosa) son atractivos económicamente en el momento que estén construidos, es decir, el premio está al final. La discusión ahora es el costo para acceder a ese premio. Y el principal costo que nos pone a pensar si queremos alcanzarlo es la falta de seguridad jurídica. Con la tristeza de lo que ha pasado y mucha incertidumbre a futuro, si el país y las altas cortes continúan en la línea que van, ese premio final ya no será para nosotros y será muy difícil conseguir otro ganador, por la alta cuantía de las inversiones en el largo plazo y por los cambios constantes de reglas de juego”.

¿La Corte Constitucional es la culpable de la inseguridad jurídica?

“A mi juicio, sí. Cambia reglas con demasiada frecuencia, hay muy poca claridad sobre cómo es el cambio, porque no le gusta aclarar fallos, y ha hecho que le quede difícil al Congreso legislar, así como al Gobierno ejecutar lo dispuesto en sus sentencias. Al mismo tiempo, vimos en el caso de la consulta popular de Cajamarca que hubo nueve meses de discusiones entre el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, al final, el Tribunal terminó haciendo algo que el Consejo no le ordenó. Eso en un Estado de Derecho es inentendible. Y a eso se suma ahora tener unos concejales en Jericó que se abrogan competencias que constitucionalmente no les corresponden”.

¿Qué espera del próximo Gobierno?

“No del siguiente, esperamos que sea este Gobierno el que nos explique mejor el entorno regulatorio y la seguridad jurídica. Sin lugar a dudas, los próximos Gobierno y Congreso tendrán un papel relevante, pero rol más protagónico es de la Corte Constitucional, con sus nuevos magistrados, pues no puede ser que la misma Constitución se interprete de siete maneras distintas en 18 meses”.

Contexto de la Noticia

DICEN DE... Exploración debe tener licencia

El presidente para Colombia de AngloGold Ashanti, Felipe Márquez Robledo, señaló a este diario que urge que en el país haya una reforma legal para que cualquier minera tenga licencia ambiental no solo para la producción, sino desde la exploración: “La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) pide licencia minera de exploración como requisito del ingreso de Colombia, ojalá pase, porque eso da tranquilidad a comunidades, compañías y gobiernos locales”.

Alcalde de Jericó se opone, pero da garantías a las partes

Consultado el viernes pasado, el alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez, indicó que “nunca” ha visto la minería como parte del desarrollo económico del municipio y del Suroeste antioqueño: “cuando un pueblo es rotulado como minero, cambian las perspectivas para visitarlo por sus atractivos turísticos. Además, ese proyecto se ubica en una cordillera donde nacen aguas para varios municipios y vemos que se podría afectar. Minería sí debe haber, pero en sitios donde se tenga esa vocación económica, y Jericó no es el caso. Además ese proyecto se ubica en una cordillera donde nacen aguas para varios municipios y vemos que podría verse afectado”.

Pese a su oposición, aseguró que se darán garantías a las actuaciones de la empresa y a la protesta de la comunidad, pero siempre que sea pacífica y en el marco del respeto.

¿Qué piensa de la posición del Ministerio de Minas acerca de que que los municipios no pueden frenar el desarrollo minero?

“La Corte Constitucional ha ratificado la autonomía territorial de los municipios y que los alcaldes determinamos el ordenamiento del suelo, y para llegar al subsuelo hay que pasar por el suelo, que es potestad nuestra. Un campesino le dijo a la empresa hace poco que el Gobierno les mintió, porque así tengan título minero, no les dijo que este pueblo no quería la minería. Así que la comunidad debe ser tenida en cuenta en estos desarrollos, que así sean muy exitosos y rentables para la economía, afectan el territorio y generan divisiones sociales. No se entiende que ahora se hable de posconflicto en unas regiones y en otras se traigan conflictos”.

¿Jericó está dividido por ese proyecto?

“Hay personas radicales de lado y lado, de los que impulsan el proyectos y de quienes se oponen. Otros somos más mesurados y apostamos a otras formas de desarrollo, a trabajar por proteger el agua, el medio ambiente, el patrimonio, el agro”.

Su administración apoya el proyecto de acuerdo municipal radicado para replicar la experiencia de Támesis.

“Estamos revisando el alcance legal de la iniciativa, y si es jurídicamente viable, seguramente los estaremos acompañando en ese mensaje de alerta al Gobierno, porque en la tierra de la Madre Laura se quiere una cosa distinta a la minería”.

¿Qué garantías se compromete a dar a la comunidad y la minera AngloGold?

“Por mandato constitucional debemos garantizar los derechos de los campesinos en el área del proyecto a expresarse en el marco del respeto, al igual que de la empresa en sus actuaciones. Por eso buscamos espacios de concertación. No estamos de acuerdo con las vías de hecho, pero el campesino también puede manifestar su inconformidad de manera pacífica, sin caer en la ilegalidad”.

En el Concejo de Jericó no se descarta una consulta popular

El concejal Carlos Arturo Londoño es uno de los autores del proyecto de acuerdo municipal para prohibir la minería en Jericó. Frente al cuestionamiento del viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, en relación con que los concejos no pueden frenar la minería, como publicó este diario el jueves pasado, aseguró que “los concejales nos debemos a las comunidades, no a las empresas mineras. Tenemos unas facultades constitucionales y legales, además la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas, que antes nos prohibía excluir la minería”.

De otro lado, el corporado no descartó que, más adelante, se impulse una consulta popular: “pensamos que el primer paso es un acuerdo municipal, luego vendrá dejar bien determinada la negativa a la minería en el esquema de ordenamiento territorial y ya luego puede venir la consulta popular”. Finalmente, señaló que el Concejo está dispuesto a que AngloGold Ashanti exponga sus argumentos: “Se les ha facilitado siempre el espacio y se les ha escuchado. Ya pidieron otro espacio y se les concederá”.

¿Cuáles son sus argumentos para oponerse a la minería en Jericó?

“Mi posición es la defensa del territorio, del recurso hídrico, especialmente, porque ese proyecto está ubicado en una zona donde están las principales fuentes de agua que surten varias comunidades del municipio. Usted con sed no hace nada con un lingote de oro en la mano. Sin oro podemos vivir, sin agua no podemos vivir. Este pueblo no es minero, no lo ha sido y ni está en sus planes serlo. El Estado nunca vino a consultarnos”.

En otros sitios del país la minería convive con otras actividades rurales...

“Hasta ahora no nos han demostrado que un municipio viva feliz con la minería, cuando esa actividad lo único que trae a los pueblos es prostitución y otras actividades perjudiciales”.

¿Qué lo lleva a pensar que la exploración afectará esos nacimientos de agua?

“Con esas exploraciones tan profundas este proyecto nos va a perjudicar en ese sentido. Además se trata de una cosa de dignidad y respeto a nuestros campesinos”.

¿Han adelantado estudios técnicos para oponerse al proyecto?

“Contamos con expertos en el tema que nos han asesorado, como el geólogo Julio Fierro Morales, el abogado experto en derecho ambiental Rodrigo Negrete, y otra serie de profesionales y organizaciones que nos han abierto los ojos y han mostrado los daños de la minería en otros partes, dentro y fuera del país”.

¿Qué opinión tiene de los jericoanos que sí apoyan el desarrollo minero?

“La gran mayoría de los que defienden la minería es porque han recibido dádivas y se han beneficiado de lo que ha hecho la empresa para permear organizaciones comunales y comunidades, al estilo de los españoles en la conquista, cuando vinieron con espejitos a robarse lo que teníamos”.

¿Por qué Jericó optó por un acuerdo municipal y no la consulta popular?

“Veníamos de una administración municipal 2012-2015 que era un apéndice, prácticamente, de AngloGold Ashanti, entonces ante esa permeabilidad de la minera era un riesgo hacer una consulta. Pero con el cambio de administración más personas se han podido concientizar de los efectos perjudiciales de la minería”.

“No queremos saber nada de minería”

Rodolfo Tobón es un habitante de la vereda Palocabildo, vecina de Quebradona, donde AngloGold Ashanti se propone desarrollar un proyecto de extracción de cobre. Este caficultor de tradición niega ser un líder de su comunidad, pero ha alentado protestas en contra de la minera y considera apropiado llegar a vías de hecho como bloqueos, con tal de impedir el avance del proyecto: “se debe entender que nosotros vivimos del campo y podemos protestar y no queremos vernos desplazado por el Gobierno y una multinacional. Si la minería se nos mete, nos toca irnos a otra parte, así de sencillo”, argumenta. Aclara que no hay ningún proyecto político detrás de la oposición acérrima de Palocabildo.

Frente a la posibilidad de abrir espacios de concertación con AngloGold, su respuesta es categórica: “No, no hay nada qué hablar. Uno no negocia la vida, porque aquí se trata de defender el agua”, aseguró.

¿Cuál es su opinión ante la posición del Gobierno al decir que los municipios no pueden frenar el desarrollo minero?

“El subsuelo puede ser del Gobierno, pero para llegar a ese subsuelo hay que pasar por el suelo, y ese es de nosotros, los campesinos”.

¿Qué piensa de los jericoanos que están a favor del proyecto?

“Deben tomar conciencia de que se debe cuidar las aguas y el medio ambiente, si la minería se nos mete, nos toca desplazarnos a otra parte, así de sencillo”.

“Hay más beneficios que perjuicios”

Nelson Gallego Tilapias, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Estrella Nueva, asegura que luego de escuchar los argumentos de AngloGold Ashanti coincide en un punto con la posición favorable de sus vecinos de Quebradona: “hay más beneficios que perjuicios”.

Su posición se sustenta en dos conclusiones: “se trata de una empresa minera legal, que debe hacer las cosas bien para que no les quiten los permisos, eso no se puede confundir con esa minería ilegal que arrasa con todo. La otra es que la empresa ha demostrado coherencia entre lo que dice y hace, por eso estuvimos atentos a escuchar y nos han demostrado cómo son sus operaciones en otras partes”.

También lamentó que el Concejo de Jericó se apreste a aprobar un acuerdo que ponga fin a la minería en el municipio: “Once concejales no pueden tomar decisiones por toda una comunidad, además quién dijo que podían pasar por encima de leyes que son nacionales, eso no es así”, cuestionó el lider veredal.

Juan Fernando Rojas Trujillo

Reportero por vocación. Convencido de que el periodismo es para mejorar la vida de la gente. Ahora escribo de temas económicos en El Colombiano.

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