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Sin titubeos, Max Galeano, director de la organización Salud Colombia y gestor de la iniciativa de ‘Transparencia presupuestal de rendición de cuentas y participación’, califica como un “robo” el recaudo hecho por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), contra el cual emprendió una lucha frontal desde 2006, por afirmar que afecta la legalidad de los tributos y por considerar que las únicas beneficiadas con este cobro han sido las aseguradoras.
“En lo corrido de 2016 recaudaron 3,7 billones de pesos por la venta de estos seguros y desde su creación ese monto supera los 20 billones de pesos”, dice Galeano. Según su versión, en este mismo periodo ningún accidente de tránsito ha sido cubierto por las aseguradoras, sino por el Sistema de Seguridad Social, con recursos del Presupuesto Nacional.
Una cuenta muy distinta tiene la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), ), pues en sus reportes (desde 1988 y hasta el 25 de febrero pasado) dicen que por siniestros sus afiliadas han cancelado $7,09 billones de pesos.
Galeano apoya su alegato en que el Presupuesto Nacional de 2016 (Ley 1769 de 2015) apropió 220.420 millones de pesos para cubrir servicios de salud y prestaciones de víctimas de accidentes de tránsito.
Colprensa buscó a este hombre de 58 años, una frustrada aspiración al Senado de la República y exfuncionario del Ministerio de Transporte.
Él está detrás de campañas en redes en que afirma que quienes quieran recuperar dineros pagados por Soat podrán hacerlo, intento que vale 40.000 pesos para trámites jurídicos.
La respuesta a esas comunicaciones la encabeza el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero quien acusa a Galeano de dar información distorsionada e insistió en que los colombianos “no se dejen engañar” (ver Reacción).
Botero insiste en que se trata de un timo, pues asegura que tiene información de que, además de 40.000 pesos, los tramitadores están cobrando 10 % de lo que supuestamente van a recuperar desde la empresa OSCgestionSAS.
“Con toda la información que tenemos nos hemos dirigido a la Fiscalía General para que conozca los mecanismos que se están desplegando para cometer estos fraudes, contrariando los intereses de los usuarios”, agregó Botero.
Por su parte, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, salió a aclarar en Twitter: “El Soat sigue siendo obligatorio para todos los vehículos automotores y motos que transiten por el territorio nacional”; “si su SOAT fue expedido por una aseguradora autorizada es legal...”; “el Soat NO se ha erradicado...”, trinos que promocionó con la etiqueta #NoSeDejeEngañar.
¿Cuál fue el detonante para esta situación? Se trata de las interpretaciones dadas a la Resolución 0005886 del 24 de diciembre de 2015 y que determina que desde el de octubre de 2017 el documento del Soat debe poderse consultar vía electrónica.
Pero fue ese decreto el que sirvió de excusa para que en redes Galeano y otras personas iniciaran la campaña contra el Soat, con vocación social, según ellos, pero como una estafa, según el Gobierno y las aseguradoras.
Puede ser que la polémica continué, pero lo cierto es que el Soat sigue tan vigente como desde cuando fue creado, mediante la Ley 33 de 1986.