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Los industriales colombianos mantienen el radar encendido para captar todos los acontecimientos que se suscitan en el mundo y sus potenciales efectos en la dinámica de los negocios, pasando por los fenómenos migratarios, hasta las decisiones trascendentales como el “brexit”, que provocó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Pero de la mano de ese monitoreo constante van la incertidumbre y las expectativas de la coyuntura interna que no son menos complejas. La lista es robusta: corrupción, contrabando, costo país, estrechez fiscal, reforma tributaria y posconflicto.
Para Bruce Mac Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), una de las necesidades más apremiantes es sacar adelante una reforma tributaria integral que consolide, entre otros, aspectos fundamentales como garantías de seguridad jurídica para la inversión.
En la instalación del primer Congreso Empresarial Colombiano (CEC), en Cartagena, el dirigente sostuvo que esa discusión se ha tomado más tiempo del que los empresarios hubieran querido.
“Necesitamos superar esta incertidumbre. Es fundamental una reforma tributaria perdurable, una reforma para los próximos diez o quince años que brinde confianza y estabilidad. Nos preocupa una reforma aprobada por pupitrazo”.
Sin fecha para reforma
Pese a indagar sobre el momento preciso en que será presentada la iniciativa al Congreso, los empresarios se quedaron esperando una respuesta por parte del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
En cambio, el funcionario insistió en que la reforma será una de las estrategias “habilitadoras para lograr la nueva economía que el país requiere”. Mencionó que la “nueva economía” busca que Colombia pueda insertarse en las cadenas de valor internacional, ser más competitiva y generar más empleo, entre otros aspectos (ver Dicen de...).
Según el ministro el nuevo marco tributario debe ser competitivo y debe evitar que se dejen de hacer negocios o que estos se vayan para otra parte. “La reforma debe controlar la evasión, ponerle orden a las entidades sin ánimo de lucro”, acotó.
Cárdenas anticipó que la reforma utilizará las normas internacionales de información financiera (Niif) como referencia para aplicación del impuesto único sobre utilidades, además que se eliminará el impuesto a la riqueza y que habrá una mayor progresividad sobre personas naturales: a más ingresos y patrimonio, más pagarán.
Sin señales claras
David Bojanini García, presidente del Grupo Sura, manifestó que hay consenso frente a la necesidad de la reforma tributaria, en buena medida porque es necesario asegurar la calificación crediticia.
“Esa reforma debe hacerse este año y la promesa del Gobierno es que los impuestos corporativos volverán a hacer competitivas a las compañías”.
Añadió que la suerte del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con las Farc le están poniendo ruido al trámite de la reforma. “Quiero pensar que el 2017 arrancará con reforma”, enfatizó Bojanini, quien reconoció que hasta el grado de inversión de las empresas, como el que posee Grupo Sura, puede verse comprometido.
Por su parte, Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, se declaró tranquilizado con los temas centrales que contempla la reforma e insistió en que será prudente conocer el texto completo. “Es claro que el Gobierno espera tramitar primero el plebiscito y luego llevará la reforma tributaria al Congreso, aunque la reforma se necesita este año”.
A su turno, Mauricio Vélez, presidente de Medicarte, abogó para que el nuevo marco tributario devuelva competitividad a las empresas colombianas y que cumpla el objetivo de ampliar la base de contribuyentes.
Desde el Grupo Contegral, su presidente, Santiago Piedrahita, señaló que la implementación de la reforma tributaria no es solo una preocupación de los empresarios, sino que es más una inquietud del país. “Ese asunto debe quedar resuelto para que, también dé claridad en las reglas de juego y el país mantenga su calificación de riesgo”.
Menos optimista se mostró Álvaro Hincapié, presidente de Enka, quien consideró que las cartas destapadas por el Gobierno, aún no dan claridad sobre cómo será el próximo régimen tributario.
Pero totalmente escéptico de que este año se concrete la reforma se declaró el empresario Fabio Andrés Saldarriaga. “Ese es un tema candente en vísperas de un proceso electoral (el plebiscito). El país necesita la reforma, pero no veo voluntad política para tramitarla ni aprobarla”.
Beatriz Uribe, expresidenta de Mineros, comentó que una tarea será darles estabilidad jurídica y tributaria a los inversionistas, para saber cuál es el camino que hay que recorrer: “el sector privado es consciente de que la reforma debe ser estructural, pero en su estructura debe ser más equilibrada”.
Mientras la expectativa crece en el empresariado y el tiempo para la tributaria se acorta para el Gobierno, la Andi volvió a llamar la atención sobre dos líos de fondo: el contrabando y la corrupción.
A juicio de Mac Máster, “estamos en mora de atacar contundentemente estos flagelos. Es necesario establecer sistemas de monitoreo, de seguimiento y de denuncia contundentes. Si no superamos la corrupción, nunca seremos fructíferos”.
Aseguró que el país pierde cerca de 6 mil millones de dólares al año, consecuencia del contrabando, cifra equivalente a los ingresos que se han dejado de percibir por la caída de los precios del petróleo. “Los efectos para América Latina representan valores superiores a 45 mil millones de dólares”.
Finalmente, otro interrogante entre los industriales colombianos se desprende del avance del proceso de paz con las Farc y los acuerdos que se suscriban en La Habana, Cuba.
Gabriel Harry Hinestroza, empresario bananero, dijo que hay muchas promesas para el campo que no se han cumplido. “Si hay algo que se necesita para el posconflicto, pues es un sector agropecuario y rural fuerte, y si los compromisos no se cumplen, veremos un campo más pobre”, advirtió.
Mientras el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, empieza a introducir el discurso de la “nueva economía” y a explicar que el país tardará unos 10 años en consolidar ese modelo, la iniciativa ya generó cuestionamientos.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) señaló que “aunque para complacer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) se viene hablando de transparencia fiscal, más bien luce opaca la presentación de inversión al presentarlo como totalizando 3,6 % del PIB en 2017 (inferior al 4,3 % del PIB de 2016), sabiéndose que muchos de sus rubros poco y nada tienen que ver con el concepto de inversión. Por ejemplo, se han acomodado gastos-operativos-sociales hasta por 0,9 % del PIB referidos a indemnización de víctimas dentro del proceso de paz”.