Van 11 casos de captación ilegal de dinero en Antioquia

FOTO MAURICIO ANDRÉS PALACIO

En los últimos tres años, un total de 11 empresas y personas en el departamento de Antioquia fueron intervenidas por captación ilegal de dinero, según información proporcionada por la Superintendencia de Sociedades a EL COLOMBIANO.

La estadística es desde el año 2015 al 2017, periodo en el que la Supersociedades realizó 357 intervenciones en el país.

Este año, la Supersociedades interceptó 23 captadoras a marzo que, por regiones, quedaron distribuidas de la siguiente manera: Bogotá con 12 casos; seguida por el departamento de Córdoba con 7, y Atlántico, con 4 procesos (ver La Microhistoria).

Aunque Supersociedades no reveló cuánto dinero se ha visto comprometido en los casos de captación ilícita, señaló que corresponde a “varios billones de pesos”. Para dar unas luces, los casos Dinero Rápido Fácil y Efectivo (D.R.F.E.) y David Murcia Guzmán (DMG) captaron casi unos 6 billones.

Toma de posesión de los bienes haberes, negocios y patrimonio son algunas de las medidas que aplica la Supersociedades luego de la intervención. En el caso de las penas están 20 años de cárcel y multas de hasta 50 mil salarios mínimos.

Pero, ¿por qué pese a esos castigos siguen registrándose este tipo de casos? El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, explicó ayer que los captadores ilegales ofrecen rendimientos que están muy por encima de las condiciones normales del mercado aunque resaltó que no tienen ninguna explicación financiera razonable.

Un inversionista nuevo debe saber que las promesas de rendimientos exactos deben generar sospecha, así como las cadenas que están naciendo con las nuevas tecnologías. El funcionario recomendó a los ciudadanos a abstenerse de participar en operaciones que no tengan confiabilidad, no estén vigiladas por el Estado, que obedezcan a estructuras corporativas poco claras y que no tengan racionalidad financiera.

Con estos fenómenos de captación los recursos dejan de ir a fondos lícitos de inversión, como bancos o de valores, que en consecuencia “dificulta la inversión en el país” dijo en ese sentido Alejandro Useche, docente de la Universidad del Rosario.

La confianza es lo que se pierde en estos casos, más allá de que se den de captadoras ilegales las personas simplemente dejan de creer en cualquier instancia que le ofrezca un estadio de inversión. Así lo explicó el profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Eafit, Raúl Cardona.

Finalmente, según Useche, es necesario que la justicia deje de dar incentivos con las rebajas de penas, o evitar figuras como el vencimiento de términos, para que estas actividades ilícitas no se repitan .