Uber y Airbnb están en la mira

  • Al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, le quedan algo más de cuatro meses para ejercer su cargo. FOTO colprensa
    Al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, le quedan algo más de cuatro meses para ejercer su cargo. FOTO colprensa
Por Natalia Cubillos Murcia | Publicado el 20 de marzo de 2018
en definitiva

En lo que resta del periodo presidencial habrá decisiones en 15 casos, entre ellos, el cartel del cemento, de frutas, y las investigaciones de Ruta del Sol II y el tercer carril Bogotá - Girardot.

A cuatro meses de terminar su gestión, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, habló con EL COLOMBIANO sobre las decisiones que saldrán a la luz en este periodo que le resta y reveló que están en la mira la plataforma tecnológica que ha puesto a temblar a conductores de taxi y autoridades, Uber, y Airbnb, la herramienta que invita a prestar servicios de hospedaje, que sulfura al negocio de hotelería pues ha sido tildada de ser una apuesta informal y poco garantista.

Iniciemos con el tema del cemento, ¿en qué va la decisión?

“La SIC sancionó a tres empresas: Cemex, Cementos Argos y Holcim por cartelización empresarial. Cemex no interpuso recurso, pero sí Holcim y CemArgos; y algunas de las personas naturales investigadas.

En este momento la SIC decretó unas pruebas adicionales, de oficio. Estamos estudiando nuevamente la decisión inicial y lo que las pruebas nos muestran y en un futuro se tomará una decisión”.

¿Cuándo?

“Cuando se tomen.”

¿Por qué Cemex no interpuso recurso?

“Los actos sancionatorios son administrativos, y los involucrados pueden poner acciones ante la jurisdicción de lo contencioso. Lo que en su momento dijeron fue que iban a instaurar unas acciones en esta instancia para declarar la nulidad de la multa que la SIC les impuso. Eso es muy frecuente”.

¿Qué otros procesos están pendientes?

“El que se conoció como el cartel de las frutas, del Programa de Alimentación Escolar (PAE), es una investigación que fue notificada y que en los próximos meses saldrá el informe motivado del delegado.

Hay otra que se sabe que existe: el presunto cartel de la reventa masiva de boletas en las eliminatorias de la Selección Colombia, en la que hay empresas y personas naturales indagadas, entre ellas, la Federación Colombiana de Fútbol va por buen camino”.

Y en el tema de colusión en licitaciones públicas, ¿en qué va?

“Tenemos investigaciones importantes como: Ruta del Sol Tramo II, en la que la SIC exigió la terminación del contrato como medida cautelar, eso a la par tiene una indagación preliminar; posible colusión en el tercer carril Bogotá - Girardot; indagación preliminar de Tunjuelo - Canoas; también se conocen las visitas administrativas en Fonade; ahí tendremos una decisión qué tomar, y unos casos pendientes de ser resueltos por el Superintendente en temas del carrusel de Bogotá, en contratos también de patios y grúas en el que está vinculado el Grupo Nule; un caso de Aerocafé, y unos casos de Fonade aulas escolares, en Cocorná, y unas obras, en Pijao, y de Vivienda, en Condoto”.

¿Antes de que se acabe el Gobierno tendremos decisiones?

“De todos los casos habrá pronunciamiento este año, en estos cuatro meses”.

Esta semana se llevó a cabo el primer congreso de e-commerce, ¿cómo pensar en el consumidor y mirar que estos nuevos jugadores no afecten la competencia?

“Una cosa son los negocios que se hacen a través de una plataforma electrónica, que solo se diferencian de los negocios tradicionales por esto y, otra cosa, el problema que llega cuando tenemos actores reales y formales, con habilitaciones del Estado o licencias, y estos señores compiten sin cumplir con los mismos requisitos. Los Estados tienen que ser los suficientemente inteligentes para saber cómo de manera efectiva cogen a esos prestadores y los meten en la legalidad. El que no se someta a esas reglas es un prestador ilegal de servicios. Así que cada caso es distinto, no se puede generalizar”.

¿Cuál es el caso de Uber?

“No le puedo contestar porque en la SIC estamos en indagación preliminar. El demandante es el Ministerio de Transporte. Ahí lo que estamos mirando es si hay una práctica restrictiva de la competencia o hay competencia desleal.

En el caso del servicio, y eso no me genera ningún impedimento ni nada porque esos son hechos públicos, se ha declarado varias veces por la Superintendencia de Transporte como ilegal”.

¿Con Airbnb hay alguna investigación?

“Tenemos, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), unas actuaciones para determinar qué inmuebles están o no con Registro Nacional de Turismo (RNT), es decir, la parahotelería.

Si Airbnb coge un inmueble, que está en el territorio colombiano y lo alquila sistemáticamente está prestando servicios turísticos, y por lo tanto debe tener RNT.

Cuando tengamos cuáles no operan con este requisito habrá una actuación conjunta entre la Superintendencia y el Mincit Nosotros estamos investigándolo desde el punto de vista del consumidor, por ahora, después veremos el tema de competencia. Lo que sí tenemos claro es que quien preste servicios turísticos tiene que tener RNT, independiente de si es a través de una plataforma o no”.

¿En qué va la iniciativa de cambiar la tasación de las multas?

“Una modificación que Colombia está obligada a hacer, si se quiere fortalecer la libre competencia económica, es que se haga lo que se realiza en Europa, EE. UU., México, Brasil y Chile: que las multas a imponer no tengan como techo una suma de dinero que hoy en día son 78 mil millones de pesos, para las empresas, sino un porcentaje sobre los ingresos globales de las compañías. Llegará el día.

Eso está en un artículo del proyecto de ley de probidad, o el anticorrupción que está quieto. Otra cosa que está pendiente es establecer sanciones adicionales a la económica”.

¿Como cuáles?

“Para las empresas que son sancionadas en prácticas restrictivas al interior de compras públicas, generarle la inhabilidad temporal de volver a contratar con el Estado. Una especie de efecto similar al que produce la caducidad. Lo que sí es muy triste es que una empresa sea sancionada por coludirse por una licitación pública y el Estado después les esté adjudicando un contrato”.

¿Con cuáles empresas ha sucedido esto?

“Con muchas. Las inhabilidades también deben incluir a los altos directivos para que no puedan ejercer cargos de este tipo en ninguna empresa en Colombia, en el sector financiero pasa esto, por ejemplo. Es que a la ética hay que ayudarla y reforzarla con temores sancionatorios del Estado”.

¿Debe pensarse en sanciones penales?

“Es un debate que en el mundo se va a seguir dando, es eterno. En Colombia, solo se sanciona en colusiones que se dan en licitaciones públicas.

Nosotros tenemos primero que contar con otras reformas. El tema de la cárcel hay que analizarlo pues puede implicar un desincentivo para la delación. Otra de las cosas que la SIC ha dicho es que se le entreguen las funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en todos los sectores de la economía para la protección de los consumidores, ello es así en muchos países del mundo” (ver Paréntesis).

¿Estos cambios cómo se deben dar?

“A través de proyectos de ley. En el caso de consumidor, es un debate que se tiene que dar al interior del Gobierno. No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser así, pero creo que es conveniente. Incluso, he hablado con los Superintendentes y algunos accederían a hacerlo. Estas funciones, si se las pasan a la SIC, deben implicar gente y presupuesto”.

¿Cuál es el balance de su gestión?

“Se han impuesto multas por 1,5 billones de pesos en los últimos cinco años. El 85 % de esa cifra es por competencia y el 15 % es por temas de consumidor y metrología legal. Lo importante es que la SIC ha cambiado mucho. Cuando el expresidente Álvaro Uribe entregó el Gobierno, el promedio de trámite de una marca era de 9,5 meses. En el Gobierno Santos, 6,5 meses.

En los mismos periodos la concesión o negación de una patente se demoraba 65 meses, hoy se da en 23 meses. Antes se tramitaban 22 mil marcas, hoy 45 mil. En solicitudes de patentes, pasamos de 1.200 a 2.500, y entre ellas en origen colombiano cambió de 120 a 450”.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Avianca, ¿en posición dominante?

De acuerdo con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, hasta ahora no se ha indagado ni sobre la posición de dominio de la aerolínea ni de un factible abuso: “Una cosa es ser el prestador mayoritario del servicio aéreo en Colombia y otra, tener posición de dominio”, explicó, lo que en el sector aéreo podría estar dado por cada ruta. Según aclaró el funcionario esta condición no es ilícita, per sé. Lo que es ilegal es que un actor abuse de su posición “para excluir a un tercero del mercado, no tiene que ver con el cliente”. Sobre las quejas de usuarios en este segmento la autoridad es la Aeronáutica Civil.

Natalia Cubillos Murcia

Editora de Economía de El Colombiano. Amante de las buenas y nutridas conversaciones, la música y los viajes.

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