Rafael Nieto Loaiza
Columnista

Rafael Nieto Loaiza

Publicado el 22 de mayo de 2017

AVANCE SÍ, PERO INSUFICIENTE

La Corte Constitucional ha declarado como contrarias a la Carta Política del 91 dos normas del llamado acto legislativo para la paz. Son a) la que establecía la necesidad de un aval previo del Gobierno para que los congresistas pudieran proponer modificaciones a los proyectos que le presentaran para desarrollar el acuerdo remendado con las Farc y b) el requisito de que todos esos proyectos tenían que ser aprobados en bloque y no artículo por artículo, como es lo debido. La demanda la hizo Iván Duque, a nombre del Centro Democrático, que merece todos los aplausos.

Esas esperpénticas normas estaban hechas a la medida de las Farc, como un seguro para que no se cambiara sin su visto bueno nada de lo que acordaron con el Gobierno. Y prueban que el Congreso, que se emasculó a sí mismo, era un mero firmón de lo que guerrilla y Santos le presentaran.

La argumentación de la Corte coincide con lo que hemos sostenido en relación con esos actos legislativos: sustituyen la Constitución y atentan contra la naturaleza misma de la democracia y los sistemas de separación de las distintas ramas del poder público y de frenos y contrapesos indispensables en un estado de derecho.

En efecto, según la Corte, “someter la actuación del Congreso en el trámite de implementación del acuerdo, en relación con proyectos normativos que tienen iniciativa privativa del Gobierno, a un límite conforme al cual el Congreso solo puede introducirle modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional y que, además, solo pueda decidirse sobre la totalidad de cada proyecto, en una sola votación, implica una limitación que desnaturaliza las competencias del Congreso, lo subordina desproporcionadamente a la actuación de otra de las ramas del poder público y reduce a niveles inadmisibles las posibilidades de deliberación política y los espacios de participación de las minorías”. La negrilla es mía.

Aunque es un avance, no es para echar campanas al vuelo. Para empezar, porque fue la Constitucional la que avaló el desconocimiento del plebiscito y el reemplazo de la voluntad popular por una dizque “refrendación” por los congresistas enmermelados y los que renunciaron a sus convicciones porque “la paz” lo vale todo. Unas decisiones vergonzosas que mancharán para siempre a los parlamentarios y magistrados que las tomaron. Si todos aún siguieran ahí, no dudo que la sentencia que hoy aplaudimos sería en sentido contrario.

Por otro lado, como la Corte dijo que su decisión no tenía efectos retroactivos, los engendros aprobados antes de esta sentencia están a salvo y la mayor parte del daño ya hecho. La recuperación de algunas de las facultades que los congresistas, excepto los del Centro Democrático y Sofía Gaviria, se habían cercenado a sí mismos, solo operará hacia adelante. Y como este Congreso enmermelado les vota todo a Santos y a las Farc, es probable que sigan aprobándole al contubernio Gobierno-guerrillero lo que sea, aunque atente de frente contra la democracia o las instituciones republicanas y la favorabilidad presidencial sea solo del 15 %.

Pero si Cambio Radical y el Partido Conservador empiezan a tomar distancia, como puede ocurrir en el segundo semestre, a Santos le costará mucha más mermelada y hasta quizás haya alguna sorpresa.

Así que, a pesar de la decisión de la Corte, el acuerdo ilegítimo sigue avanzando. Y las Farc siguen cogobernando por vía del desgraciado comité de seguimiento y verificación, donde están sentados y tienen poder de veto, que debe darle el visto bueno previo a todo lo que haga el Gobierno.

Por cierto, tras conocer la sentencia las Farc se declararon en “asamblea permanente”, anunciaron la suspensión del proceso de dejación de armas y dejaron en claro cómo entienden el estado de derecho y la separación de las ramas del poder público: según ellas, el acuerdo “no puede descarrilarse por decisiones judiciales. Este proceso necesita más hechos y menos leyes”. Una prueba más, otra, de que las Farc no le apostaron a la democracia sino a llegar al poder por vía de los favores y beneficios recibidos de Santos.

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