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Tercerización, figura que genera controversia
La expedición del Decreto 583 genera dudas y desde algunos sectores se advierte que la norma posibilita la contratación laboral en condiciones desventajosas.
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Ilustración: Esteban paris
27 de junio de 2016
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La tercerización laboral sigue siendo una figura que suscita debate, controversia e inquietud principalmente entre las organizaciones sindicales y, desde abril pasado, entre los empresarios.
La razón fue la expedición del Decreto 583 del Ministerio de Trabajo, cuyo objeto es adoptar “la política nacional de trabajo decente, para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y privado”.
Pero lejos de alcanzar ese objetivo, la norma ha desencadenado múltiples debates y propiciado que esta sea demandada ante el Consejo de Estado con el argumento de la inconstitucionalidad.
Óptica de los trabajadores
Para la Escuela Nacional Sindical (ENS) la normativa legaliza la tercerización laboral en todos los escenarios, incluso en aquellos que estaban protegidos por la legislación, es decir, en casos de actividades misionales y permanentes.
Igualmente, se señala que el decreto, firmado por el anterior ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, permite que las empresas deslinden responsabilidades directas de la relación laboral y las trasladen a terceros proveedores.
“Así el ejercicio de la libertad de empresa no puede usarse para afectar el derecho que tienen los trabajadores a un vínculo laboral directo con la empresa que se beneficia de su trabajo, entre otras razones, porque con ello, se garantiza de mejor manera los derechos laborales y sindicales de los trabajadores”, comentaron voceros de la ENS.
En un análisis, la Escuela advirtió que son varios los riesgos que el Decreto 583 conllevaría para los trabajadores, entre ellos, la informalización laboral. “Esta se entiende como la ausencia del contrato de trabajo en la prestación laboral y también puede concebirse como la inexistencia parcial de estos derechos, se dé o no en un contrato”.
También se aseguró que en la medida en que las empresas acuden a la subcontratación laboral con el propósito de reducir sus costos, los ingresos de los trabajadores “involucrados en la subcontratación” se reducen mucho más que el de aquellos que no lo están.
Con esos y otros señalamientos, algunas organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Anthoc (sindicato de los trabajadores de la salud), demandaron la norma.
Según Yesid Camacho, presidente de Anthoc, el 583 va en contra de los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que han declarado que la obligación del Estado es vincular a los trabajadores a la planta de personal.
Malestar empresarial
Miguel Pérez García, presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), sostuvo que el Gobierno no ha podido enfrentar con la claridad que se requiere la figura de tercerización laboral.
“El Decreto 583 de 2016 está promoviendo el uso de figuras ilegales para la tercerización de trabajadores misionales mediante otras modalidades y confundiendo la tercerización laboral con la tercerización de prestación de servicios o bienes”, precisó.
En ese contexto, alertó que se creó una nueva modalidad no existente en la legislación colombiana de contratación indirecta de trabajadores a través de proveedores de bienes o servicios, con el requisito genérico de que cumplan con las normas laborales vigentes.
La Andi, por su parte, explicó que la norma autoriza la tercerización siempre que se cumpla la ley, y resaltó que los inspectores laborales tendrán criterios (elementos indicativos) que por sí solos no servirá de fundamento para una eventual sanción.
“Siempre se tiene que demostrar el incumplimiento de las normas laborales”, insistió el gremio, que además consideró conveniente el que se eliminara la facultad al inspector laboral de declarar la existencia de una relación laboral.
Finalmente, sugirió que las empresas deberán ser muy cuidadosas en el seguimiento a sus proveedores sobre el cumplimiento de la normatividad laboral.
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