Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 18 de mayo de 2018

ABUSO DEL DERECHO POLÍTICO AL VOTO

La Constitución Política de 1991 se construyó bajo los principios del denominado constitucionalismo de los derechos, doctrina según la cual sólo es verdadera Constitución aquel texto Superior que contiene una extensa y detallada proclamación de derechos. A diferencia de la Constitución de 1886, la nueva Carta se preocupa, no sólo por incluir un gran enunciado de derechos, sino por consagrar una serie de acciones que se consideran necesarias para la protección y defensa de esos derechos y, además, porque de manera expresa prohíbe suspender los derechos y las libertades, incluso en los denominados estados de excepción.

Podría afirmarse que la voluntad proteccionista y garantista de los derechos, pudo hacerse efectiva con un simple artículo en el que se afirmara que el Estado colombiano tiene la obligación de respetar los derechos y garantías acordados en tratados internacionales suscritos por los distintos gobiernos y aprobados por leyes de la República; sin embargo, las circunstancias sociales y políticas imperantes al momento de la discusión y aprobación de la Constitución, hicieron necesaria la extensa proclamación que figura en la Carta.

No puede estarse en contra de una profusa declaración de derechos, en una democracia moderna nadie se opondría a una configuración de esta naturaleza; sin embargo, es menester recordar que al lado de los más de 100 artículos que se refieren al tema de los derechos, hay unas cuantas disposiciones que permiten recordar que una sociedad sin deberes no puede existir ni subsistir.

En efecto, entre las pocas normas que se refieren al cumplimiento de deberes, es oportuno mencionar las contenidas en los artículos 95 y 258. El primero, dispone textualmente que es deber primordial de toda persona “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. El segundo, dice de manera literal que “el voto es un derecho y un deber ciudadano”. La concordancia de estas dos disposiciones permite observar que si bien el voto se considera un derecho político fundamental de todo ciudadano para participar en procesos electorales, es decir, elegir y ser elegido, también comporta un deber genérico que consiste en evitar toda conducta que implique un abuso en el ejercicio de ese derecho. Además, en forma específica, el voto como deber exige que al momento de ejercer el sufragio, el ciudadano debe actuar con plena conciencia de la importancia y responsabilidad individual y social que implica el ejercicio del sagrado derecho político al voto.

Lo expuesto obliga a reflexionar acerca del significado que adquiere el evento del próximo 27 de mayo, cuando Colombia acude a las urnas en primera vuelta para elegir Presidente de la República.

Todos los ciudadanos tenemos un derecho que ejercer y el correspondiente deber de evitar cualquier comportamiento que de alguna manera implique el ejercicio de prácticas abusivas con respecto a la realización de tan preciado derecho, como la compra de votos, el traslado ilegal de votantes, las presiones indebidas y en general cualquier comportamiento que afecte la pureza y transparencia de los resultados electorales.

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