Postobón rechaza nexo en el pasado con paramilitares en Cesar

  • Planta de Postobón. en el municipio Bello, uno de los 23 centros de producción de la compañía en Colombia. FOTO Mario Valencia
    Planta de Postobón. en el municipio Bello, uno de los 23 centros de producción de la compañía en Colombia. FOTO Mario Valencia
Por Colprensa | Publicado el 12 de julio de 2016
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mil puntos de venta en el país son atendidos con productos de Postobón.

Postobón informó que no ha sido notificada de la providencia del Tribunal Superior de Bogotá en que ordena a la Fiscalía investigar la presunta colaboración de esta empresa para financiar el extinto frente “Héctor Julio Peinado Becerra” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Rechazamos de la manera más contundente toda asociación entre nuestra empresa y cualquier actividad ilegal (...) se ha seguido siempre una política de estricto cumplimiento de las normas legales vigentes y un código de conducta basado en valores y principios que deben ser cumplidos por todos sus socios de negocios, contratistas de transporte, tenderos y comerciantes y empleados”, señaló en la tarde de ayer la industria de bebidas en un comunicado.

En sentencia dada a conocer horas antes, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal señaló que la Fiscalía debe explicar avances de las investigaciones, luego que desde el 2008 el paramilitar Armando Madriaga Picón, encargado de las finanzas en Aguachica (César), diera a conocer en su versión libre el presunto pago que habría hecho la empresa.

“El distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatoria con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba cerrar al que no colaboraba”, señaló Madriaga Picón en su versión libre.

En específico, la Fiscalía deberá esclarecer si este aporte fue voluntario. En la determinación, la Sala explicó que a la hora de descifrar el contexto de violaciones a los derechos humanos cometidas por este frente paramilitar, es imperioso que se dé la responsabilidad jurídica a las empresas privadas que hayan tenido nexos con este y, en consecuencia, involucrarse en el proceso de reparación de las víctimas.

Pero Postobón afirma que “no cohonesta ni lo ha hecho en el pasado con ninguna actividad ilegal o inapropiada por parte de ninguno de sus empleados o contratistas”.

Además la empresa con más de 420 mil puntos de ventas en el país desde ya anunció que usará todos los recursos jurídicos para ejercer su defensa y proteger su buen nombre, como lo garantizan la Constitución y las leyes.

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