Juan José Hoyos
Columnista

Juan José Hoyos

Publicado el 27 de agosto de 2018

COLOMBIA: ¿UN PAÍS DE CARTELES?

Odebrecht, Reficar, PAE, Fosyga... Hace diez años, estos nombres eran desconocidos para la mayoría de los colombianos. Hoy hacen parte del repertorio habitual de nuestras conversaciones y son tan familiares como las marcas de los productos alimenticios de consumo diario.

Yo las llamaría las marcas de la corrupción. Su inclusión en el habla cotidiana tiene un motivo: después de medio siglo de conflicto armado, por fin los colombianos estamos descubriendo que la guerra no es el único mal que nos ha desangrado durante muchos años. Que también la corrupción ha invadido de pies a cabeza las instituciones del Estado enriqueciendo a unos pocos con el dinero que debería invertirse para el bien de todos en la salud pública, la alimentación de los niños, la construcción de puentes y carreteras o el suministro de agua potable.

¿Estábamos ciegos? Me hago esta pregunta después de leer los informes sobre la corrupción de la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General y la Misión de Observación Electoral -MOE-.

La lista de carruseles y carteles públicos y privados vinculados con la corrupción es interminable: el cartel de los alimentos escolares, el de la hemofilia, el de los enfermos mentales, el de los pañales, el de los jueces, el de la chatarra...

Un informe de la Misión de Observación Electoral revela que en el período que va desde 1991 hasta 2017 un total de 679 políticos han sido condenados por corrupción. Los funcionarios más comprometidos son los alcaldes, con 443 condenas. Las pruebas más evidentes son Cartagena y Buenaventura. La primera ha tenido diez alcaldes en siete años; en el mismo periodo, cuatro alcaldes han sido capturados en Buenaventura. Todos ellos están vinculados a casos de corrupción.

Entre los funcionarios más corruptos, a los alcaldes les siguen los gobernadores con 137 condenas. Luego, los representantes a la Cámara con 43, los concejales con 27, los senadores con 17 y los diputados con 12 condenas. Todos ellos llegaron a sus cargos por elección popular. ¿Es esta una prueba de que los colombianos tenemos tendencia a elegir siempre a los políticos más corruptos?

Según un informe de la Contraloría General de la Nación, las formas como se dilapidan los recursos son cada vez más difíciles de detectar, como sucedió con el cartel de la hemofilia, en Córdoba, o el de los enfermos mentales que los corruptos se inventaron en Sucre para cobrar al sistema de salud el equivalente a los tratamientos médicos.

Los que más vergüenza provocan son los casos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar. La alimentación de los niños de las escuelas públicas quedó en manos de contratistas que cobran hasta tres veces más por el valor de un huevo o introducen en los menús alimentos de baja calidad o en franca descomposición.

También es otra vergüenza nacional el despilfarro de más de 39 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías en proyectos para llevar agua potable a varios municipios en siete departamentos donde el agua es escasa.

Aunque los jueces han luchado por condenar a muchos de los responsables de estos delitos, dos de los grandes escándalos -el de Odebrecht y el de la Corte Suprema- ni siquiera fueron destapados por la justicia colombiana, sino por la de Estados Unidos.

Un informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación demuestra que la corrupción no está asociada con banderas partidistas. Casi todos los partidos políticos colombianos tienen sus protagonistas en los grandes y pequeños escándalos.

En la lista de políticos corruptos hay senadores, representantes a la Cámara, exministros, exmagistrados, consejeros presidenciales, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y contralores.

¿No son estos motivos suficientes para votar siete veces sí en la consulta popular contra la corrupción que hoy se realiza en Colombia?.

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