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En Colombia 6,06 millones de personas consideran que el trabajo que tienen es inadecuado por el nivel de ingresos que les genera. La cifra, revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), no aclara las razones que causan ese descontento con la remuneración percibida.
No obstante, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Guillermo Botero Nieto, explica que en el sector rural, por ejemplo, hay muchas personas que no están pagando el salario mínimo.
El dirigente asegura que el Código Sustantivo del Trabajo es obsoleto. “Las condiciones de hace 60 años no tienen nada que ver con las condiciones de hoy. Actualmente hay trabajo por horas, por jornales, hay ocupación por días, en síntesis, hay mucho negocio que es a destajo, y todo ese tipo de cosas deben verse reflejadas en ese Código”.
A juicio de Botero, el problema para incorporar esas nuevas realidades laborales es que “no hay quién le meta la mano al Código. De inmediato saltan las centrales obreras, eso se vuelve una gran discusión y lo único que existe es un contrato a término indefinido y el manejo es complejo”.
En línea con las consideraciones del presidente de Fenalco, el más reciente informe de la Escuela Nacional Sindical (ENS). Al abordar la condición laboral en el campo señala que la condición de pobreza rural en Colombia se explica, en parte, por las condiciones laborales de la población, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica.
En 2015 el promedio de ingreso laboral en la zona rural fue de 439.571 pesos, es decir, inferior en 204.779 pesos al salario mínimo para el año pasado, que estuvo en 644.350 pesos, y fue mucho menor al ingreso promedio de las cabeceras (1,04 millones de pesos).
Frente a ese escenario, la ENS plantea una reforma rural integral que corrija el desajuste estructural existente. Esta debe sentar las bases para la transformación del campo, mejorar las condiciones de bienestar de la población, con empleos estables y productivos en condiciones de trabajo decente, con derechos y protección social.
Frente a este último ítem, la ENS sostiene que para los 4,75 millones de trabajadores rurales el panorama es, en la práctica, de exclusión.
“Mientras en las cabeceras el 45,5 % de los ocupados contribuyó a salud en el régimen contributivo, en la zona rural sólo contribuyó el 14,1 %. Situación similar se presentó en la afiliación al sistema pensional, al cual el 41,4 % de los ocupados de las cabeceras estaba afiliado, frente a 12,4 % de los ocupados de la zona rural”, se lee en el reporte.
La afiliación a cajas de compensación familiar sigue la misma línea: 33,7 % de los ocupados en las cabeceras y solo 8,9 % de ocupados en el campo.
Aunque son más los componentes que analiza la ENS, el texto sostiene que el acuerdo de paz suscrito con las Farc en La Habana abre el camino para lograr una política de trabajo decente que garantice el cumplimiento de la legislación laboral y la formalización.
Para Carlos Julio Díaz, director de la ENS, las cifras de informalidad laboral entregadas por el Dane a septiembre y en las que ubica el fenómeno en 63,4 %, prueban que la informalidad en Colombia sigue siendo muy alta, comparada con el contexto latinoamericano, que es del 47 %.
Más grave aun, según Díaz es que esos registros ocultan que dentro de la formalidad laboral existe mucha precariedad. “Lo podríamos asimilar a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina informalidad en el sector formal de la economía”.
El dirigente sindical agrega que para analizar la informalidad a la luz de la afiliación al sistema pensional, escogido por el Gobierno, no solo debe registrar el leve crecimiento de la tasa de afiliación de la población ocupada al régimen contributivo en pensiones (38 %), sino también la enorme proporción de personas con contratos laborales formales que cotizan anualmente por periodos inferiores a un año.
Con ese argumento, el director de la ENS pide abrir el debate sobre si las personas que cotizan menos de un mes al año deben catalogarse como trabajadores formales.
Y si de informalidad se trata, el Informe del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Antioquia reconoce que si bien la informalidad en el valle de Aburrá observa una tendencia decreciente, pues ha bajado del 47,3 % (2012) a 43 % (2015), genera dudas sobre la calidad del empleo formal que se está creando, en virtud a que el empleo viene jalonado por el sector comercio, restaurante y hoteles y los servicios, quienes tienen una alta propensión a la informalidad.
Se reafirma, además, que la informalidad afecta en mayor proporción en las mujeres, así como también afecta a quienes no cuentan con algún nivel de formación, por los que se sugiere mejorar el acceso a la educación en todos sus niveles.
Sobre el salario promedio real, el estudio indicó que pasó de 1,08 millones de pesos (2012) a 1,2 millones en 2014. “Este indicador tiene una limitación: la información usada por el Dane captura ingresos brutos, mas no netos; por tanto, se restringe el análisis sobre la capacidad de compra de los hogares. En tal sentido, su resultado sólo refleja la evolución de salarios promedios reales en el tiempo, valorados a precios de 2008”.
Mientras el debate sobre la formalidad e informalidad laboral se mantiene, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales intenta lograr un acuerdo para ajustar la remuneración mínima en 2017.
Luego de una semana de conversaciones, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario anticipa que de forma semejante al año 2015, no se logrará llegar a un acuerdo sobre dicho incremento.
“El salario mínimo será fijado en función de la inflación causada, y los aspectos de productividad laboral y contribución de los asalariados al Producto Interno Bruto (PIB ) serán considerados en forma mínima, con lo cual el salario mínimo para 2017 será incrementado en una fracción levemente superior a la inflación que registre el Dane para el año 2016”.
El reporte, que fue elaborado por los investigadores Iván Jaramillo, Andrés García, Juan Carlos Guataquí y Juan Pablo Baquero, indica que de cara a la fijación de mínimo, las posturas de gremios y trabajadores son aún más divergentes que los experimentados en la negociación de 2015, pues los empresarios plantean un 6,5 % y los sindicatos un 14 %. Al final, la remuneración es un asunto que va más allá de fijar un ajuste del salario mínimo.