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Instituciones, salud, educación e infraestructura, la eficiencia en el mercado laboral, la baja internacionalización de Colombia y la falta de innovación, son las aristas prioritarias que enmarcan las fallas de competitividad del país, de acuerdo con el último informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), liderado por Rosario Córdoba, presentado ayer.
Si bien la entidad reconoce que ha habido avances, lo cierto es que el país retrocedió “en su ambiente macroeconómico”, así se debe: “aumentar el recaudo tributario, reducir el déficit presupuestal en 2018 y continuar el control de la inflación”, según el informe.
Para Juan Felipe Mejía, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Eafit, el balance es mixto. “Es tiempo de que Colombia piense en grande, como lo dijo Andrés Oppenheimer, no solo debemos seguir basándonos en una economía macronómica seria y rigurosa, o en el tamaño de mercado, o los avances en seguridad; sino que debemos dedicar esfuerzos en la productividad o seguiremos con un desempeño mediocre en competitividad”.
En el marco del evento, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que ha habido avances importantes desde que, por primera vez, se habló de esto con Michael Porter, pero recalcó que “lo mejor que podemos hacer es tratar de vencer el pesimismo en el que estamos sumidos, porque el sector privado es parte del problema, pero sería también una parte importantísima, de la solución”. El CPC le propuso a Santos 11 tareas para impactar positivamente la competitividad en el corto plazo (ver Paréntesis).
El CPC recomienda que uno de los aspectos clave es “evitar la proliferación de legislación laboral que castiga y encarece el empleo formal”. Hay que ponerle la lupa a los pagos de horas por disponibilidad, la legislación específica para discapacidad, embarazos o trabajadores con deterioros de salud, límites de los pactos colectivos y “carruseles sindicales que provocan una utilización inadecuada del fuero sindical”, dice el informe del CPC.
El CPC señala como urgente la superación de los problemas inmediatos de la financiación por la falta de confianza. Específicamente en lo referente a la deuda de los bancos por más de 2,5 billones de pesos de la Ruta del Sol II. Al parecer esto ya está solucionado. Tal y como lo dijo a EL COLOMBIANO, Dimitri Zaninovich, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en 20 días se iniciará la devolución del dinero . También es responsabilidad del Gobierno atraer la mirada de inversionistas para no sobrecargar la capacidad de los nacionales y agilizar las vías terciarias.
Las acciones deben centrarse en las grandes operaciones comerciales informales y se deben actualizar los esquemas de vigilancia sobre todo en los sectores: textil, confección y calzado. En este aspecto es relevante decir que la “Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) debe modernizarse”, afirmó Rafael Puyana, vicepresidente del CPC. El enfoque debe estar en mejorar el cómo funciona, “con los sistemas para que lo hagan de manera correcta, con más inspectores, tecnología y gente capacitada”.
Hay que identificar los costos más altos en los que incurren las empresas, para así iniciar la reducción de la carga regulatoria sobre el sector privado formal. Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), recordó que en el país se ha encontró la emisión de 95.000 normas, 15 diarias, entre el 2000 y 2016. Para simplificar los trámites se está haciendo un análisis en el que se debe “garantizar que el beneficio de la regulación sea mayor al costo”, sostuvo el director.
El sistema se lleva hoy 30 de cada 100 pesos recaudados, según el CPC. Dice la entidad que la opción es que “ todos los segmentos poblacionales tengan una opción disponible para la vejez”. También advirtió sobre las dificultades “respecto de los seguros previsionales, que podrían poner en riesgo el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”, dice el texto.
La recomendación es inyectar los recursos necesarios para evitar la desprotección de las personas. Según David Bojanini, presidente del Grupo Sura, debe haber una diferenciación entre el sector subsidiado y contributivo, “al tener los mismos los beneficios no hay incentivos para que las personas pasen a contribuir”. Además, aseguró se debe involucrar más al sistema judicial para que tengan en cuenta los impactos económicos de las decisiones.
Desde este punto de vista, el CPC recomienda un tributo único “solo para los bienes industriales, y uno diferenciado para los bienes agropecuarios, dados los subsidios, cuotas y tarifas que estos enfrentan en el mercado internacional”.
El Consejo propone consolidar los esfuerzos aislados en asistencia a empresas, de modo que se alcance un Programa Nacional de Extensión Tecnológica robusto.
Se debe dar la reglamentación de la reforma al Sistema General de Regalías (SGR), de manera “urgente”, para que “se premie la calidad de proyectos y establezcan condiciones ágiles y fáciles de entender”, dice el CPC.
“Uno de cada dos empresarios tiene dificultades para encontrar el talento que necesita”, aseguró Puyana. Se debe trabajar en el Sistema Nacional de Educación Terciaria.