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Publicado el 12 de octubre de 2017

ABUSO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Por FABIO HUMAR JARAMILLO*
redaccion@elcolombiano.com.co

La figura del Principio de Oportunidad (POP) es utilizada en múltiples sistemas de enjuiciamiento penal, en diferentes latitudes. Colombia, que introdujo el POP mediante la Ley 906, no es la excepción. Sin embargo, el abuso al que ha sido sometida esa figura va camino a destruirla.

Una cosa es la utilización del POP para, de la mano de otros elementos materiales probatorios y evidencia física, se logre la desarticulación de bandas criminales; sin embargo, por cuenta la deficiencia investigativa de nuestra Fiscalía, el POP se convirtió en el único medio de prueba.

El POP, como figura jurídica, tiene dos alcances, en lo que a delación se refiere: 1) la utilización del testigo en la etapa del juicio, y 2) que este sirviera de testigo de cargo contra los “peces gordos”. Derivado de lo anterior, el POP también brindaba a los investigadores líneas de trabajo, o hipótesis delictivas, como se llaman técnicamente.

Sin embargo, nada de lo anterior se aplica en nuestro sistema: el POP ha convertido a quien lo utiliza en el único testigo de cargo, y a su vez en quien determina las líneas investigativas, sin mayores corroboraciones por parte del acusador.

Así, es muy frecuente ver que las imputaciones y acusaciones se basan exclusivamente en el dicho de algún imputado que, por la necesidad de obtener beneficios, es capaz de decir cualquier cosa.

Hay algunos estudios que relatan el daño que puede causar la aplicación indiscriminada del POP; así, por ejemplo, el uso excesivo de esta figura puede llevar a la destrucción del tejido social, ya que el vecino, el amigo e incluso el familiar podrán ser, en el futuro, testigos de cargo. Dicho de otra manera, esa figura puede generar una paranoia generalizada.

Hay casos en la historia judicial norteamericana, donde la delación es una de las herramientas más y mejor utilizadas, donde -en mi opinión- se ha llegado a extremos que no son sanos.

Me refiero al caso de los Orejuela donde, para obtener beneficios, y aupados por las mismas autoridades, hijo y padre terminaron atestiguando uno en contra del otro. ¿Sirvió? Sin duda. Es bueno desde el punto de vista del eficientismo judicial, pero no estoy seguro de que sea el modo “más humano” de investigar.

Hace poco, en nuestro país se imputó a una ciudadana por un delito grave, como es el de lavado de activos, y la única prueba era el dicho, en sede de un trámite de POP, de otro ciudadano. La juez del caso no aceptó los argumentos de la Fiscalía, y desestimó la solicitud de medida de restricción de la libertad.

En fin, ya lo dirán las sentencias que se emitan en los próximos años, cuando sean los jueces quienes valoren las pruebas obtenidas por la vía del POP.

Pero, por ahora, cumplo con el deber de señalar que, si la única prueba de cargo que se usará en contra de los ciudadanos es el dicho de un imputado, desesperado por salir de prisión, la cosa no es sólida. Ni jurídica ni éticamente.

* Abogado penalista. Columna para Colprensa.

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