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Desde hoy corren los vencimientos para que las personas naturales presenten la declaración de renta. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recuerda que se aplicará lo que estableció la reforma tributaria de 2016, la cual entró en vigencia el año pasado. En este contexto, el Consejo Gremial Nacional (CGN) le planteó al nuevo gobierno la necesidad de modificar el régimen impositivo.
La máxima instancia del sector privado en Colombia, que congrega a 21 gremios de la producción, le presentó al presidente Iván Duque la “Agenda empresarial”, la cual contiene las ideas que serán fundamentales para la reactivación entre 2018-2022.
En el capítulo de propuestas de política pública se hace referencia al actual modelo de tributación y se exponen 22 recomendaciones que se deberían aplicar para que el actual esquema deje de ser “complejo, ineficiente y fuente de incertidumbre”.
En el paquete de proposiciones figura: “Ampliar el universo de personas naturales obligado a tributar. Es necesario gravar progresivamente a quienes reciban más de 2,5 salarios mínimos legales vigentes (1,95 millones de pesos; actualmente se tributa a partir de 4,75 salarios es decir 3,7 millones)”.
Para Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y del CGN, la idea tiene un trasfondo filosófico. “Pagar impuestos, así sea un valor mínimo, es un compromiso de todo ciudadano, y así como reclamamos derechos es claro que hay que aportar y cumplir con los deberes. De ese modo ocurre en otras partes, donde el ciudadano contribuye y se compromete con una causa común”.
La representante a la Cámara, Angela María Robledo, cuestionó la iniciativa.
“¿Por qué gravar a una persona que se gana tres salarios mínimos? ¿Por qué no buscar las fuentes de recursos en otro lugar? ¿Por qué no se suprimen las exenciones que suman cerca de ocho billones de pesos? ¿Por qué no aplicar gravámenes a los dividendos? ¿Por qué no hacer la reforma del impuesto predial rural, que es donde están escondidos los grandes capitales de los terratenientes y latifundistas?, y ¿por qué seguir tocando a los trabajadores?, indagó”.
El martes, durante el acto de posesión, Duque anunció el mejoramiento de los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. “Eso nos va a permitir que logremos cumplir la meta que nos trazamos de aumentar el recaudo mientras bajamos impuestos a los que generan empleo y mejoramos los ingresos de los trabajadores”.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) considera que sí. El gremio explica que el gobierno que se instaló en la Casa de Nariño, necesita implementar una reforma tributaria, ojalá durante los primeros cien días del mandato.
Según las cuentas de la Asociación, la última reforma tributaria incrementó la tasa impositiva de los hogares más pudientes, pasando del 3 % al 6 % para ingresos de 10 millones de pesos por mes, y de 20 % al 23 % para ingresos de 60 millones.
No obstante, Anif critica que no se incrementara la tasa de tributación para familias con ingresos entre los 5 y 10 millones de pesos al mes. Hoy, el 80 % devenga menos de 1,5 millones de pesos mensualmente, equivalente a dos salarios mínimos, franja con un gravamen de cero, hasta los 5 millones.
Bajo esa óptica, se estima que en la franja de ingresos entre 3 millones y 5 millones de pesos por mes existe un “estrecho campo” para gravarla con tasas efectivas en el rango del 1 % al 3 %, de tal manera que el ingreso disponible de los hogares no se vea disminuido (ver Textualmente).
“En la franja de ingresos medios-altos (de 10 millones a 35 millones de pesos mensuales), el margen de tributación adicional también resulta estrecho (...) la propuesta de reforma tributaria de Anif contempla un elevamiento de gravámenes de los hogares en cerca de un 3 % en la parte media-media y de un 2 % en la parte alta”, dice la propuesta.
El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), a finales de mayo, hace que el país se compare, en términos tributarios, con las naciones que hacen parte del llamado club de las buenas prácticas.
Un mes antes de que se oficializara la admisión de Colombia a ese organismo de cooperación internacional, se conoció la más reciente edición de Taxing Wages 2018, es decir, el documento que confronta la relación de los impuestos sobre los salarios.
Con los datos disponibles al cierre del 2017, se concluyó que “los trabajadores en los países de la Ocde pagaron poco más de una cuarta parte de su salario bruto en impuestos, y poco más de la mitad de los países vieron aumentos pequeños en la tasa impositiva personal promedio”.
Ese nivel, calculado para una persona soltera sin hijos que ganó un salario promedio anual de 43.791 dólares (129,23 millones de pesos), se mantuvo estable en los últimos años, pero abarca tasas nacionales que van desde menos del 15 % en Chile, Corea y México; hasta más del 35 % en Bélgica, Dinamarca y Alemania (ver gráfico).
El ejercicio de la Ocde también se realizó para una pareja casada en la que solo trabaja uno de los cónyuges, la cual gana un salario promedio y tienen dos hijos, mostrando que paga un 14 % de lo que gana en impuestos, debido a que la carga sobre la renta personal y las prestaciones en efectivo son menores.
Luis Orlando Sánchez Neira, socio de la firma consultora EY y experto en impuestos internaciones, precisa que el documento Taxing Wages parte del concepto de salario promedio de cada país, lo que para Colombia podría estar cercano a uno y dos salarios mínimos, es decir 1,56 millones de pesos mensuales, lo que equivale a 18,7 millones anuales (6.353 dólares), 6,8 veces por debajo de la remuneración promedio en las naciones de la Ocde.
“En este nivel de salario promedio hoy no se paga impuestos en Colombia, por lo cual eventualmente lo único que se cancela es el aporte de pensiones del 4 % y el de salud del 4 % (total 8 %). Sin embargo, esto se paga asumiendo que se trata de una trabajo formal, pero hay que recordar que la informalidad es de alrededor del 50 %”, dice.
Adicionalmente, Sánchez señala que en los países de la Ocde lo que se aprecia es que la tributación está volcada sobre las personas naturales y las empresas contribuyen en una menor proporción.
“En la mayoría de esas naciones las tarifas de renta son bajas y por eso Estados Unidos, que tenía la tarifa más alta de la Ocde, la redujo de un 35 % a un 21 %. En Colombia, sucede lo contrario y el grueso del recaudo proviene de las compañías o grandes contribuyentes y no de las personas naturales”, explica.
También comenta que, a diferencia de los países nórdicos, en Colombia existe un tema de cultura tributaria que está asociada a la corrupción y a que la autoridad tributaria no es lo suficientemente fuerte para hacerle un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impositivas.
En ese sentido Ángela González, directora del área de impuestos de EY, agrega que una crítica a las reformas tributarias anteriores es que se han enfocado en las personas naturales, pero de manera muy fuerte en los asalariados, por la facilidad que tiene la Dian para controlarlas.
“Cuando hay un trabajador con determinada compensación mensual, esa es información que le llega de inmediato a la entidad, mientras que para aquellas personas que están en la informalidad el seguimiento no resulta tan efectivo”, comenta la especialista, quien añade que lo ideal no solo es ampliar la base gravable, sino implementar mecanismos efectivos de recaudo.
La cifras del Dane muestran que en 2014 el recaudo de renta de 1,9 millones de personas naturales sumó un billón de pesos; para 2015 la tributación de 2,08 millones de colombianos subió a 1,4 billones; en 2016 la cuenta fue de 1,5 billones cancelados por 2,3 millones de contribuyentes y el año pasado cerró en 1,6 billones de pesos por parte de 2,4 millones de personas.
Hasta el próximo 19 de octubre, correrán los vencimientos para la presentación de la declaración de renta de personas naturales, año gravable 2017, de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) del contribuyente.
La Dian estima que 2,6 millones de personas deben cumplir con esa obligación, quienes pagarán dos billones de pesos, una vez descontadas las retenciones en la fuente que les hayan practicado, los anticipos del impuesto pagados el año anterior y los saldos a favor (ver Glosario).
El tributarista Julio César Leal expresa que en esta ocasión se aplicará un modelo en la presentación de los formularios, denominados rentas cedulares (de trabajo, pensiones, capital, no laborales y de dividendos y participaciones).
“Esto significa que debo separar en el formato de ingresos, dependiendo de mis actividades, lo que corresponde a mi oficio o ejercicio”, añade.
Bajo ese línea, Leal recuerda que son múltiples las condiciones que obligan a una persona a declarar renta. Una de ellas es si durante el 2017 se obtuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 44,6 millones de pesos, y otra si al 31 de diciembre del año anterior el patrimonio fue mayor a 143,36 millones de pesos (ver Claves).
“Esto es relativo, porque con las reformas anteriores se ha dicho que existe la declaración voluntaria y en los últimos años lo que hemos visto es que personas que no están en esos rangos presentaron la declaración para solicitar la devolución de impuestos”, agrega el experto.
Miguel Ángel Fandiño
Docente de Gerencia Tributaria de la Universidad Central.