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Mientras el Gobierno sigue hundiendo el pie en el acelerador a la construcción de las llamadas vías de cuarta generación o 4G, el sector financiero advierte que todavía existen algunos elementos que deben ser aclarados para lograr el financiamiento de las obras.
Para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) son seis los puntos que todavía generan dudas, entre ellos el porcentaje de endeudamiento de los concesionarios.
La agremiación sugiere que el porcentaje de endeudamiento de los concesionarios puede ser incrementado en un valor tal que les permita participar en las tres olas de proyectos y que el límite del 25 por ciento sea aplicable a cada proyecto de 4G de manera independiente.
Jonathan Malagón González, vicepresidente Económico de Asobancaria, precisa que ese mayor endeudamiento debe ser autorizado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), del Ministerio de Hacienda.
La Asociación le hace reparos al requisito según el cual la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debe hacer parte de los contratos de Alianzas Público-Privadas (APP), para que los establecimientos de crédito puedan aumentar el límite del cupo de endeudamiento.
“Este hecho limita el monto de los recursos que la banca local puede aportar en aquellos proyectos donde la Agencia no participa, por ejemplo, proyectos con entes territoriales u otros órganos públicos”, agrega.
Igualmente, recomienda determinar el alcance de la Ley de Garantías Mobiliarias y los derechos sobre los contratos como garantías admisibles, pues considera que la aplicación de este tipo de garantías puede beneficiar el financiamiento de los proyectos de infraestructura.
En este frente, Malagón señala que la normativa debe expresar que la garantía mobiliaria que se constituye sobre los derechos derivados de los contratos de concesión sea considerada como garantía admisible; puesto que se disminuiría la exigencia de provisiones y se proveerían mejores condiciones para la financiación.
Para la Asobancaria también resulta fundamental que haya mayor claridad a la ejecución de los step in rights (paso en los derechos) en los contratos, porque persiste la incertidumbre sobre la forma en que se daría una eventual toma de posesión ante un escenario de incumplimiento, pues aunque existe normatividad que protege a los financiadores de los proyectos, no es claro cómo se realizaría este proceso.
Para las entidades financieras resulta fundamental conocer con anticipación, en la medida de lo posible, las fechas exactas o los plazos máximos en los cuales deberán realizar los desembolsos de los recursos. De no tener certeza sobre estos puntos, se podrían exacerbar los riesgos de tasa de interés y de liquidez en el mercado financiero local.
Finalmente, para la banca es esencial tener certidumbre en aspectos tales como la aprobación de la totalidad de las licencias ambientales con anterioridad al inicio del proyecto y la adquisición de la mayor parte de los predios necesarios en sus unidades funcionales.
La firma hoy en Apartadó del contrato Autopista al Mar 2, anuncios como el del viernes pasado del inicio de obras en la Autopista Pacífico 3 o la publicación, ayer, de los pliegos de licitación para contratar las autopistas Bucaramanga-Pamplona, Pamplona-Cúcuta (de la tercera ola de concesiones. Ver gráfico) evidencian el afán del Gobierno por mostrar avances en estas iniciativas.
Desde la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), su presidente, Clemente del Valle, resalta que seis de los proyectos formalizaron el cierre financiero e involucraron diferentes fuentes de recursos.
“Este es un programa muy grande. En los primeros seis proyectos la banca local tiene un liderazgo importante, hemos logrado interesar a bancos internacionales que ofrecerán financiación en dólares y viene un tercer componente con el ingreso del mercadeo capitales”, comenta.
Justamente, ayer, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Ashmore Group presentaron el primer fondo de deuda principal para infraestructura 4G con recursos por 1,4 billones de pesos, el cual facilitará el ingreso de los fondos de pensiones, que serán uno de los motores para la ejecución de las obras.
“Con este producto, se busca facilitar la canalización de recursos de los inversionistas institucionales y otros actores para, de esta manera, complementar el mercado financiero destinado a impulsar la infraestructura de los países, un sector en que tenemos amplia trayectoria y exitosa experiencia”, explica Enrique García, presidente de la CAF.
Con esta puerta abierta y otras opciones similares que se están estructurando (ver Dicen de...), la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) estima que sus afiliados podrían participar con cerca de tres billones de pesos y se calcula que las rentabilidades de los portafolios superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 7 puntos porcentuales.
La Asobancaria recuerda que las inversiones previstas al concebir inicialmente el programa 4G en materia de carreteras ascendían, entre iniciativas públicas y privadas, a cerca de 50 billones de pesos; sin embargo, tras los procesos de estructuración, adjudicación y contratación que se han venido dando, junto con la nueva realidad en materia fiscal, el escenario más probable indica que las inversiones de este programa estarían alrededor de los 36,7 billones de pesos.
Otros estimativos indican que la totalidad del programa le aportará en promedio 0,4 por ciento al crecimiento económico colombiano de aquí al año 2022. “En concreto, es de esperarse que el aporte aumente progresivamente hasta el año 2018, cuando alcanza su máximo (0,8 por ciento) y a partir de allí tome una senda decreciente hasta el 2022 (un 0,61 por ciento).
Sin atreverse a dar una cifra de los recursos inyectados por los bancos a los proyectos que lograron el cierre financiero, el presidente de la FDN dice que la expectativa es que un 50 por ciento de la financiación, en cada proyecto, sea de la banca local.
El apalancamiento que ofrecerá la Financiera al primer paquete de concesiones alcanzará el billón de pesos.